Aunque la llegada de los triunfantes gremialistas al gobierno militar estuvo llena de logros para ellos y veían crecer su influencia, tuvieron algunos traspiés y momentos que muchos de los entusiastas jóvenes de ayer, ya mayores hoy, prefieren olvidar. Fue lo que ocurrió con la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Familia, una entidad que funcionaba como financiera informal y quebró a fines de 1976. Un caso de estafa, como lo comprobó el Poder Judicial años después, que comprometió dinero de cientos de ahorrantes.

Lo sucedido con La Familia marcó el verano de 1977. Podría ser visto como un preludio de lo que casi cuarenta años después ocurrió con el caso Penta que golpeó con fuerza la imagen y las finanzas de la UDI, el partido fundado por Jaime Guzmán en 1983. Por lo que se observa a través de las propias declaraciones de quienes comparecieron en el juicio, hubo también en esa ocasión manejos poco claros entre política y dinero, que llevaron a varios de los seguidores de Jaime Guzmán a declarar ante la justicia. Incluso él mismo tuvo que concurrir ante el ministro en visita Sergio Dunlop, designado para investigar el caso que generó conmoción pública.

ESCÁNDALO DE VERANO

Detrás de La Familia aparecieron destacados dirigentes gremialistas de la Universidad Católica y entidades ligadas al movimiento: el Frente Juvenil de Unidad Nacional, creado por Jaime Guzmán en 1975, y la Fundación Azul, nacida un año antes, también presidida por él.

Cuando recién partía el «mercado de capitales» —algo que en ese tiempo apenas se conocía en Chile—, un grupo de connotados gremialistas tuvo la idea de crear una cooperativa que operaba como «financiera informal», como se las llamó en ese tiempo. Es decir, prestaban dinero a interés sin que nadie regulara sus operaciones.

Además de recibir fondos de la Universidad —en especial los provenientes de bienestar de los alumnos—, la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Familia captaba dinero de pequeños y medianos inversionistas. Y tenía un sistema de préstamos a los estudiantes de la UC con un reajuste anual del IPC, más un 24 por ciento de interés. Los alumnos firmaban una declaración jurada por la cual acreditaban ante notario que su deuda era con la Cooperativa y no con la Universidad.

Hasta ahí todo parecía funcionar para los directivos de esta especial «Familia». El «error financiero» que provocó la caída fue similar al de otras entidades que sucumbieron por esos días: prácticamente metieron todos los huevos en el mismo canasto y este no tenía mucho fondo. Gran parte de sus recursos fueron a parar a una empresa constructora poco conocida —Socofer—, en tiempos que no eran favorables para la construcción, por la restricción económica existente. Después se supo que los dueños de Socofer eran cercanos al gerente Cristián López, quien fue señalado como la persona que metió a La Familia en el atolladero del cual no salió.

La Familia inició sus operaciones en 1975, antes del primer acto de Chacarillas. Y para hacer publicidad contó con el apoyo del intervenido Canal 13 de la Universidad Católica, que amplificaba las ventajas de esta fórmula de ahorro. Pero los dineros desaparecieron. Entre las víctimas estuvo el carpintero José Cárdenas, quien poco antes había invertido su premio ganado en la Polla Gol.

El directorio de la financiera sesionó varias veces en la casona de la avenida Suecia 286, en la que —entre otras actividades— funcionaba la Fundación Azul, creada y dirigida por Jaime Guzmán y Javier Leturia. Además, La Familia tenía una oficina en el Campus Oriente.

CONOCIDOS EN EL DIRECTORIO

Su presidente era Tomás Irarrázaval Llona, ex presidente de la FEUC, jefe de gabinete del ministro del Trabajo Sergio Fernández, quien renunció a ese cargo, obligado por las circunstancias, el 24 de diciembre de 1976. En años más recientes se le vio como vicerrector del privatizado Instituto Nacional de Capacitación (Inacap) y fue también vicerrector de Extensión de la Universidad San Sebastián. En mayo de 2016 Irarrázaval renunció a la UDI con el grupo disidente de ultraderecha que siguió a José Antonio Kast.

