En febrero de 2017, el Gerente de Negocios Transaccionales del BancoEstado, Felipe Galarce González, se reunió con otros tres miembros de la gerencia para revisar los resultados finales de la campaña de convenios de pagos realizada durante el segundo semestre del 2016.

En la cita Galarce reconoció explícitamente que, ante el poco éxito de la operación, decidió modificar las bases de la campaña para alcanzar el número de contratos previamente fijados, y con ello entregar abultados premios a ejecutivos y jefes de banca, lo que finalmente ocurrió en marzo del 2017.

Según pudo constatar este medio, el arreglo consistió en hacer pasar convenios perdidos –conocidos como “fugados” al interior de la plaza- por reactivados, y así incrementar artificialmente el número de contratos pactados como meta de campaña.

Este es uno de los hechos que la Contraloría General de la República investiga desde el 11 enero de 2018, cuando recepcionó una denuncia proveniente de un testigo de las irregularidades, bajo reserva de identidad.

En virtud de los antecedentes expuestos, el órgano fiscalizador confirmó que el caso se encuentra en análisis por incumplimiento de funciones, materias relativas a personal y remuneraciones, y faltas a la probidad.

LA SALA VERDE

Los convenios de pago son contratos que BancoEstado logra cerrar con empresas e instituciones que deciden desembolsar los sueldos a sus empleados, o los pagos a sus proveedores, a través de un portal electrónico facilitado por el único banco comercial estatal de Chile.

Las campañas para captar estos clientes se realizan en el segundo semestre de cada año, durante cuatro meses y sus bases se establecen antes de iniciar el proceso.

Para esta ocasión, por ejemplo, se estipuló en septiembre del 2016 que se debían cerrar entre 100 y 120 convenios, que cada ejecutivo de ventas recibiría un determinado puntaje según el tipo de contrato establecido (1 punto por cliente reactivado, 2 por cliente nuevo) y que cada comprador debía ocupar este servicio de forma periódica hasta diciembre. De lo contrario, el contrato se consideraría “fugado” y no se tomaría en cuenta como uno exitoso.

Sin embargo, la cifra se tornó inalcanzable. Entre los 22 ejecutivos que dispone el Gerente de Transacciones fue imposible lograr la meta, ya que la mayoría de los convenios reactivados se “fugaron“ antes del último mes del año.

Fue entonces cuando Galarce se percató que no alcanzaría el objetivo y habría decidido modificar las bases del proceso, sin consultarlo con la Gerencia de Desarrollo Comercial de BancoEstado, ente responsable de las campañas.

Según confirmaron fuentes contactadas por The Clinic, en primera instancia Galarce evaluó otorgar más puntaje a los convenios reactivados para incrementar los cumplimientos. Pero la situación era tan adversa que luego optó, derechamente, por eliminar la obligación de que los clientes operaran hasta diciembre, e incluir contratos “fugados” en el balance final.

Así lo confirmó vía correo electrónico la Administradora de Productos de la Gerencia de Negocios Transaccionales (GNT) el 24 de enero 2017, cuando otro miembro de la Gerencia le consultó por “todos los cambios a las bases de campaña que instruyeron realizar”.

Respecto a los clientes reactivados, la funcionaria respondió que en las bases se estipuló una cláusula que los obligaba a tener “transacciones en el mes de diciembre”.

En la práctica, sin embargo, admitió que “se consideraron reactivados con la definición utilizada en las metas, igual o más de 16 transacciones en el trimestre móvil (Octubre, Noviembre y Diciembre)”. Es decir, se eliminó la restricción inicial y bastó con acumular 16 transacciones totales entre esos meses, sin importar la proporción.

En la reunión que se llevó a cabo quince días después, el miércoles 8 de febrero de 2017 -una vez finalizada la campaña- Galarce explicó lo sucedido. A ella asistió el equipo de pagos de la GNT, compuesta por tres personas además del gerente.

La cita se desarrolló en la llamada Sala Verde de la unidad, ubicada en el entrepiso de Alameda 1111. En esa ocasión, Galarce informó ante los presentes que los bajos resultados del proceso de convenios de pagos lo obligaron a manipular las cifras, a través de la inclusión de contratos “fugados” en la cuenta final de la campaña, que luego se definió como exitosa.

