La desigualdad de ingresos y de riqueza debería estar en el centro de cualquier programa de una candidatura progresista, ya sea de centroizquierda o de izquierda a secas. Con mayor razón en un país como Chile, el que siempre ha tenido un nivel altísimo de desigualdad (los primeros datos que tenemos al respecto se remontan a la segunda mitad del siglo XIX).
El hecho de que los índices de desigualdad hayan mejorado desde el 2000 a la fecha, como han enfatizado algunos, no debería ser motivo para abandonar esta agenda. Primero, porque la caída ha sido pequeña y seguimos perteneciendo al conjunto de países con mayores niveles de desigualdad. Segundo, porque esta reducción de la desigualdad se basa en los datos de la CASEN, la que no logra capturar el ingreso de las personas de más altos ingresos, aquello requiere utilizar datos de impuestos. El problema es que en Chile el 1% más rico concentra una fracción altísima del ingreso (entre el 24 y el 30% dependiendo del estudio) y que durante los años donde la desigualdad – con datos CASEN- bajó a mayor ritmo (primera década del 2000), la fracción de ingresos capturada por ese 1% tuvo un incremento (López, Figueroa y Gutiérrez (2016): Fundamental accrued capital gains and the measurement of top incomes: an application to Chile. Journal of Economic Inequality).
¿Qué se puede hacer para reducir la desigualdad? Aunque en estos debates es muy difícil establecer causalidades, lo cierto es que los países más igualitarios suelen combinar (algunas de) las siguientes políticas:
Alta cobertura de la negociación colectiva: El poder de negociación de las y los trabajadores resulta clave para mejorar los salarios. A su vez, dada la estructura productiva en Chile, donde parte importante del empleo se genera en empresas pequeñas y medianas, la única forma de tener una fracción mayoritaria de las y los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva es con una legislación que permita y promueva la negociación multinivel/interempresa.
Impuestos progresivos y sustantivos: la experiencia de los países desarrollados muestra claramente como la combinación de altas tasas impositivas, con una progresividad de los mismos, permite reducir fuertemente la desigualdad post impuestos. En Chile, en cambio, los impuestos son pequeños y tienen un rol casi neutro en la desigualdad (dada la relevancia del IVA).
Políticas sociales universalistas: para disminuir la desigualdad en el mediano y largo plazo resulta clave tener sistemas educativos y de salud de calidad e igualitarios. La experiencia de los países desarrollados muestra que para tales efectos se requiere un sistema público en el que estén integradas todas las clases sociales. Si hay un sistema para las clases altas (privado) y otro para el resto (público), suele suceder que en el sistema político no se generan los acuerdos para entregar los recursos necesarios para mejorar el sistema público.
Conocimiento y valor agregado: las economías que apuestan por el conocimiento como motor de su desarrollo, generan estructuralmente condiciones para una mejor distribución del poder y de los ingresos, ya que los beneficios del conocimiento son menos apropiables que los provenientes de un esquema de exportación de materias primas.
Desconcentración del poder económico: si las decisiones más relevantes de inversión están concentradas en muy pocas familias no sólo empeora la distribución del ingreso, debido a la desigual repartición de los ingresos del capital, sino que además existe una sobrerrepresentación en las decisiones colectivas de este grupo pequeño, lo que dificulta la posibilidad de hacer las reformas políticas necesarias para distribuir mejor la torta.
¿Cómo se comparan los programas de Beatriz Sánchez y Alejandro Guillier en la promoción de estas políticas?
Por un lado, el programa del Frente Amplio contempla la negociación colectiva multi nivel; un ambicioso plan para aumentar la tributación del 1% más ricos (grabando sus ingresos, patrimonio y sus empresas); una apuesta -debidamente financiada- por universalizar ciertos derechos y, por ende, avanzar en terminar la segmentación social en áreas como la educación, salud y pensiones; un incremento histórico de la inversión pública en I+D+i+e (investigación, innovación, innovación y emprendimiento); una política industrial moderna y un conjunto de medidas para democratizar las decisiones económicas, dando un mayor rol a las regiones, a las mujeres y a la economía social.
Por otro lado, el programa de Guillier no tiene contemplado la negociación colectiva multinivel,tampoco un aumento de los impuestos de los más ricos, las dos medidas que podrían permitir una reducción más inmediata de la desigualdad. En cuanto a la expansión de los derechos sociales, su compromiso es ambiguo: aunque lo declara como un objetivo, su programa no contempla una expansión de los ingresos fiscales que permita hacer un avance sustantivo en esta dimensión y, a su vez, el candidato ha hecho ciertas declaraciones en las que parece predominar una visión de Estado subsidiario, no universalista. Por ejemplo, señaló en Tolerancia Cero que era razonable que las personas de más ingresos pagaran por su salud, para que así el Estado concentrara su gasto en los sectores de más bajos ingresos.
En las dimensiones relativas al modelo de desarrollo y concentración del poder económico, el programa de Guillier tiene ciertos aspectos interesantes, por ejemplo, comparte con Sánchez ciertas políticas de fomento a las cooperativas. Sin embargo, en muchos casos el programa es ambiguo y tal como sucede en el caso de derechos sociales, la mayoría de las reformas no serán sustantivas si no se acompañan de nuevos recursos fiscales, lo que requiere de un cambio tributario que está ausente en la propuesta del candidato.
Con todo, debo confesar que me sorprende el retroceso que ha experimentado la centroizquierda en esta materia. Si se compara el programa de Bachelet con el de Guillier, se observa una clara moderación política en el segundo, el que no asume como suya ninguna reforma estructural que haya sido levantada por la ciudadanía o algún movimiento social. Es como si su programa estuviera inspirado por una visión política de que a Bachelet se le “pasó la mano” en su afán de hacer transformaciones y que lo que corresponde en esta vuelta es un gobierno moderado, de “consolidación”.
La desigualdad extrema es un problema que ha estado presente en toda la historia de Chile. Sin embargo, aquello no implica que sea un problema sin solución. Mientras Piñera aparece con sus propuestas e historia de vida como el candidato de la desigualdad, la propuesta de Guillier no parece ni favorecer ni atenuar decisivamente las condiciones estructurales que generan desigualdad. Sólo el programa de Beatriz Sánchez propone un conjunto de medidas a la altura del desafío. Del resultado de este 19 de noviembre dependerá de si tenemos o no la fuerza política para llevarlas a cabo.