Los mitos sobre la detención de Joane Florvil

El miércoles 30 de agosto, Cristian, guardia de la municipalidad de Lo Prado, había solicitado permiso para salir a las 17.00 horas. Cinco minutos antes del horario convenido, ingresó al Departamento de Promoción Comunitario, la ciudadana Joane Florvil con un coche en que transportaba a su hija de un mes. El diálogo entre ambos, según consta en el sumario administrativo que sigue el municipio, fue breve. Ella intentó explicarle, en un precario español, que requería “ayuda marido”. Él trató de enviarla al Departamento Social, ubicado a dos cuadras. La interacción terminó de forma abrupta: Joane lanzó el coche al interior del recinto y se fue.

La explicación que han entregado sus cercanos y la Defensoría Penal Pública, que logró el 22 de noviembre el sobreseimiento de Joane por el delito de abandono de menor, es que la mujer fue en búsqueda de un traductor, primero a una construcción cercana y luego a su domicilio, ubicado a ocho cuadras del municipio, en el límite con Cerro Navia, a unos 10 minutos caminando. Lo concreto es que al menos hasta las 22:00 horas, hubo funcionarios públicos en el recinto a la espera de tener noticias de Joane o de algún familiar que entregara datos de la identidad del infante, pero nadie llegó a preguntar por la menor. Joane fue detenida alrededor de las 21 horas, cuatro horas después de su diálogo con Cristian.

-Aproximadamente a las cinco de la tarde llega Joane con su coche y lo deja en dependencias de la municipalidad sin informar si volvía o no Y de hecho no volvió, porque al menos hasta la noche en que ella fue detenida, ninguna persona vino a preguntar por la bebé, menos ella-, detalla Carlos Olivarí, jefe jurídico del municipio, a cargo de la indagatoria.

-Se ha acusado que los funcionarios actuaron con demasiada premura al denunciar el abandono.
-Se actuó conforme a los protocolos pertinentes. No con premura, sino sobre la base del sentido común, más aún cuando tienes a una bebé de dos meses de edad. ¿Qué se podía hacer? Llamar a Carabineros, llamar al Juzgado de turno y llamar a Fiscalía. ¿Qué haría usted si dejan un bebé en el jardín de su casa?

EL ENGAÑO
El periplo que terminó con Joane detenida y muerta el 30 de septiembre pasado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica se inició el 29 de agosto a las 13:30 horas. Esa jornada, su esposo Wilfred acudió junto a un amigo al municipio de Lo Prado en busca de un supuesto trabajo. Distintas versiones coinciden en que fueron engañados por un falso funcionario, pidieron permiso para sacar pasto desde el jardín municipal y que en la instancia le robaron a Wilfred su mochila, en la que transportaba su pasaporte y el carné de identidad y del consultorio de su hija.

Wilfred denunció los hechos en la Oficina de Migración del municipio, desde donde se llamó a Carabineros para formalizar el asunto. En esta institución, se les indicó que el trámite debía ser realizado en la Policía de Investigaciones. Dos funcionarios municipales, Marcelo Sandoval Vivanco, encargado de la oficina de migrantes, y Felipe Rivera Valenzuela, de la oficina de juventud, los acompañaron a la PDI, donde se les instruyó acudir al consulado para regularizar la situación.

Wilfred y su amigo no tenían dinero, así es que Sandoval Vivanco y Rivera Valenzuela los trasladaron hasta su domicilio en la calle Los Aromos en Cerro Navia.

Ambos empleados públicos fueron claves para llegar a Joane el día siguiente. Cuando el guardia acudió a la Oficina de Protección de Derechos de la municipalidad a informar que una ciudadana haitiana había dejado a una bebé y que no contaban con información alguna sobre la infante, la jefa de la instancia, Lya Araya Díaz, pidió a todos los funcionarios que intentaran dar con el paradero de Joane. En paralelo, contactó a la directora de Desarrollo Comunitario (Dideco), Adriana Sanhueza, quien dio la orden de seguir el protocolo: llamar a Carabineros y efectuar la denuncia respectiva.

El trámite derivó en que Joane fuera detenida y su hija ingresada a la Casa Nacional del Niño.

Esa tarde, cerca de las 20:00 horas, Sandoval Vivanco y Rivera Valenzuela se dirigieron a la casa donde habían dejado a Wilfred el día anterior. Tenían la intuición de que el “ayuda marido” podía ser una pista. Antes de llegar, se encontraron con Joane y la fotografiaron. Enviaron la imagen vía whatsapp a Araya Díaz quien la refirió a Carabineros.