Integraban el directorio de La Familia conocidos gremialistas: el actual senador Hernán Larraín, en ese entonces vicerrector de Comunicaciones y director de Estudios y Planificación de la Universidad Católica, quien fue asesor de la cooperativa; Luis Cordero, hoy presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián de la que es uno de sus controladores; José Pedro Undurraga Izquierdo, vicepresidente de la junta directiva de la Universidad de Las Américas del grupo Laureate y ex rector de la Universidad Tecnológica Inacap; el ingeniero comercial Alberto Hardessen, en ese momento vicerrector económico de la Universidad Católica; Sergio Tuteleers, director de Asuntos Estudiantiles de la UC en esa época; Cristián Grez Saavedra, quien hasta junio de 1976 había sido miembro del directorio de la Fundación Azul; Cristián López Sagredo, ex gerente general de la cooperativa, y María Teresa Infante Barros, quien más tarde fue ministra de Pinochet.

Cuando el directorio se percató de la difícil situación que afrontaba la cooperativa, en septiembre de 1976, el gerente López fue reemplazado por otro connotado gremialista, Rodrigo Mujica, quien antes había sido director de la Oficina de Planificación Agrícola (Odepa).

Los abogados Pablo Rodríguez Grez, ex presidente del movimiento Patria y Libertad, quien ya se había distanciado de Jaime Guzmán, y Hernán Bosselin asumieron la defensa de los querellantes e hicieron notar esas vinculaciones de La Familia con la Universidad y con el gremialismo.

Pese a la restringida libertad de prensa que existía en ese verano del 77, el escándalo estalló a través de los medios de comunicación y empañó la imagen del movimiento de Jaime Guzmán.

Según el periodista Javier Rebolledo en su libro A la sombra de los cuervos, el monto de los dineros comprometidos sería de cinco mil millones de pesos en moneda de hoy. Rebolledo investigó el caso décadas después y cita declaraciones judiciales de la causa en las que quedan en evidencia las relaciones entre La Familia, la Fundación Azul —y de esta con la Secretaría General de Gobierno— y el Frente Juvenil de Unidad Nacional.

Según consta en el proceso —dice Rebolledo—, en junio de 1976 «la Secretaría General de Gobierno le encomendó a la Fundación Azul la organización de la Fiesta de la Primavera, un megaevento musical de tres días televisado por TVN y Canal 13 y conducido por Don Francisco. El trabajo de la fundación fue captar los fondos «provenientes de empresas de publicidad y con el patrocinio de los programas de los medios de comunicación para posibilitar el evento».

Explica Javier Rebolledo que una de las empresas que «permitió la celebración de la Fiesta —que servía también los objetivos de Jaime Guzmán— fue La Familia que pagó a la Fundación Azul en forma de avisaje». El 5 de octubre de 1976 «se celebró contrato a nombre de don Juan Ibáñez Walker en representación de Fundación Azul, con sede en Agustinas 972, Santiago, con la Secretaría General de Gobierno».

EL LIBRO ROJO

Con las primeras diligencias de la investigación apareció otro ángulo que comprometía a los dirigentes gremialistas: «El contador de La Familia, Jaime Carreño Barrera, hermano del coronel Carlos Carreño, secuestrado por el FPMR en 1987, declaró ante Dunlop que existía un cuaderno donde se llevaba una contabilidad paralela», relata Javier Rebolledo. Lo llamaban el «Libro Rojo», y el gerente Cristián López anotaba en él algunos préstamos especiales, que no tenían respaldo legal.

«La Policía de Investigaciones encontró el Libro Rojo en poder del abogado Miguel Alex Schweitzer, hijo del ministro de Justicia y representante de uno de los ejecutivos de La Familia procesados, Tomás Irarrázaval, presidente del directorio», señala Rebolledo. Schweitzer entregó el Libro Rojo a la justicia, como consta en el expediente.

