Critican que administrador actual de Colonia Dignidad haya rechazado instalación de placa que indica que ahí se violaron DD.HH.

A través de una declaración pública, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, rechazó tajantemente que los actuales administradores del predio también conocido como “Villa Baviera” no hayan permitido la instalación de una placa que señala ahí se violaron DD.HH. durante la dictadura.

La agrupación señala en el texto que “la Inmobiliaria Bamberg Limitada, es una de las sociedades por medio de las cuales subsiste la Colonia Dignidad, constituida por diversos colonos y dirigida por Hans Schriber y Mark Blank, hijos de jerarcas que estuvieron junto a Paul Schäefer”.

A continuación explican que “Ésta rechazó la instalación de una placa informativa, dictamen del Consejo de Monumentos Nacional, en el pórtico de acceso al conjunto de inmuebles y sitios de la hoy llamada Villa Baviera, solicitud elevada el 19 de julio 2017 por la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad”.

En este sentido demandan que se proteja “el derecho mínimo de la sociedad a conocer lo ocurrido en Colonia Dignidad, lugar donde se asesinó, se torturó y se hizo desaparecer a opositores a la dictadura cívico-militar. Una placa informativa tiene la finalidad de advertir la protección legal a la que está sometido este espacio, en su condición de lugar de memoria y prevenir el desconocimiento de los crímenes allí perpetrados”.

La agrupación basa su argumento en la experiencia internacional, y también casos en el país como Villa Grimaldi, donde se “nos enseña que ante las dificultades de acceso a los ex recintos de detención que se encuentran en manos de privados, ha sido la expropiación por parte del Estado, lo que ha permitido que esos espacios se constituyan en bienes públicos que preserven la Memoria”.

En la misma línea sostienen que “En el caso de Colonia Dignidad, según lo revelan sentencias de nuestros tribunales confirmadas por la Corte Suprema, por medio de una asociación ilícita de la DINA con los jerarcas alemanes de Colonia Dignidad, se cometieron crímenes contra la humanidad que aún no se han esclarecido, y si la expropiación es el camino que tendremos que recorrer, no tenemos duda alguna que la sociedad civil organizada luchará incansablemente por ello hasta conseguir toda la verdad y toda la justicia”.

De acuerdo a la declaración, la agrupación sostiene que los nuevos jerarcas les respondieron que “toda intervención que se pretenda realizar sea dentro de un contexto elaborado por instancias comprometidas y que no los estigmatice” añadiendo que “Sin embargo, es el peso de la historia lo que estigmatiza a quienes se niegan a comprender que las víctimas de violaciones a los derechos humanos y la sociedad chilena en su conjunto, son quienes reclaman y necesitan toda la verdad y toda la justicia”.

En los puntos finales se manifiesta que “son los estándares éticos democráticos los que pesan sobre quienes encubren a los victimarios o mantienen el silencio, impidiendo conocer el destino de las personas detenidas en Colonia Dignidad, como recientemente ha ocurrido con la muerte del jerarca Kurt Schnellenkamp en el mismo hospital de Colonia Dignidad, llevándose con él información sobre los crímenes de lesa humanidad”.

Para cerrar la declaración sostiene que cuando los empresarios de la ex Colonia Dignidad solicitan que sea la “Comisión Bilateral” la que establezca “criterios consensuados” para realizar cualquier intervención y así “sanar las heridas del pasado”, se pretende que “las acciones de las organizaciones chilenas en la búsqueda de verdad, justicia y memoria sean autorizadas por el estado alemán, y de esta manera anular el derecho que nos asiste de buscar la verdad y exigir la justicia para nuestras compañeras y compañeros detenidos, torturados y hechos desaparecer en Colonia Dignidad”.