Susana Giacaman (34) es, a esta altura, un símbolo de la crisis de la educación superior en Chile. Luego de un fallido paso por la Universidad del Mar, donde fue dirigente estudiantil, intentó continuar sus estudios en la Arcis, plantel cuyo cierre fue anunciado este año por la ministra Adriana Delpiano.

El año 2012, en pleno conflicto por las coimas pagadas por planteles privados a un integrante de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Giacaman presentó una querella por presunta estafa en contra de los entonces controladores de la Universidad del Mar.

Este lunes, cinco años después, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar –a petición del Ministerio Público- resolvió no perseverar en la indagatoria, absolviendo así a Héctor Zúñiga (exrector), Mauricio Villaseñor (exmiembro de junta directiva) y Sergio Vera (exdirector).

Juan Carlos Manríquez, el abogado de Zúñiga, celebró que por “falta de tipos penales que puedan criminalizar lo que se denomina lucro en la educación superior”, el Tribunal acogiera la petición para dejar sin efecto la formalización.
Me parece impresentable que el Poder Judicial se escude en estos argumentos para tapar la mayor estafa educacional en la historia de este país, que es la Universidad del Mar.

Lo que dice la resolución, es que no se puede sancionar un delito que no existe.
Claro, como el lucro no está tipificado como delito, no hay como sancionarlo. Es decir, seguimos en la ruleta rusa de la educación. Independiente de donde yo elija estudiar, siempre existe el peligro de que pueda quebrar, como cualquier empresa corriente. Y esto es porque ni el ejecutivo, ni el legislativo, se han preocupado por llegar a una definición del delito de lucro, que es el colmo.

Hablemos del exrector Héctor Zúñiga. Él asume una postura altruista, dice que “perdona a todos quienes desinformadamente (sic)” lo difamaron.
Él está sobreseído solamente del tema de la estafa y del lucro, porque todavía es una persona que soborna. En 2016 él aceptó los cargos por soborno y lavado de activos por el caso CNA, y eso no se ha desestimado. Pero incluso con todo su “altruismo” y cristiandad, jamás ha ayudado a ningún estudiante a que le detengan su embargo.

¿Te han intentado embargar?
A mí y a todos mis compañeros. Hemos sido literalmente amenazados por el síndico de quiebra, Cristian Herrera, quien dijo hace años que iba a meter a los 20 mil deudores de la universidad a Dicom, y eso hizo. Además, fuimos pasados a cobro judicial. Es decir, la universidad –quebrada- nos demanda a nosotros, los “estudiantes morosos”, y esa demanda también termina en embargo.

¿Cuál es la deuda promedio de los estudiantes de la U. del Mar?
Hay un desorden tremendo, nadie sabe específicamente lo que debe. Un compañero nos llamó porque había quedado debiendo solo un mes y le estaban cobrando 2 millones de pesos. Súper desproporcional, pasa que se han establecido intereses muy variados.

¿Los intereses impuestos por el síndico de quiebra?
Claro. La U del Mar tenía un desorden administrativo, porque un hermano del rector de Santiago, dueño de una empresa de factoring, era el encargado de finanzas. Entonces se auto vendía las letras apenas llegaban. Al final, tus letras andaban perdidas por todo Santiago, y cuando llegó el síndico de quiebra, pidió de vuelta todas las letras -muchas de ellas pagadas por los estudiantes-, pero como la universidad las había perdido, terminaban cobrándotela dos veces. Nosotros lo denunciamos muchas veces. Pero al Mineduc no le interesa.

Y sobre las otras dos personas que fueron sobreseídas, Mauricio Villaseñor y Sergio Vera. ¿Qué responsabilidad tenían ellos?
¿Por estafa? Tenían toda la responsabilidad, y no eran los únicos. Aquí había familiares, como el hijo de Zúñiga, que prestaba servicios a la Universidad, mucha gente metida que lucraba hasta con las fiestas de carrera. Piensa que en la sede de Santiago, los computadores eran arrendados por un profesor de la Universidad. Los directivos le ofrecían a los jefes de carrera hacerse socios del plantel. Todo el mundo sacaba partido.

¿Por qué crees que la causa se sobreseyó entonces?
Se dijo que no había indicios suficientes para acreditar la estafa, lo cual es completamente sospechoso. La Fiscalía tiene la obligación de investigar una causa, y aquí hubo pruebas de sobra. Los estudiantes de Santiago, los de Viña, llevamos boletas, estados de Dicom, hasta cheques, era cosa de investigar. Aquí no hubo voluntad de la Fiscalía de seguir investigando el tema. Esa era la responsabilidad del fiscal Claudio Reveco.

Se ha hablado de una posible condonación a los deudores del CAE, ¿Le ves sustento y futuro a esta propuesta?
Sustento sí. Más aún cuando existieron casos como la U. del Mar, o la Pedro de Valdivia, donde también hubo condenas por delito y cohecho. Lo que no creo que esté es la voluntad, desde el Parlamento o el Ejecutivo, para terminar realmente con la educación de mercado y a la presencia de la banca privada en ella. En estos momentos la educación no es un derecho, aunque exista la gratuidad. Y eso queda demostrado con la sentencia del día de ayer.