Chile se volvió el país de la región que más inmigrantes recibe. Hoy es destino favorito de la diáspora haitiana. Pero sus sueños no contemplan que el Estado transandino les pedirá requisitos imposibles para sacar la visa, que habrá grandes obstáculos para conseguir trabajo y que ni el mercado negro de papeles truchos, prestamistas y pensiones clandestinas les permitirán vivir mejor que en su pobre isla.

Investigación: Cristián Carrere, Michelle Carrere y Paulina Aldana. Fotos: Cristóbal Olivares y Danny Alvear. Video: Michelle Carrere. Fixer en Thomassique, Haiti: Potchy Nicolas. Con el apoyo de Fundación Friedrick Ebert Stiftung.

Desde Thomassique, un pueblo rural de Haití ubicado cerca de la frontera con República Dominicana, todos los días salen caravanas de motos. Atraviesan un largo camino de tierra para llevar a sus habitantes hasta la ciudad de Hinche. Quienes dejaron atrás su casa, enseguida suben a un avión que los llevará hasta Chile.

Históricamente eran peruanos y argentinos los que más cruzaban la frontera. Pero en los últimos años comenzaron a aterrizar colombianos, venezolanos, dominicanos, ecuatorianos y haitianos. Chile es el país de América Latina y el Caribe con la mayor tasa de crecimiento de población inmigrante, según Naciones Unidas. Y se ha convertido, además, en el destino favorito de la diáspora del país caribeño en América del Sur. En 2017 llegaron más de 100 mil haitianos al país transandino, 70 veces más que en 2012. Sólo esos 100 mil representan el 23% de la población extranjera total que habitaba en Chile en 2015.

Como es costumbre en los proyectos migratorios, llegan en busca de oportunidades laborales, esperando mejorar su calidad de vida y la de sus familias, que quedan en casa esperando, a diario, noticias de ellos. Pero este proyecto tardará mucho más tiempo de lo pensado; en muchos casos jamás verá la luz. Pocos sospechan o imaginan que el organismo oficial que tramitará sus permisos para instalarse en el país les pedirá más requisitos de los que dice la ley.

Mientras tanto, en Haití, familias de pueblos enteros se endeudan con prestamistas para que sus hijos o hermanos puedan emigrar.

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En el barrio Palmiste Bas, comuna de Thomassique, Haití, al menos un habitante por casa se embarcó en la aventura hacia el país austral. Para hacerlo, sacaron créditos con prestamistas y pusieron como garantía la casa familiar o un terreno; en muchos casos, ambas propiedades.

Viajar a Chile cuesta 125 mil gourdes (unos u$s2000), asegura Lolo, uno de los prestamistas de Thomassique.

Si la casa que será hipotecada cuesta 100 mil gourdes, el viajero recibirá como máximo 50 mil. La gran diferencia con un préstamo bancario es que el cliente debe saldar su deuda de una sola vez, al 100%. Mientras, paga un interés mensual que alcanza el 20% del monto total.

Paulette hipotecó la casa donde vive con su marido y sus siete hijos para que su primogénito pudiera viajar a Chile. Mientras junta la plata para pagar los intereses, espera que su hijo consiga trabajo. “Pero el problema es que eso aún no ha ocurrido”, dice con una sonrisa que intenta ser optimista.

Hoy el sueldo mínimo en Chile es de $276 mil. El interés que paga Paulette mensualmente representa la mitad del sueldo que ganaría su hijo. Paulette no sabe eso, pero aun así, detrás de su sonrisa optimista está el miedo a perder su casa.

En Haití, el oficio de prestamista es legal y está autorizado por la Dirección General de Impuestos. De hecho, Lolo tiene su patente, que renueva cada año. Pero la ley que regula a las entidades bancarias –y sus tasas de interés, por ejemplo-, no atañe a los prestamistas, quienes fijan arbitrariamente las condiciones.

Desde que Lolo volvió de República Dominicana, donde reunió dinero trabajando en la construcción, nunca le han faltado clientes. Al contrario, su negocio crece.

-Antes era Brasil, ahora es Chile-, dice.

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Detrás de cada proyecto migratorio se pone en marcha una empresa familiar. Endeudarse con un prestamista es una de las maneras, pero no la única.

Estanel llegó a Chile en 2016. Junto a su hermano, quien vive en Haití, y a su hermana, radicada en Francia, ahorraron mes a mes un porcentaje de sus sueldos, durante un año. Juntaron u$s1800, lo justo para el aéreo. Once meses después de haber llegado a Chile, Estanel no ha conseguido trabajo, se encuentra en una situación migratoria irregular y no ha podido responder satisfactoriamente a la empresa familiar que permitió el viaje.

Estanel se encuentra indocumentado porque, como muchos otros inmigrantes en Chile, no ha logrado acceder al “permiso de trabajo”, documento temporal que en Chile entrega derecho a emplearse mientras se tramita el visado. La razón: no ha logrado presentar, ante el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), un contrato de trabajo, que según le dice el organismo, es necesario para acceder a ese permiso.

Cada vez que a Estanel se le presenta una oportunidad de trabajo, el empleador le pide la cédula de identidad nacional (“el carnet”). Sin embargo, el carnet no es un requisito legal en esos casos. El carnet es, de hecho, uno de los últimos documentos al que accede un migrante, mucho después de haber conseguido un trabajo.

Pero los obstáculos siguen.