Una serie de partes de Carabineros indican que fue detenida tras explicarle, a través de un familiar, lo que ocurría. Fue trasladada a la 44ª. Comisaría de Lo Prado. La Fiscalía determinó que se dirigiera a la 48ª. de Santiago, donde llegan solo menores de edad.

LA GOLPIZA INEXISTENTE
Tras la muerte de Joane, diversas columnas de opinión abordaron su caso. Se habló de un crimen del Estado y de discriminación racial. También de machismo y se insinuó que había muerto producto de una golpiza durante las horas que estuvo detenida en Carabineros.

“Apremios ilegítimos estamos claros que existieron porque hay indicios, pero si llegamos a tortura con resultado de muerte, las penas son fuertes. Un empleado público, que intencionalmente haya provocado actos como estos, tiene penas que van de cinco años y un día hasta presidio perpetuo calificado”, detalló hace un mes Carolina Cubillos, directora jurídica de la ONG Acción Mujer y Madre.

En lo concreto, ni siquiera el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Ojeda, que ha investigado el caso, tiene claridad respecto de qué está indagando. En la sesión del 25 de octubre, por ejemplo, dijo más de una vez que la instancia estaba citada para abordar “la situación de la joven Joane Florvil que falleció durante su detención realizada por Carabineros”. En rigor, Joane fue dejada en libertad el día siguiente de su detención y permaneció en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública por problemas médicos que luego derivaron en una hepatitis medicamentosa, que fue finalmente el motivo de su muerte.

La información tergiversada al abordar el caso ha surgido desde distintos actores. Sin ningún antecedente real, el director del recinto público, Sergio Sánchez, adujo ante la Comisión que “respecto a si contó o no contó lo que había ocurrido, en algún minuto yo tengo la sensación que ella habría mencionado que los golpes no se los infringió ella, sino que se los infringieron. Pero a lo mejor habría que preguntárselo al médico intérprete”. La noticia, al día siguiente, fue que Joane había sido maltratada durante su permanencia en la Comisaría.

The Clinic se contactó con el departamento de prensa de la ex Posta Central para consultar por qué si Sánchez manejaba esa información, no hizo la denuncia correspondiente ante Fiscalía cuando recibió a Joane. Desde el establecimiento, antes de formular las preguntas respectivas, señalaron que no se referirían al tema.
En cualquier caso, el médico haitiano y facilitador intercultural de la ex Posta Central, Jean Telo Noël, desmintió a Sánchez en otra reunión de la Comisión. Dijo que Joane no fue golpeada, pero que sintió que la “trataron como una persona sin dignidad”.

The Clinic tuvo acceso a los videos de la detención de Joane en la 48ª. Comisaría. El registro de seis cámaras muestra en todo momento a la ciudadana haitiana desde que ingresa al establecimiento a las 22.51 horas del miércoles 30 de agosto hasta que es trasladada a la Posta Central a las 00:12 horas del jueves 31 de agosto. Las imágenes carecen de audio.

Lo primero que se observa es salir a Joane desde un automóvil esposada y acompañada de funcionarios vestidos de civil. El vehículo se queda detenido en la calle Dieciocho con las luces intermitentes encendidas, mientras una capitana habla con los medios de comunicación por cerca de seis minutos.

A las 22.52 horas queda registrado el ingreso de Joane al puesto de guardia que precede la sala de aislamiento. Desde la entrada a la zona del calabozo hay aproximadamente 30 pasos. Lo primero que hace Joane es sentarse en una silla donde le sacan las esposas. Luego se traslada a otro asiento y queda frente al policía de turno.

Se la observa conversar con los funcionarios mientras toman sus datos. Está alterada.

A las 23:03, Joane ingresa al segundo módulo de aislamiento. Se trata de una celda de dos metros de ancho por 2,35 metros de largo, destinada a la detención de menores, donde hay un asiento de cemento y una colchoneta. En vez de barrotes, hay una mica gruesa y transparente.

Al entrar, ella golpea en menos de cinco segundos tres veces su cabeza contra la pared, poniendo sus manos como freno. Habla con los funcionarios de turno. Les señala que ha sido esposada y enumera con sus manos al menos tres situaciones que la molestan.

Carabineros que estuvieron con Joane y que fueron consultados para este reportaje, aseguran que en una mezcla de español y creole ella les increpó por la discriminación hacia los haitianos. Lo que alcanzaron a entender es que reclamaba porque en Chile los trataban como perros, que pasaban hambre y quería volver a su país.

Los funcionarios se retiran tras esta conversación. Ella se lanza al suelo. Mueve la cabeza. Llora.

