“En Codelco hay corrupción”, dijo el pasado 20 de septiembre el Contralor de la República, Jorge Bermúdez, tras dar a conocer los resultados de la auditoría que la entidad que dirige abrió en contra de la cuprífera, cuyo documento final fue entregado al presidente del directorio de la metalera, Óscar Landerretche, el 10 de mayo de este año.

Entre otros puntos, la investigación detalló el nombre de las “empresas vinculadas a personal de Codelco que concentran la mayor cantidad de recursos por concepto de compras de bienes y servicios”. Dentro de las señaladas, con un monto total de $6.065.304 dólares, aparece Ingeniería de Protección S.A, dedicada al arriendo y venta de estructuras modulares.

Esta empresa, que ocupa el nombre de fantasía Tarpulin, está comandada por José Luis Rosales Muñoz, un exfuncionario del Ejército de 59 años que se desempeña como gerente general de la misma desde 1983.

En los últimos años, su organización ha prestado servicios a instituciones castrenses, de orden y empresas de retail. Sin embargo, la relación más significativa desde el punto de vista económico la ha pactado con Codelco, donde cuenta con un familiar directo bien posicionado y de alta injerencia en la toma de decisiones contractuales.

El nexo es su hermano Sergio Rosales Muñoz, actual Director de Contratos en la Vicepresidencia de Proyectos (VP) de la estatal, departamento encargado de gestionar y ejecutar planes de inversión superiores a 10 millones de dólares. Antecedentes indican que en la adjudicación de importantes licitaciones podrían configurarse irregularidades en el proceso de selección, que terminan por favorecer a la empresa proveedora. Desde Codelco, en tanto, descartan cualquier anomalía.

LA PUGNA LEGAL
La relación entre José Luis y Sergio Rosales Muñoz, según parámetros de Contraloría, corresponde al segundo grado de consanguinidad entre un funcionario directivo y una empresa proveedora.

La celebración de contratos entre este tipo de partes está prohibida por la Ley Nº19.886 de la Constitución: “Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco”.

Además, esta norma establece que en caso de infringir lo dispuesto, los acuerdos “serán nulos y los funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa (…) sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda”.

Más allá de que el documento redactado por la fiscalizadora objetara esta práctica dentro de Codelco, así como también la falta de abstención que existe frente a potenciales conflictos de interés, la cantidad de licitaciones adjudicadas por Tarpulin, y la forma en que consiguieron algunas de ellas, revelan el carácter sospechoso de los movimientos.

La acción más evidente se remonta a febrero de 2016, cuando Codelco abrió un concurso público con el siguiente rótulo: Diseño y suministro de bodegas para almacenamiento de concentrado.

El objetivo del proyecto era montar bodegas modulares de una superficie superior a 15 mil metros cuadrados, donde se almacenarían cerca de 90 mil toneladas de concentrado de cobre extraídas de la división Chuquicamata.
El último plazo para la presentación de ofertas fue fijado para el 29 de febrero de ese año, específicamente a las 12:00 horas.

Una vez cumplida la hora límite, sin embargo, no hubo aviso por parte de la estatal respecto al cierre de ofertas.

En cambio, con veinticinco minutos de retraso, llegó un email a las casillas de las empresas postulantes que comunicó el cambio de “la hora de presentación de oferta”, finalmente pospuesta para “las 19:00 P.M. de hoy”.

En el transcurso de esas cinco horas, Tarpulin presentó su oferta y con un agregado especial: prometió un plazo de entrega considerablemente menor con relación a las empresas competidoras.

Este criterio, según revela un documento de la misma División, es fundamental al momento de decidir el proveedor. Sin embargo, dada la estrecha relación entre la VP de Codelco y Tarpulin, el entorno de ambas empresas tiene reparos respecto a la rapidez que suele ofrecer la firma de José Luis Rosales en estas instancias, la que muchas veces no se condice con la envergadura de los proyectos.

Para este caso, Tarpulin dijo que podría contar con los materiales en un plazo de cuatro semanas, un plazo difícil de superar para los demás postulantes, sobre todo al considerar que los elementos por utilizar para el montaje de la bodega son de fabricación extranjera y deben ingresar al país a través de un proceso aduanero que contempla alrededor 100 a 120 días de demora.

Finalmente, Codelco informó que Tarpulin fue el vencedor del concurso el 9 de junio de 2016, por medio de un documento firmado por el encargado de “Compras para proyectos” de la División Chuquicamata, César Soto Álvarez.

El contrato fue cerrado por 329 mil dólares.

LOS DESCARGOS DE CODELCO
Desde la cuprífera explican que este tipo de conflictos se enmarca dentro de una disputa de larga data con Contraloría, con quien mantiene diferencias respecto a la ley que debiese regir la celebración de contratos entre la empresa y sus proveedores.

Por un lado, la fiscalizadora sostiene que éstos deben someterse a la Ley de Compras Públicas (LCP), mientras que la minera apunta a una norma distinta y, en estos casos, totalmente opuesta: la Ley de Sociedades Anónimas (LSA).

A través de la aplicación de la primera disposición legal, Controlaría postula que los contratos de compra de bienes y servicios entre partes relacionadas establecidos por Codelco están prohibidos, ya que atentan contra la probidad administrativa. Como fue señalado, incluso aboga por la responsabilidad civil o penal que podrían llegar a sufrir sus ejecutantes.