Tras siete horas de espera en una fila que recorre cuadras y que luego se enrosca por las escaleras del DEM, en el centro de Santiago, Estanel obtuvo una hoja impresa con la lista de los documentos requeridos para solicitar el permiso de trabajo y la visa temporaria por motivos laborales. Subrayado en amarillo fluorescente, el último requisito: un contrato de un año o preferiblemente indefinido. Más abajo, añadido de puño y letra por el funcionario: en el peor de los casos un contrato de seis meses.

En Chile, las chances de conseguir un empleo por tiempo indefinido son difíciles para cualquier persona. En general, las empresas acceden a nuevo capital humano a través de contratos de uno o tres meses. En ocasiones, exigen “períodos de prueba” sin contrato, algo que la ley laboral considera.

En este escenario, lo más grave es que no existe ley o reglamento que respalde ese requerimiento del DEM. Es más, el organismo le omitió información a Estanel: según declara en un correo electrónico, “una persona puede solicitar una visa por motivos laborales con una oferta [de trabajo], aunque antes de estampar la visa tendría que presentar un contrato real”. Es decir, ni siquiera sería necesario un contrato para obtener el permiso de trabajo.

Al consultar al DEM sobre la solicitud hecha a Estanel, el organismo respondió que “el contrato debe tener una vigencia que es por lo menos mayor al tiempo de tramitación [de la visa]. Por esto es preferible un periodo mayor a 6 meses”. Sin embargo, tampoco existe ley o reglamento que respalde esta explicación.

Estanel sobrevive con el dinero que le manda su familia desde Haití, a la cual supuestamente él debía apoyar.

Para contrarrestar esta dificultad en el acceso al permiso laboral, se crearon diversas soluciones, algunas ilícitas, como los contratos falsos. Es decir, acuerdos laborales donde las funciones y tareas estipuladas jamás serán ejercidas realmente.

La demanda ha sido tal que existe un mercado negro de contratos simulados de un año. Fritz, haitiano de 37 años, lo explica muy bien “le compré un contrato a una mujer chilena por u$s60 para conseguir mi carnet y mi permiso de trabajo”.

Cuando el Departamento de Extranjería y Migración descubrió la existencia de contratos falsos, comenzó a descartar las solicitudes que le resultaban sospechosas y a mandarlas a la Policía de Investigaciones (PDI).

Ahora bien, según Alexis Aguirre, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), “la autoridad migratoria no tiene la facultad de declarar la falsedad de nada, porque es una autoridad administrativa y el concepto de falsificación es algo jurisdiccional y depende de los tribunales de justicia”. La PDI tampoco tendría la facultad de declarar falso un contrato. El problema no es sólo legal, sino también de gestión. No existe protocolo que explicite cuándo considerar sospechoso un contrato. PDI, por su parte, admite revisar “una muestra nomás” y no la totalidad de solicitudes supuestamente sospechosas.

Hoy suman 15 mil las solicitudes de visas paradas, flotando en un limbo administrativo.

Estanel está así: sin acceso a una visa por no tener un empleo, y sin empleo por no tener una visa. Vive en casa de un primo que lo aloja gratis mientras mejora su situación, pero muchos como él no tienen esa suerte.

Mucho se ha escrito de la relación causal entre las dificultades para obtener un permiso de trabajo y la vulnerabilidad habitacional. No es extraño entonces observar que la mayoría de las personas que residen en viviendas colectivas clandestinas se encuentra en una situación administrativa similar a Estanel.

En la calle Santos Dumont, en el centro de la capital chilena, hay un portón altísimo con un cartel de lavado de autos. Sirve de fachada para una vivienda colectiva clandestina donde duermen 200 personas: 180 haitianas, 20 peruanas. La mayoría son hombres jóvenes, también hay mujeres, algunas están embarazadas, y chicos. Tiene seis baños.

Con tablas y aglomerado, el galpón fue dividido en dos pisos y éstos en decenas de cubículos de dos por dos. En cada uno duermen 3 personas sin calefacción ni luz natural y con instalaciones eléctricas improvisadas. Hay 4 duchas, cero agua caliente. Hay cocinas en los pasillos y el lugar está infestado de ratas.

Cientos de personas viven en peores condiciones que las que tenían en Haití.

En Chile, para alquilar un departamento hay que tener un ingreso mensual que triplique el monto del contrato, además de un recibo de sueldo. Sin más opción, muchos deben conformarse con compartir una pieza como la de Santos Dumont por 120 mil pesos chilenos (u$s180 mensuales), precio que no guarda proporción con los valores del mercado habitacional formal.

Las ganancias del mercado negro habitacional son millonarias. De hecho, Juana, quien alquila las 70 piezas en el Santos Dumont, debe estar recaudando u$s12 mil mensuales.

Romper el círculo vicioso en el que se encuentra Estanel y mucho otros inmigrantes requeriere fundamentalmente de que su inserción laboral se lleve a cabo de la manera en que teóricamente está normada. Para ello sería necesario acabar con la exigencia arbitraria de contratos para la tramitación de permisos de trabajo y terminar con la desinformación entre los empleadores, quienes solicitan documentos que los postulantes no pueden entregar. Al mismo tiempo, esto permitiría terminar con el mercado negro de contratos e incluso contribuir a frenar el de habitaciones clandestinas.

De no haber cambios positivos en la institucionalidad migratoria chilena, las condiciones de vida de miles de familias en Haití también podrían comenzar a verse afectadas. Las deudas del proyecto migratorio y el cuidado de los hijos de quienes se han ido han aumentado los gastos mensuales de estas familias, y muchas podrían perder la casa hipotecada. Acceder al mercado laboral en Chile es también una necesidad para aquellos que esperan ansiosos, en Haití, que la situación mejore, lo antes posible.