El fallido indulto a Jorge Mateluna, ex miembro del FPMR condenado por asaltar un banco en 2013, fue uno de los bochornosos equívocos que el gobierno saliente eligió para terminar su período. La alta expectación generada en torno al eventual cierre de Punta Peuco dejó en segundo lugar al ex frentista, quien acusa ser víctima de errores procedimentales deliberados por parte de Carabineros y de la fiscalía. Hay dos versiones contrapuestas de lo que sucedió luego del asalto a una sucursal del banco Santander, en junio del 2013. Mientras Carabineros dice que detuvo a Mateluna mientras escapaba, este último afirma haberse perdido en Pudahuel sin percatarse de estar en medio de una redada policial. Al ser detenido con el objeto de revisar su identidad y antecedentes, y notar así su pasado frentista, su participación en el asalto fue dada por hecho.

El caso tiene ingredientes de sobra para la controversia, no solo por la innecesaria pero inevitable politización de una causa judicial, sino por las aparentes equivocaciones que hacen dudar del procedimiento, como pruebas no concluyentes de ADN, fallas de protocolos para recoger información, evidencia desestimada y también manipulada. Pero, sobre todo, por el factor humano aquí involucrado: ¿qué puede ser más dramático que el relato de un inocente condenado por un crimen que no cometió? El tópico ha dado lugar desde novelas clásicas como El conde de Montecristo hasta series como Making a Murderer (aunque la producción de Netflix tiene más de una polémica), puesto que se hace difícil no empatizar con la cruzada de un hombre perseguido por un aparato imposible de controlar. La historia de Mateluna, por otra parte, ha sido llevada a las tablas por el dramaturgo Guillermo Calderón, además de suscitar múltiples muestras de apoyo en gremios artísticos y en la Universidad de Chile.

Alegar inocencia es, en estos casos, casi un lugar común. Sin embargo, la información entregada por quienes defienden a Mateluna obliga a observar el sumario más de cerca. Las incongruencias rápidamente saltan a la vista, y el silencio de los organismos persecutores no ayuda a aclarar las dudas. Es decir, se ha instalado, para muchos, un manto de duda sobre el sistema judicial chileno, y la enorme gravedad que eso tiene sobre nuestro orden social es difícil de exagerar.

No cabe duda de que los polémicos nombramientos y trámites de último minuto no contribuyen a la estabilidad de nuestras instituciones (y en el entorno del ministro Campos hubo mucho de eso). Con todo lo anterior, surgen algunas preguntas fundamentales: ¿por qué esperar hasta el último fin de semana de mandato para insistir con un indulto que podría haber estado justificado? ¿No habría sido más prudente una discusión propiamente política —y con menos tintes de “pasar máquina”— orientada a revisar los procedimientos de este y otros casos judiciales que han sido puestos en entredicho, con afán de cuidar las garantías al debido proceso? ¿Por qué, a fin de cuentas, se prefirió la impresión de que se aprovechaba la estampida para raspar un poco más la olla y dejar contentos a los seguidores más fieles?

*Investigador IES