Sin embargo, Codelco argumenta que desde su fundación en la década del 70′, quedó establecido que su funcionamiento obedece a un carácter privado y no estatal. Bajo esta perspectiva, los acuerdos con partes relacionadas pueden llevarse a cabo sin contratiempo. Además, recuerda que en el año 2009 reafirmó esta posición tras estipular que sus movimientos están sujetos a las leyes del Mercado de Valores, que tampoco penaliza este tipo de transacciones.

A ojos de Codelco, por lo tanto, el caso de Tarpulin y otras empresas impugnadas por el informe de Contraloría obedecen a un comportamiento habitual y permitido dentro de la empresa, por lo que la intención de la fiscalizadora por detenerlos y declararlos ilícitos sería bajo la aplicación de un marco regulatorio impropio para la actividad de sus estamentos.

“La CGR, en una intempestiva modificación de la que había sido su posición histórica e incluso yendo en contra de sus propios dictámenes, ha resuelto cambiar de criterio apartándose del ordenamiento jurídico, al aplicar a Codelco una suerte de combinación regulatoria absolutamente impropia y contraria a normas legales expresas”, señaló la cuprera cuando demandó a Contraloría ante la Justicia, debido a la auditoría realizada.

Junto a esto, la defensa explicó que una hipotética adaptación de la Ley de Compras Públicas aumentaría la burocracia de los procesos licitantes, además atentaría directamente contra la eficiencia de la firma, en la velocidad de sus operaciones y gestiones internas.

“La pretensión de someter a Codelco a normas que no le son directamente aplicables, genera una seria afectación de sus intereses e impide la normal y fluida administración de la compañía”, sostuvieron.

Frente a las posibles irregularidades detectadas en el caso particular de Tarpulin, la empresa estatal señala a The Clinic que se trata de un proveedor con el cual han trabajado esporádicamente desde 1998, antes de la llegada de Sergio Rosales Muñoz a la VP. Según sus datos, los contratos celebrados desde entonces no son significativos en comparación a los sostenidos con otras empresas ni a las cifras que suelen manejarse en este tipo de operaciones.

En tanto, respecto al vínculo familiar de Sergio Rosales Muñoz con el gerente de Tarpulin, detallan que el ejecutivo declaró su relación de propiedad, por lo que se inhabilitaría del proceso de selección de licitaciones cuando participa la empresa de su hermano.

Por último, argumenta que el cambio de hora en el plazo final para entregar las ofertas, no es un elemento que permita concluir que existen irregularidades en la selección.

Sobre este caso, el gerente general de Tarpulin, José Luis Rosales, afirma que “desconocemos, o al menos no me acuerdo, si acaso hubo un atraso de cinco horas o de algún lapso de tiempo” en la licitación mencionada.

Frente a los cuestionamientos que genera el escaso plazo de entrega propuesto, explica que su empresa se ha empeñado en invertir para mantener los materiales en Santiago y, de esa forma, evitar retrasos aduaneros. “Mantenemos cerca de 100 mil metros cuadrados de materiales para adelantarnos. Todos son de fabricación extranjera, cien por ciento”, acota.

“Esta era una licitación que se arrastraba desde el año anterior. La primera la habíamos ganado y luego se declaró desierta sin saber por qué. En esa primera instancia estábamos medio complicados con el plazo de entrega, porque se necesitaban bodegas más altas, de cinco metros cuarenta en vez de cuatro metros. Esas no las teníamos, por lo que debíamos importar las partes y piezas para llegar a cumplir con el requerimiento de Codelco. Estábamos complicados, pero trayéndolas vía aérea lo podíamos lograr. En la segunda licitación, como nosotros ya sabíamos, nos adelantamos y asumimos el riesgo de traer las piezas igual, porque si no la ganábamos, podíamos arrendarlo a otras instituciones o eventos”, asegura.

En la misma línea de Codelco, Rosales asevera que “en los procesos de selección declaramos nuestra relación con mi hermano, donde decimos quiénes somos y dónde trabajamos cada uno”.

Respecto a la eventual intervención a favor que podría realizar su hermano Sergio, quien se desempeña en la Dirección de Contratos de Codelco, sostiene que “desconozco si él siquiera tiene injerencia en la toma de decisión en las propuestas. No tiene ningún pito que tocar ahí. Eso es lo que nosotros entendemos”.
En este sentido, asegura que el hecho de contar con un familiar cercano en la metalera, le ha jugado en contra en más de una pasada: “para nosotros no es ningún negocio que mi hermano esté allá adentro. Nos trae más problemas que beneficios, porque la gente piensa mal”.

Finalmente, tilda el caso como una “desagradable coincidencia”.

Para el diputado UDI, Felipe Ward, miembro de la Comisión Investigadora sobre Codelco, “aquí hay dos problemas. Primero que los contratos con personas relacionadas deben ser informados a la Contraloría y a la Cámara de Diputados, pero más allá de esa formalidad aquí hay indicios de un beneficio para un familiar a través de un contrato que se entrega en extrañas circunstancias, entre cuatro paredes, de la noche a la mañana y que debe ser indagado”.

Acotó que “aún hay plazos en la Comisión Investigadora y sería muy relevante escuchar a la plana ejecutiva de Codelco respecto de este caso, ya que de acuerdo a lo que ellos han señalado estas prácticas están erradicadas, y parece que no”.