“Sí, es verdad. Y eso es problema mío”.

Con estas palabras el ministro de Justicia, Jaime Campos, admitió que sacó el nombre del defensor público de O’Higgins, Alberto Ortega, para notario de San Fernando y puso en su lugar al ex fiscal que investigó el caso Caval, Luis Toledo. Este último fue quien ingresó a la Contraloría para asumir en el cargo.

En conversación con El Mercurio, el secretario de Estado aprovechó para echar por tierra cualquier rumor por posibles presiones, al mismo tiempo que detalló que “yo envié el día viernes un decreto y lo retiré el lunes en la mañana. ¿Y por qué lo hice? Porque estaba dentro de mis facultades para hacerlo”.

Al ser consultado por si era factible que esta polémica decisión fuera chuteada para el gobienro de Piñera, Campos contestó que “por supuesto. Pero yo voy a ejercer el cargo de ministro hasta el viernes por la tarde. Tengo que firmar más de setenta solicitudes de rebaja de condenas, tengo el papeleo habitual del ministerio, ayer procedí a designar no sé cuántos jueces y secretarios interinos… porque quiero dejar las carpetas al día”.

Más temprano había emitido un comunicado oficial aclarando su decisión de elegir a Toledo por sobre Ortega y la notaria de Chimbarongo, Isabel Margarita Chadwick. Al defensor, porque es funcionario público; y a Chadwick, por el posible parentesco con el nuevo ministro del Interior (Andrés). “En estos tiempos de escándalos y sensacionalismos, mi dilema fue que, respecto de cualesquiera de los indicados, era fácil urdir tesis de tráfico de influencias, presiones indebidas o pago de favores”.

Ortega manifestó que todo esto “es bastante inusual. No tengo precedente de alguien que haya sido nombrado y a las 24 horas alguien retire el decreto de nombramiento”.