A las 23:07 horas se saca la chaqueta y se apoya sobre ella. Cinco minutos después, comienza una discusión solitaria: mueve sus manos y sus labios.

Seis minutos más tarde, retira de su pantalón un cinturón que tenía puesto. Mueve los pies, se ve agitada.

A las 23:19 horas le quitan la correa. Ella se ve ofuscada, mueve la cabeza, se lanza al suelo. Se golpea la cabeza una vez contra la pared. Llora y grita.

A las 23:37 pone sus manos sobre su cuello, tratando de ahorcarse con ellas. Agita la cabeza. Tres funcionarios ingresan a la celda. Conversan sobre qué hacer y la esposan. La interacción con Joane es mínima.

A las 23:40 horas, mientras aún permanecen con ella, Joanne se lanza al suelo y golpea su frente contra el piso. Los funcionarios piden un casco. Es el mismo que utilizan Fuerzas Especiales en las movilizaciones. Se lo ponen. Un minuto después, ingresan más colchonetas.

Joane queda recostada sola en la sala de aislamiento. El tercio superior de su cuerpo cuelga hacia abajo. A las 23:47 horas bota saliva y su pecho se ve agitado. En el video se observan las sombras de carabineros que están mirándola, pero que no aparecen en ese enfoque de la grabación.

A las 23:52 horas ingresan dos uniformados que le hablan. Luego ingresa un tercero. La sientan, con una revista le echan aire. Reciben una taza con agua, con los dedos le lanzan gotas. Le sueltan el casco, pero sin retirarlo.

A las 23.56 horas, ella vomita. Le sacan el casco.

En otra cámara, se ve en paralelo a un funcionario llamar a los servicios de urgencia, coordinando un traslado que se ve dificultado por la ausencia de ambulancias.

Un minuto más tarde, a las 23:57 horas, es transportada con la ayuda de dos uniformados a la sala de recepción. Le quitan las esposas. Tratan de darle agua, no la recibe. Un uniformado pone sus dedos en la taza y le lanza gotas de agua en la cara; otro le lanza aire con una revista.

A las 00:02 horas le limpian la cara con una servilleta. Un funcionario intenta tomarle el pulso, le mueve el hombro. Ella figura en un estado semiconsciente. Le frotan el brazo derecho con alcohol gel. Tratan de que huela el frasco. Ella se resiste. El funcionario continúa frotándole el brazo, el rostro y la zona del esternón.

A las 00:12 horas, Joane, ayudada por los dos funcionarios de civil que la llevaron a la 48ª. Comisaría, sale caminando. En ese mismo momento, un auto para su traslado es estacionado afuera del lugar. Ella camina con dificultad. Se inicia su camino hacia la ex Posta Central.

“Ella estuvo todo el tiempo con personal que estuvo tratando de calmarla. Desde que ingresa está con personal que le está hablando, que la auxilia, que la sienta, que le ponen estas colchonetas para que no se golpee, que le ponen el casco para que no se golpee la cabeza. Y cuando ella vomita, la decisión es trasladarla al centro médico. Normalmente la gente está un poco alterada, grita cuando está en un calabozo, en este caso en el pabellón de aislamiento, pero es lo que normalmente la gente hace cuando está privada de libertad”, comenta la comandante Karina Soza, a cargo de Derechos Humanos, al ser consultada por el caso.

Al ingresar al centro médico, un neurólogo ordena que el caso se maneje como una crisis de epilepsia. En los días siguientes se mantiene hospitalizada, porque no se logra establecer el origen de un foco febril que desarrolla. Las complicaciones continúan: presenta una trombosis y es trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde sigue empeorando. Sufre una falla hepática aguda y se analiza si padece una anemia falciforme o alguna enfermedad autoinmune. Antes de conocer el diagnóstico, ingresa con prioridad a la lista nacional única de trasplantes de hígado.

El 28 de septiembre a las 23:30 horas es trasladada al Hospital Clínico de la Universidad Católica. Dos días después, la médica Marcela Espinoza Torres firma su certificado de defunción. “Se hace presente que en estudio se observó hipertensión intercerebral severa, sin flujo cerebral, de la ecografía doppler, sin posibilidad con este diagnóstico de realizar trasplante, falleciendo el día 30 de septiembre del año en curso a las 7.15 horas. Es dable hacer presente que según exámenes, al ingreso a la exposta central la paciente no presentaba disfunción hepática, presumiendo una reacción adversa a fármacos, lo que provocó la falla hepática fulminante”.

La autopsia arrojó otro antecedente: No hay lesiones atribuibles a terceros.