La jugada, además, le permitió acceder a una bonificación económica por parte de la Gerencia General Comercial de BancoEstado, ya que el resultado de este proceso es clave para cumplir las metas anuales de convenios transaccionales.

En esta línea, tanto el jefe como los ejecutivos de los grupos pueden conseguir importantes réditos económicos según su desempeño, que incluso triplica la renta bruta mensual de cada uno. Además, les permite quedar en los primeros tramos para los aumentos de renta que la institución realiza cada año.

PACOGATE, SUMARIOS Y SBIF

Fuentes de la entidad indican que Galarce no inspira la misma confianza desde que en octubre de 2017, este medio revelara una importante negligencia de su parte ante la malversación de fondos en Carabineros, conocida como “Pacogate”.

Su permanencia en la empresa caminó por cuerda floja luego que se confirmara que el gerente estuvo al tanto de millonarios e irregulares depósitos en cuentas de uniformados en diciembre de 2015, antes de que Fiscalía iniciara por oficio la investigación sobre el desfalco en Carabineros.

El reportaje “Los email que muestran la negligencia del BancoEstado para frenar el mega fraude en Carabineros”, consignó que el 9 de diciembre de ese año, después de que un capitán de Carabineros acumulara más de $600 millones truchos en su cuenta, y que se encendieran las alarmas en el Banco, Galarce envió el siguiente correo electrónico: “Este tema no lo entiendo. Carabineros hace los abonos que quiere a las cuentas que quiere. Nosotros como banco no tenemos opinión al respecto (…)”.

De hecho su desvinculación se dio por descontada cuando el presidente del BancoEstado, Enrique Marshall, frente a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, afirmó que evaluaría iniciar un sumario interno y que paralelamente ya se encontraba indagando lo sucedido.

Su nombre y el de Verónica Hevia, entonces gerenta de la Banca Institucional, asomaban como los culpables del caso. Sin embargo, y aunque BancoEstado armó la carpeta de desvinculación de ambos, ninguno fue cesado de sus funciones: Hevia fue reasignada en otra unidad y Galarce mantuvo su cargo.

Al respecto, el Diputado PS Leonardo Soto, exintegrante de la Comisión, indica que “existía evidencia suficiente de que personal de BancoEstado había actuado de forma negligente en prevenir el fraude en Carabineros, entre los que se encontraba el señor Galarce. Efectivamente el presidente de la institución, Enrique Marshall, se comprometió a realizar una revisión interna respecto a los procesos de pagos y así evitar que vuelva a ocurrir lo sucedido, pero hasta el cierre de la Comisión, nunca entregó información que comprobara que ellos corrigieron estos procedimientos internos, y aumentaron su fiscalización y control para mejorar su desempeño en esta materia”.

En cuanto al papel específico que cumplió Galarce en esa ocasión, Soto recuerda que “la conducta que había tenido él, claramente, indicaba que había actuado de manera negligente en la prevención del fraude. Por consiguiente, esperábamos que el Banco realizara un sumario para verificar la responsabilidad de este funcionario en los movimientos bancarios”.

Frente al nuevo antecedente que involucraría al ejecutivo en otro proceso irregular, esta vez en una campaña de convenio de pagos, el socialista apunta que “sin duda es motivo suficiente para que al menos se replantee su desvinculación. Generalmente, la negligencia de los funcionarios no son actos aislados y probablemente corresponde a un patrón. Por eso me parece que respecto al gerente señalado, el Banco debió haber tomado las medidas al momento que se lo señalamos”.

La inacción de la entidad, además, motivó una auditoría externa por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), cuyo resultado permanece bajo reserva.

No obstante, The Clinic pudo confirmar que BancoEstado no siguió las recomendaciones más importantes emanadas por este informe, que entre otros elementos, solicitó mejorar los procedimientos de control en los procesos de pagos masivos.

Si bien la SBIF no especificó nombres ni cargos, la responsabilidad de esta unidad recae principalmente en Galarce, quien es el máximo encargado de este tipo de acciones.

A cuatro meses de haber recibido ésta y otras medidas sugeridas por la auditoría externa de la SBIF, BancoEstado no ha materializado cambios importantes en los altos cargos de la GNT, y Galarce González permanece como máxima autoridad de ella.

*The Clinic se contactó con los funcionarios involucrados en los hechos que se describen, quienes derivaron la respuesta al área Comunicaciones de BancoEstado. Esta repartición, sin embargo, optó por no referirse a lo publicado.