Cuando Felipe Alessandri asumió la alcaldía de Santiago, sus primeras declaraciones sobre el comercio informal fueron esperanzadoras: parecía comprender que no se trataba simplemente de poner “mano dura” y criminalizar a todas las personas que buscan subsistir de esta manera. Parecía, así, tomar distancia de la furibunda campaña levantada, en ese momento, por la Cámara de Comercio de Santiago en contra de ellos. Con el tiempo, sin embargo, el tono de su discurso sobre la informalidad fue rotando hasta convertirse hoy en el más impúdico paladín de la persecución de los “ilegales”.

Y es que perseguir a comerciantes informales tiene una alta rentabilidad política. Algunos vecinos, el comercio establecido y un buen segmento de los jubilados con acceso a internet que comentan las noticias, manifiestan un odio parido en contra de ellos. Y la historia detrás de la persecución siempre es la misma: son redes de mafiosos, son delincuentes, atraen delincuentes, producen delincuencia, carecen de la certificación, son competencia desleal, son millonarios que no pagan impuestos. A la lista algún criollo envalentonado agregará no pocas veces que se trata de “puros inmigrantes”.

Lo interesante es que casi nunca se respaldan estas afirmaciones terminantes con datos producidos mediante investigación medianamente seria. Siempre es un “se sabe, se comenta”. “It is known, Khaleesi”. Y la poca investigación realizada, por ejemplo, por la propia Cámara de Comercio, muestra evidencia contraria a sus alegatos. Pero para perseguir y criminalizar pobres, como se sabe, no es necesaria tanta evidencia.

En el documento de Sebastián Adasme titulado “Causas y consecuencias del comercio informal en Chile: 6 claves para el debate” (IES, 2017, disponible online) el investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad aborda todos y cada uno de estos prejuicios, desmenuzándolos a partir de la información disponible y el correcto uso de los conceptos, hasta mostrarnos una realidad mucho más compleja que la que algunos alcaldes pretenden disolver a golpes de luma.

Adasme distingue entre comercio informal, que transa bienes lícitos sin cumplir con todos los requisitos formales, e ilícito o clandestino, que comercia con objetos prohibidos, robados o de contrabando. Muestra las razones por las que muchas personas se ven empujadas hacia la informalidad (principalmente pobreza) y disuelve el alegato sobre “competencia desleal” de los formales, así como el mantra sobre su vínculo con la delincuencia. También evidencia que el sueldo que la mayoría de los informales logra está normalmente por debajo del mínimo, y muy por debajo que el de los establecidos.

Este documento fija, así, un piso mínimo para que los alcaldes y autoridades se tomen en serio el fenómeno del comercio informal y diseñen políticas sensibles a su complejidad y variedad, en vez de, como decía La Polla Records, “echarlos fuera como la mierda que podrías pisar/ mientras llenas tu boca con la solidaridad”.

*Pablo Ortúzar es Investigador Instituto de Estudios de la Sociedad.