El juez Mario Carroza condenó a penas de prisión al siniestro brigadier Miguel Krasnoff Martchenko y al general (R) César Manríquez Bravo por el secuestro de Rossetta Gianna Pallini González, universitaria de 22 años torturada durante siete meses en centros clandestinos de la dictadura de Pinochet.

Fueron cinco años y un día ambos agentes del Estado quienes están en la cárcel y acumulan condenas por varios cientos de años, tras ser sentenciados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.

Rossetta Pallini, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), permaneció en manos de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), entre el 15 de agosto de 1974 y el 21 de marzo de 1975, tras ser detenida junto a otros miembros del MIR en un céntrico departamento de Santiago.

Los demás detenidos en esa ocasión, Ricardo Aurelio Troncoso Muñoz, María Elena González Inostroza, Hernán Galo González Inostroza y Elsa Victoria Leuther Muñoz permanecen hasta hoy como detenidos desaparecidos.

Pallini fue llevada a la prisión clandestina conocida como “Londres 38”, en el emblemático barrio París y Londres, , donde fue sometida según el expediente del caso, “a extenuantes sesiones de apremio físico y psicológico, que continuaron después en otros dos campos de tortura y exterminio: “Tres Álamos” y “Cuatro Álamos”.

El día 21 de marzo de 1975, Rosetta Pallini se fue de Chile hacia México, donde murió el 2 de agosto del mismo año a consecuencia de las torturas que sufrió mientras estuvo secuestrada.

Según declaró en el juicio un médico que la trató cuando llegó a México, Rossetta Pallini presentaba una destrucción vaginal, una obstrucción a la vejiga y un estado de salud general muy deteriorado, agravado por una aguda desnutrición y bajo peso.

Además había desarrollado diversas infecciones al aparato respiratorio. A fines de julio de 1975, tuvo una emergencia vesicular que obligó a operarla de urgencia, pero no resistió y murió a los tres días de haber sido intervenida.

En la parte civil del juicio, el juez condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de ciento sesenta millones de pesos (unos 265.000 dólares) al hijo y hermanos de la víctima.