Texto de Mariano Martín Zamorano para CTXT.es

Recientemente el Gobierno español cerró las llamadas “embajadas catalanas” como parte de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. Las entidades gubernamentales de Cataluña en el exterior incluyen las Delegaciones de Gobierno ahora clausuradas –algunas bajo el mando del también clausurado Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT)–, y también la serie de centros de internacionalización cultural y lingüística del Instituto Ramon Llull (IRL). Las cuentas correspondientes a este conjunto de instituciones diplomáticas están actualmente siendo investigadas por el Tribunal de Cuentas. Aunque el IRL no posee un componente protodiplomático en su programa institucional –es decir, de utilización de la política exterior con fines de independencia– y su actividad encuentra encaje en el ordenamiento competencial constitucional y estatutario actual, este proceso es una fase más de una larga serie de tensiones entre el “Estado” y la paradiplomacia cultural catalana. Este texto propone algunas claves para esclarecer las causas de dicha disputa y el rol de la acción cultural exterior en el conflicto territorial.

El Estado español moderno se ha caracterizado por una impronta política expansionista, que se ha reflejado en la proyección exterior de su patrimonio simbólico más allá de la independencia de sus últimas colonias. El franquismo nunca subestimó el poder de la cultura para construir hegemonía, sea doméstica o internacional. El enfoque propagandista aplicado por la dictadura de Primo de Rivera a la diplomacia cultural se basó en el concepto de hispanidad. Esta “filosofía”, delineada por el diplomático de la dictadura Ramiro de Maeztu, situó a Latinoamérica como parte de la llamada “América española”, un espacio sociopolítico evangelizado y civilizado por el Imperio español y que se haya caracterizado por su unidad histórica y religiosa. Dicho enfoque imperialista y monocultural sería retomado por la acción cultural exterior del franquismo en Latinoamérica; su foco geopolítico estratégico. La dictadura desarrolló diversos programas patrimoniales desde los años sesenta y llegó a abrir numerosos centros culturales en el exterior, que contaban 42 repartidos por toda Iberoamérica en el año 1975 (Escudero, 1994).

Durante los años ochenta la diplomacia cultural establecida por el PSOE mostró una cierta descentralización, que fue acompañada por las sentencias del Tribunal Constitucional. Las mismas admitieron progresivamente una mayor capacidad de acción en este ámbito a las comunidades autónomas. Este primer sistema estuvo asimismo muy abocado a la cooperación cultural al desarrollo, fundamentalmente en América Latina, sobre la base de la red de centros heredadas de la dictadura. Se asentó de este modo en una dialéctica con los resabios del proyecto hispanista desplegado por el franquismo, aunque no logró dar forma a un sistema de agregación y coordinación de las políticas subestatales. Así, el modelo de política cultural exterior estructurado desde la transición democrática se caracterizó por su escasa articulación “cuasi” federal.

La pretensión de potenciar la representación cultural exterior por parte de los territorios del Estado español continuó a lo largo de su historia reciente, adquiriendo nuevos enfoques. Las ciudades –principalmente Sevilla, Barcelona y Madrid– han sido por su parte protagonistas en la construcción de una acción exterior sistemática en el campo artístico y patrimonial, orientada a la creación de marca y la atracción de inversiones. El 25 de julio de 1992 la soprano Montserrat Caballé, embajadora cultural de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, entonaba Sou Benvinguts junto con Josep Carreras. Así abría un evento que marcó el proceso de internacionalización de la ciudad y su reconocimiento mundial. Del mismo modo, tanto Caballé como Antoni Tàpies, Joan Miró y otros muchos artistas fueron también presentados como embajadores de Catalunya, en los múltiples viajes al exterior realizados por el President Jordi Pujol y por los consejeros de Cultura catalanes desde 1980. En ambos casos se trataba de explotar la asociación del patrimonio cultural universal de la región con proyectos políticos que tenían su propia base identitaria: el nacionalismo catalán, renovado en los planteamientos del Congrés de Cultura catalanade 1975, y el “nacionalismo cosmopolita” y local barcelonés, un emergente del proyecto de cocapitalidad liderado por Maragall, que era asumido como un programa superador del debate nacionalista con una fuerte impronta cultural.