Carlos Bombal Otaegui, uno de los políticos de la UDI acusados en 2016 por el caso Penta, era subsecretario de la Juventud en ese momento. Recién había dejado su cargo como jefe de gabinete del rector Swett en la Universidad Católica, y tuvo que declarar en el proceso en febrero de 1977. Reconoció que había trabajado en la cooperativa en 1976, antes de licenciarse en Derecho en la Universidad Católica.

Como figuraba en el Libro Rojo, el ministro le preguntó por sus préstamos contraídos con La Familia. Bombal reconoció haber retirado una cantidad de dinero, pero —indica Javier Rebolledo— «esta no coincidía con lo señalado en el libro. Según él, en una ocasión sacó —en moneda actual— cerca de un millón doscientos mil pesos de la cooperativa».

PRÉSTAMOS Y EXPLICACIONES

Entre más de ciento veinte nombres, el Libro Rojo consignaba que Jaime Guzmán había retirado desde La Familia treinta mil pesos de la época. De acuerdo al cálculo efectuado por Rebolledo, basado en el valor de la unidad de fomento, esa suma actualizada ascendería a cuatro millones de pesos. El nombre de Guzmán aparecía en la primera página. «Otro retiro similar figuraba únicamente con las iniciales “J.G.”. Según las observaciones de los peritos de la causa, el polémico cuaderno indicaba que Guzmán no habría pagado la deuda», sostiene Rebolledo.

El Libro Rojo también indicaba que más de quince millones de pesos de hoy habrían ido a parar al Frente Juvenil de Unidad Nacional, los que tampoco habían sido devueltos. Y que los préstamos que estaban a nombre de Guzmán habrían sido también para el Frente, además de algún monto para otorgar una especie de «sobresueldo» al ex vicerrector económico Alberto Hardessen.
De acuerdo a la declaración de Rodrigo Mujica, el ex gerente de La Familia, quien a su vez mencionó a la secretaria de la cooperativa, Silvia Carvallo, Jaime Guzmán no habría recibido personalmente la plata señalada, sino que el Frente Juvenil enviaba a otras personas a buscar el dinero en efectivo. Cuando le preguntó a quién enviaba, según Mujica, «me manifestó muy confundida y luego de algún momento, que era el señor Luis Cordero, pero que esto debía permanecer en la más absoluta reserva».
Luis Cordero era en ese entonces miembro del directorio de La Familia y dirigente del Frente Juvenil de Unidad Nacional. Fue más tarde uno de los fundadores de la UDI.

Finalmente, la secretaria Silvia Carvallo —señala Javier Rebolledo en su investigación— «le confesó a Rodrigo Mujica que el consejero que recibía un sueldo de parte de la organización era Alberto Hardessen, vicerrector de Asuntos Económicos de la UC, hombre de confianza de Jaime Guzmán y encargado de los dineros que la Universidad depositaba en la cooperativa, dándole o quitándole solvencia».

El ex gerente general de la cooperativa Cristián López Sagredo, que en octubre había sido reemplazado por Rodrigo Mujica, ratificó la versión sobre el destino de la plata y mencionó a otro emisario. «Declaró que los dineros entregados a nombre de Jaime Guzmán eran para el Frente Juvenil de Unidad Nacional y que fueron prestados sin intereses, lo que fue previamente acordado con Alberto Hardessen. El encargado de retirar los fondos fue Javier Leturia, uno de los miembros del círculo de hierro de Guzmán», anota Rebolledo.

NECESIDADES URGENTES

En su declaración del 27 de enero de 1977 ante el Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Jaime Guzmán Errázuriz negó su relación con los pagos que figuraban en el Libro Rojo. «No he solicitado ni he recibido nunca un crédito de la cooperativa de crédito La Familia, ni dinero de ella a ningún título y tampoco he pisado su local. Desconozco absolutamente el porqué en algún libro de la cooperativa aparece anotado el nombre de una operación de treinta mil pesos».

