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La violencia hacia los niños y niñas es uno de los problemas más graves, y muchas veces invisible, que enfrenta la sociedad chilena. Para quienes trabajamos desde hace años en infancia ha sido uno de los grandes desafíos a enfrentar .

Siete de cada diez niños o niñas declaran haber vivido situaciones de violencia en Chile, ese es un tremendo campanazo de alerta a nuestra vida en sociedad. En 2015 los delitos de connotación sexual afectaron a casi 5 mil niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

El Estado ha aquilatado este reto. Desde junio 2017 está en vigencia la Ley 21.013 que tipifica los delitos de maltrato corporal relevante y de trato degradante contra niños, niñas y adolescentes, adultos mayores; y personas en situaciones de discapacidad. Esta legislación, originada en varias mociones parlamentarias de diputados de diversos sectores político, provocó un intenso debate en el Congreso y su aplicación ha hecho visibles y castigado situaciones de violencia en espacios educativos y han logrado posicionar el problema en la agenda pública.

Esta norma responde a los cambios que se han venido dando en nuestra sociedad y va a favor de la corriente cultural. Consolida una toma de conciencia y de transformación de actitud hacia los niños que hoy se va convirtiendo en dominante.

Para atender las situaciones más límites de violencia, como son los delitos sexuales, se requieren también respuestas contundentes, es así como el Congreso Nacional acaba de sancionar el Proyecto de ley sobre entrevistas grabadas en video, cuyo objetivo es prevenir la victimización secundaria de la infancia que han sido víctima o testigos de este tipo de delitos. Su entrada en vigencia evitará revivir el dolor de los millares de niños que ha vivido violaciones, abusos sexuales u otros delitos con esta implicación.

En la misma línea de mitigar el dolor de los niños y niñas que han sido violentados sexualmente, se ha programado la instalación de 16 Unidades Clínico Forenses en el país y ha entrado en funcionamiento la correspondiente al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Estas unidades tienen como objetivo mejorar las condiciones en que se realizan las pruebas periciales sexológicas, reduciendo la victimización secundaria de los niños y adolescentes.

Tanto la Convención de Derechos del Niños como las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones, han advertido sobre la necesidad de poner especial atención en la protección de los niños vulnerados en sus derechos, en particular a aquellos que permanecen en el sistema de residencias. Como sabemos, el hecho de que los niños cuenten con un abogado es un mecanismo que permite exigir el respeto y ejercicio de sus derechos en sede judicial.

Atendiendo a estas recomendaciones, se ha puesto en marcha en cuatro regiones el Programa Nacional de Protección Jurídica para la Infancia, cuyo objetivo es asegurar, en una primera etapa, el ejercicio de los derechos niñas y niñas entre 0 y 6 años vulnerados, por medio de la representación jurídica y asesoría integral y efectiva a través de un abogado, tanto en el ámbito de tribunales de familia como en el penal, y tribunales superiores cuando corresponda.

Un equipo de profesionales y técnicos altamente especializados conformado por abogados, asistentes sociales, psicólogos, administradores, técnicos jurídicos, administrativos y auxiliares, tendrá a su cargo las Oficinas de Protección Jurídica que funcionarán asociadas a las Corporaciones de Asistencia Judicial. Ellos/as serán los encargados de asistir a los niños vulnerados que actualmente viven en residencias. Con este programa, los niños pueden transitar protegidos y seguros, la ruta judicial a la que están sometidos por ser víctimas de maltrato, abuso, abandono u otra conculcación de sus derechos. El país está saldando una enorme deuda con la niñez en lo que se refiere a la aplicación de justicia.

Estas, y otras medidas, tendientes a responder al gran desafío de erradicar la violencia hacia la niñez en Chile, se inscriben en un diseño estratégico que busca dotar al país de un Sistema Integral de Garantías de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. La experiencia internacional y nacional muestra que la creación e implementación de un sistema de garantías, que contempla nuevas y robustas instituciones garantes, entre las que se encuentra la creación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, las que sumadas a los esfuerzos por erradicar la violencia son claves para generar una cultura de Buen Trato sustentada en un Nuevo Trato de la sociedad chilena con la niñez.

* María Estela Ortiz es Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Infancia