La crisis que vivimos en Catalunya y España comienza a ser un problema europeo. Esto ha dejado de ser un tema local por más que le pese al gobierno español y a la Unión Europea (UE). Ya va más allá de lo que podamos pensar de la Independencia de Catalunya, del encarcelamiento de algunos de los miembros del Govern por la jueza Carmen Lamela; de la activación del artículo 155 de la constitución española, donde el Estado toma las funciones de la comunidad autónoma; o del “A por ellos”, ese grito de guerra que se utiliza en el fútbol cuando alientan a los suyos contra los adversarios, y que ahora se utiliza cuando salen los policías hacia Catalunya a defender “la patria española” en contra de los catalanes (defenderse de los “malos catalanes” según algunos políticos del PP).

Recordemos sólo por un instante que la Unión Europea nace como reacción a las guerras mundiales y para evitar actitudes autoritarias, además de la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales entre los países miembros. En los artículos 2 y 6 del Tratado de Lisboa de 2007, la Unión Europea declara el principio del Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (Derecho a la libertad de pensamiento y religión; opinión y expresión; unión y asociación y Derecho a participar en el gobierno), son vinculantes para sus Estados miembros. Al desentenderse en este punto en lo que sucede en “el problema catalán”, falla claramente a su “constitución”, como ha sido definido el tratado de Lisboa.

Hace muy poco (2017) hemos tenido ejemplos de la participación de la UE en Polonia por mermar la independencia de los jueces, o el gobierno de Hungría limitando las libertades de sus habitantes, del ámbito educativo y de los medios de comunicación.

Pero en “el problema Catalán”, su pronunciamiento es muy débil. Seguir remitiéndolo hacía un asunto interno no hace mas que tensionar a ambas partes que hasta ahora han se demostrado incapaces de dialogar.

Todo se ha salido de madre. La salida de Puigdemont a Bruselas ha obligado al gobierno de Bélgica a meterse en el asunto. Y con esto, obliga a Europa a posicionarse en la forma que España ha llevado este asunto en lo legal y político. Bélgica será la que represente a Europa en esta faena, cosa que determinará la fortaleza en el respeto de los derechos humanos y las libertades civiles además del respeto a las leyes de los países miembros de la UE. En el aspecto político, las respuestas que tiene la UE no son muchas: A favor de Catalunya, de España, o neutral. Esta última en plan “asuntos interno”, algo como “ahí os dejamos a ver cómo lo resolvéis”. Todas estas salidas son complicadas y comprometidas.

Favorecer a Catalunya: deslegitima a España, uno de los estados miembros de la UE. Convierte a Catalunya en un objeto político y lo pone al mismo nivel que España, cosa que obliga a los españoles a sentarse a negociar la independencia de Catalunya. Algo que no puede ser, porque destruye el legado que le dejó Franco al Rey Juan Carlos I, el de mantener a España unida. Y por último, se le levanta el fantasma de la balcanización de Europa, cosa que la obligaría a hacer reformas tan profundas que la pondrían al borde del default institucional.

Favorecer a España: esto legitima a España y su labor autoritaria y represiva de las acciones ya vistas por todos en pro de la legalidad constitucional. Confirma además que la Unión Europea es una unión de Estados y no una Institución que cuida de las personas que conforman esos estados. Esto puede ser un acicate mas para seguir promoviendo la actitud legal y poco política del gobierno de España, el encarcelamiento de líderes políticos elegidos democráticamente e incluso, volver a aplicar el artículo 155 si vuelven a salir elegidos las formaciones independentistas el 21 de Diciembre, fecha de las próximas elecciones de la comunidad autónoma de Catalunya (lo que es algo así como decir, si salen los “no independentistas” se recupera la autonomía. En caso contrario, volvemos a votar hasta que salgan lo “no independentistas”).

Posición neutral: el problema lo tiene entonces con la propia Europa y con los Derechos Humanos que en su momento defendía y que son muy cuestionados desde la crisis de los refugiados, agudizada desde el 2015.
Igualmente la UE siempre se pueden inventar algo sorprendente, pero esto no parece ser su manera de actuar habitual. Y por su parte, en las antípodas está por ejemplo Yanis Varoufakis, el polémico ex ministro de finanzas de Grecia y co fundador del movimiento progresista DiEM25 que busca una reparación de Europa ante su desintegración por la incapacidad de resolver los problemas europeos. El ex ministro habla de establecer dentro de la UE, la posibilidad de que una parte del territorio de los Estados miembros, se pueda independizar y convertir en otro Estado. Según Varufakis y DiEM25 esto tendría que tener una serie de garantías democráticas descritas por el propio movimiento. La UE no se ha pronunciado al respecto.

La responsabilidad que ha de tomar la UE es urgente, para evitar sufrimiento a los ciudadanos europeos que viven en la península ibérica e intentar recuperar la credibilidad mundial y sobretodo a sus propios feligreses como una institución útil a las personas.

El conflicto catalán es un asunto que trasciende hacia la credibilidad de la Unión Europea. Sólo actúa como síntoma y destapa un secreto a voces donde la UE no da las garantías para representar a sus ciudadanos en lo que se refiere a los Derechos Fundamentales. Y esto no hace mas que aumentar la desconfianza hacía una institución cuestionada en sus bases fundacionales.