Sin embargo Cristián López Sagredo ratificó lo declarado —indica Rebolledo—. Después de un careo con López, el 2 de febrero de 1977, Guzmán reiteró que nunca había solicitado dineros a La Familia ni que había pedido un suplemento para Hardessen. «En la misma ocasión, Guzmán se encargó de aclararle al ministro Dunlop que si bien el responsable de los fondos retirados a su nombre era Luis Cordero, dirigente del Frente Juvenil, y no él, se había informado que entre los meses de mayo y julio, aproximadamente, “los ejecutivos de dicho Frente resolvieron recurrir a la cooperativa La Familia para hacer frente a ciertas necesidades económicas urgentes. La persona que me ha afirmado haber realizado estas gestiones es Luis Cordero, quien podría, si es que el tribunal así lo estima hacerlo, dar más detalles sobre el particular”».

El tribunal citó a declarar a Cordero, quien señaló que no sabía por qué motivo los préstamos de La Familia estaban a nombre de Jaime Guzmán. «Tal vez porque él pertenece también al movimiento. En estas operaciones no interviene Jaime Guzmán normalmente, porque se hacen por el comité ejecutivo al cual no pertenece Guzmán. Él es simplemente un asesor. Da charlas, nos informa, pero no es dirigente». Aclaró sí que el dinero fue utilizado para actividades políticas: «La mayor parte de estos dineros deben haberse entregado a la empresa Edimpress, quienes nos hicieron folletos del Frente Juvenil», señaló.

Consigna Rebolledo la respuesta de Jaime Guzmán cuando le consultó el ministro si sabía que la casa del gremialismo había sido sede de La Familia: «El hecho de que la primera reunión de la Cooperativa o una de las primeras se hubiera efectuado en calle Suecia 286, donde funciona el Instituto Jaime Eyzaguirre, lo desconocía totalmente y solo supe de ese hecho en los últimos días de diciembre a través de la información de la prensa».

«UN ASUNTO PRIVADO»

Por ese entonces era habitual que los gremialistas se juntaran en Suecia. Sin embargo a Jaime Guzmán no le gustaba hablar de ello en esos tiempos en que las reuniones políticas estaban proscritas.

—Señor Guzmán ¿qué pasa en la calle Suecia?, le preguntó la periodista Raquel Correa en una entrevista publicada en la revista Cosas en octubre de ese año.
—Es un asunto privado —fue la lacónica respuesta de Jaime Guzmán.
—¿Completamente privado, una casa donde se reúne gente? —insistió Raquel Correa.
—Ahí funciona el Instituto de Formación Universitaria Jaime Eyzaguirre. Un lugar donde va mucha gente, destinado a dar formación doctrinaria, que trata de formar universitarios en la perspectiva de un pensamiento cuya persona más representativa es don Jaime Eyzaguirre. Funciona con plena autorización. Han estado dando charlas ahí varios ministros de Estado —concluyó Guzmán, quien nada dijo de las otras reuniones que se efectuaban en la casona.

Siete años después, el 16 de marzo de 1984 fue declarada la quiebra de la Sociedad Constructora Fernández Drey y Compañía, Socofer. Esta aparece publicada en el Diario Oficial el 14 de abril de 1984. El principal acreedor, según esa información, era la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Familia, a la que Socofer adeudaba a esa fecha cerca de veinticuatro millones de pesos de la época. Una cifra más elevada que la referida a las demás personas y empresas que figuran en la larga lista de quienes quedaron «clavados» con la constructora. En moneda de hoy la suma que perdió La Familia con la quiebra de Socofer alcanzaría a unas doce mil novecientas UF. Eso en moneda de agosto de 2017 sería cerca de cuatrocientos millones de pesos.

Entretanto, el juicio por la estafa de La Familia se prolongó por alrededor de quince años. Sergio Dunlop en 1982 condenó a cinco años de presidio a Cristián López Sagredo, el gerente de la financiera, y a una pena menor a Alberto Hardessen, quien desde el comienzo del juicio tuvo que dejar el cargo de vicerrector de la Universidad Católica. También permaneció unos días detenido Rodrigo Mujica. Jaime Guzmán estuvo veinticuatro horas con orden de arraigo en 1977, pero tras su petición, el ministro Dunlop se la levantó.

La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia contra los principales implicados en 1987. Y en 1992 fue ratificada finalmente por la Corte Suprema.