Africanos bajo la espada de Dámocles: marcharse de Israel o ser encarcelados

La población migrante africana de Israel se encuentra en una peligrosa encrucijada. Recientemente, el Gobierno aprobó un plan que establece que entre 35.000 y 40.000 tendrán que abandonar Israel para ir a un tercer país en los próximos tres meses o ser encarcelados indefinidamente.

“Si al final me obligan a marchar, voy a tener que ir a prisión”, lamenta Anwar Sulimán, un solicitante de asilo de Sudán que vive en Israel desde 2008. Hizo una petición de protección internacional en 2013, pero casi cinco años después aún no ha recibido respuesta del Estado israelí y solo puede permanecer en el país a base de renovar su permiso de residencia cada tres meses.

“No puedo volver a mi país y tampoco tengo ningún otro lugar adonde ir”, comenta Barkat Gavrichristos, originario de Eritrea, mientras pasea por las calles del sur de Tel Aviv, una zona empobrecida donde abundan inmuebles viejos, deteriorados y de fachadas grises llenas de humedades en la que se concentran miles de africanos en riesgo de deportación.

Igual que Sulimán, Gavrichristos pidió protección a Israel años atrás y todavía espera una resolución. Sin embargo, no tiene muchas esperanzas de ser aceptado como refugiado.

“En el 99,9% de los casos, la gente de mi país que recibe una respuesta a su solicitud de asilo es rechazada”, cuenta este eritreo de 29 años, que trabaja lavando platos en un restaurante de las afueras de la ciudad.

En su mayoría, los miles de africanos que viven en el país entraron clandestinamente por la desértica península egipcia del Sinaí, antes de que las autoridades israelíes construyeran una valla de separación para blindar su territorio de “infiltrados”, un termino que utilizan para denominar a los inmigrantes africanos cuya residencia en Israel cuelga de un hilo.

Dror Sadot, miembro de la ONG Hotline para Migrantes y Refugiados, denuncia que la gran mayoría de eritreos y sudaneses residentes en el país tendrían derecho a recibir asilo porque escaparon de su tierra a raíz de conflictos armados o por la persecución de los regímenes dictatoriales que gobiernan en ambos países.

Sin embargo, hasta ahora, “sólo diez eritreos y un sudanés recibieron asilo”, cuenta la portavoz de Hotline. Los cálculos de la agrupación indican que 12.000 eritreos y sudaneses solicitaron refugio a partir de 2013, el primer año en que el Estado israelí les permitió formalizar solicitudes, pero 7.000 de ellos vieron su petición rechazada y el resto aún espera respuesta.

“Los eritreos son considerados refugiados en el resto del mundo, pero Israel no los reconoce como tal”, lamenta Sadot, que también denuncia que el sistema de solicitud de asilo israelí está colapsado y por ello muchos africanos no han conseguido hacer los trámites necesarios para pedir la acogida.

En un primer plazo, según prevé el plan del Gobierno israelí, las personas de más de 60 años, los niños, los padres con hijos menores, la gente con enfermedades graves o problemas psicológicos, las víctimas de esclavitud o trata de personas y los solicitantes de asilo que no han recibido una respuesta a su petición quedan fuera del proceso de deportación.

Aún así, “a partir del 1 de febrero, cuando vayan a renovar su permiso de residencia, a muchas personas se les comunicará que tienen que abandonar Israel en un margen de 60 días si no quieren entrar en prisión”, cuenta Sadot.

Según la integrante de Hotline, que presentó un recurso al Tribunal Supremo para impedir que el Estado expulse a los africanos que intentaron solicitar asilo y no pudieron, “Israel ha hecho pactos confidenciales con países como Uganda y Ruanda para deportar allí a las personas que acepten abandonar el país de manera voluntaria”.

Las autoridades de los dos Estados africanos negaron que tales acuerdos existieran, “pero miles de refugiados aceptaron marcharse a Uganda y Ruanda durante los últimos años, y cuando llegan allí no se les garantiza asilo ni permiso de trabajo, así que muchos se escapan y arriesgan sus vidas para llegar a Europa cruzando el mar Mediterráneo”, explica esta portavoz.

“En el fondo, se trata de una cuestión de odio y racismo”, concluye Sadot.