El Ministerio Público es una de las instituciones más jóvenes del sistema de persecución penal. Creada como parte de la reforma procesal penal, y definido por su autonomía del gobierno, tiene a su cargo la dirección de la investigación de los hechos criminales y la persecución de las responsabilidades penales. Los desafíos que enfrenta no han sido pocos y en diversos ámbitos.

La desconfianza, la resistencia y la competencia son aún elementos claves para describir su relación con las instituciones policiales. De lado y lado aparecen múltiples declaraciones que evidencian un “juego de las culpas” en casos emblemáticos y cotidianos que dificultan asumir responsabilidades por errores o ineficiencias y contribuyen a que existan altos niveles de archivo de delitos sin resolver. Desde los enfrentamientos públicos Hintzpeter- Chahuán hasta el “Huracán-Gate” que incluye un fiscal regional con protección de la PDI por supuesto hostigamiento de Carabineros, la lucha comunicacional es abierta.

Sin duda esta tensión fundante genera complejidades en su actuación cotidiana, donde se revelan otras limitaciones que incluyen la disparidad existente en el trabajo investigativo que trae de la mano definiciones casi personales sobre con qué institución policial trabajar y los procedimientos a desarrollar. Esto no solo genera discrecionalidad y luchas fratricidas por ostentar los éxitos investigativos, sino también ineficiencias y duplicaciones en Carabineros y PDI que a lo largo del país tienen que tener funcionarios, laboratorios, instrumental e infraestructura disponible para la definición institucional del fiscal de la localidad.

La carencia de especialización así como la rotación de múltiples fiscales en un mismo proceso acarrea debilidades estructurales en la consecución de evidencia sólida. A pesar del esfuerzo por aumentar el análisis criminal, aún los casos son tratados de forma desarticulada y, por ende, se dificulta la consolidación de una estrategia de persecución inteligente. Más aún cuando los casos son investigados por instituciones policiales, e incluso áreas dentro de las instituciones, diferentes.

Más allá de las múltiples veces que el Banco Unificado de Datos ha sido inaugurado en los últimos años, la opacidad sobre su actual utilización y eficiencia es enorme. Avanzar sin un sistema integrado de información delictual, antecedentes, huellas, entre otros elementos es indispensable para un trabajo investigativo, y preventivo, eficaz.

La opinión pública es muy crítica de la labor de los fiscales. Por un lado, la relación con las victimas es aún débil y no reconoce la necesidad de explicitar los procesos que se desarrollan así como sus resultados, dejando una clara sensación de desinformación y abandono en aquellos que se han visto afectados por la delincuencia. Por otro lado, la ciudadanía percibe altos niveles de impunidad, bajos niveles de efectividad y reconoce un discurso generalizado de abandono que si bien no se condice con los indicadores objetivos, repercute en la evaluación institucional.

El Ministerio Público tampoco ha sido especialmente eficaz en dejar en claro los procedimientos por los que son evaluados sus funcionarios. Se ha instalado en la opinión pública la percepción de que el importante porcentaje de archivo provisional responde a una lógica de bonificación del funcionario más que a impedimentos o dificultades investigativas. Para enfrentar aquello debería existir una propuesta de cambio de indicadores que permitiera no solo mayor transparencia de los objetivos de la persecución sino también un mayor conocimiento público del trabajo que se realiza. Así, ponerse como objetivo aumentar las condenas en hechos delictuales violentos con imputado conocido y desconocido, por ejemplo, debería ser una prioridad. La lógica de los promedios no ayuda a entender la complejidad de la investigación criminal.

La juventud no es excusa para los magros resultados. El Ministerio Público tiene capacidad de flexibilidad para avanzar con mecanismos que permitan una verdadera persecución penal basada en evidencia, que limite las peleas por lo comunicacional y reconozca el valor de las condenas como indicador de efectividad. Aumentar la exigencia interna de las metas es urgente pero también mejorar la coordinación con las instituciones policiales y estandarizar, publicitar y protocolizar actuaciones y procedimientos.