Sebastián Piñera comenzó su mandato con diez propuestas para mejorar las políticas de infancia, entre las cuales destacamos la continuación de la tramitación de las iniciativas que crean los servicios a cargo de Reinserción Social Juvenil y de Protección Especial de la Infancia. A estas se suman otras, como la creación de un sistema de alerta temprana y el fortalecimiento del sistema de familias de acogidas y adopción.

Sin embargo, nos preocupa la ausencia de propuestas sobre un Sistema Integral de Garantías y la profundización del sistema de subvenciones. También extrañamos un pronunciamiento respecto a la adopción homoparental, propuesta no sólo hecha por el Frente Amplio, sino también por sectores de la derecha.

Si bien Piñera promete en su programa una reforma centrada en un Sistema Integral de la Infancia, nos resulta extraño que ésta no sea una de sus diez medidas de inicio de Gobierno. En la línea de lo propuesto por UNICEF,
compartimos que avanzar hacia un Sistema Integral de Garantías de Derechos es lo más importante, porque permitiría subsanar de manera eficaz y estructural problemáticas que hoy se expresan de forma sintomática y fragmentada. Si
queremos que la protección especial sea un último recurso, necesitamos actuar tempranamente, previniendo la vulneración de derechos NNA, desde una lógica de protección social universal y articulando todos los recursos disponibles.

En relación al financiamiento de la protección especial, creemos que no basta con inyectar más recursos al sistema de subvenciones. Este mecanismo acarrea ineficiencia y mantiene una lógica asistencialista de “fomento de derechos” en desmedro de la garantía de éstos. La subvención genera desajustes entre los ingresos variables que reciben las instituciones, versus los costos fijos que deben enfrentar, dificultando la gestión de los servicios y la ejecución de buenos programas. La consecuencia más negativa de centrar la solución en un aumento de subvención, es el incentivo a que los niños permanezcan institucionalizados más allá del tiempo deseables. No se debería “pagar por atenciones realizadas”, sino premiar los buenos resultados, promover la innovación y apoyar a los centros en desventaja, para mejorar la oferta.

Ante este problema, existen soluciones. El proyecto del nuevo servicio de Reinserción Juvenil ya innova en la manera de financiamiento, dando más atribuciones a los niveles regionales en la planificación presupuestaria. Demos el paso también con el próximo Servicio de Protección de la Infancia, deroguemos la Ley 20.032 o ajustémosla de manera que ponga los incentivos correctos para avanzar en apoyo, transparencia y eficiencia. Por ejemplo, el Estado puede ser dueño de la infraestructura de los centros SENAME, disminuyendo las barreras de entrada al sistema, fortaleciendo su rol de garante y mejorando el manejo de la oferta de parte del Estado. Hoy día al menos un tercio de las comunas de Chile tienen problemas de oferta, pues no ha habido un privado interesado en generarlos.

Por lo pronto, resulta inaceptable seguir entregando recursos públicos a algunos organismos colaboradores que han vulnerado reiteradamente los derechos de los NNA bajo su cuidado, y que no debieran ya formar parte del sistema.

Desde Revolución Democrática manifestamos toda la disposición de avanzar, en conjunto con los actores sociales involucrados en el tema, para dar el gran salto en la protección a los derechos de la niñez y adolescencia que Chile necesita, para que nunca más un  niño, niña o adolescente muera bajo la tutela del Estado.

*Diputada Revolución Democrática, integrante de la Comisión de Familia.