En este marco, el eje principal de disputa política por la construcción de una imagen en el exterior mediante la cultura ha pasado por el contencioso Gobierno central-Gobierno catalán. De hecho, el mayor desarrollo de esta política a nivel subestatal se dio en esta región a partir de los años noventa, cuando fue creado el Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura. Cataluña sirvió asimismo de modelo para otras comunidades autónomas, que plantearon sus propios sistemas oficiales de exportación de las artes, el patrimonio o la industria cultural. Como consecuencia de este proceso, un estudio realizado en el año 2009, antes de una marcada racionalización del sistema, identificó más de 30 instituciones subestatales desarrollando paradiplomacia cultural, es decir acción cultural internacional de tipo subestatal 1.

Pero esta convergencia de múltiples actores en el establecimiento de mecanismos oficiales de proyección de las identidades territoriales dio lugar a un sistema “multicapas” cuyas insuficientes alianzas y numerosos conflictos han reflejado distintos intereses. Se trata por una parte de estrategias orientadas a representar internacionalmente territorios con lenguas y culturas propias, a proteger el patrimonio o a favorecer el desarrollo sectorial mediante la internacionalización del cine, el teatro o la danza. Pero también se trata, por otra parte, de instrumentalizar políticamente los efectos domésticos de dicha internacionalización. Ambos ejes de esta política fueron potenciados en el caso español por un sistema de diplomacia cultural que nunca superó un debate reflejado en la creación del Instituto Cervantes. Antes de su establecimiento, las comisiones parlamentarias implicadas en dicho proyecto examinaron el rol que tendrían las distintas lenguas y las artes del Estado en su planteamiento institucional. Esto sin embargo dio lugar a un esquema programático centrado en proyectar y explotar el castellano mediante la educación y las artes.

El proyecto del Cervantes formó parte de la agenda exterior de España en 1991, cuyos eventos y programas culturales darían apoyo al desembarco de las multinacionales españolas en Latinoamérica. Este modelo, de orientación francesa o “monocultutal”, fue profundizado por el proyecto de Marca España establecido por el PP en los años 2000 en colaboración con distintas empresas del IBEX implicadas en el Foro de Marcas Renombradas Españolas. El mismo retomó elementos hispanistas en sus contenidos y también enfatizó aspectos como el toreo o el flamenco como tradicionalmente españoles.

Dichos aspectos del sistema “cuasi federal” de acción cultural exterior facilitaron el fracaso de cualquier intento de plantear un esquema federal y pluricultural de proyección internacional del Estado. En cambio, su escasa capacidad de coordinación favoreció el establecimiento de un esquema fragmentario y caracterizado por asimétricos sistemas autonómicos. En el caso de Cataluña, bajo el mando de CIU y con pleno soporte del PP, se desarrolló un sistema exterior formado por el mencionado IRL y por el Instituto Catalán de las Industrias Culturales (ICIC), creado en el año 2001. Este esquema institucional orientado a proyectar la “excelencia” y la industria cultural catalanas tuvo un crecimiento presupuestario y de acción exponencial en su primera década y se fue orientando, sobre todo durante los gobiernos tripartitos, hacia una visión más constitutiva y protoestatal de lo catalán. Esta inclinación se reflejó, por ejemplo, en la organización de la representación catalana en la Feria de Frankfurt de 2007; la primera de un ente subestatal nacional en su historia.

Distintos ejes de acción de este sistema se alinearon posteriormente al llamado “procés” y con la escalada política en la disputa de Cataluña con el gobierno central. En esta estrategia política también convergieron múltiples entidades sociales que venían realizando acción cultural internacional en clave nacional desde los años ochenta, en muchos casos en distintas alianzas corporativas con el gobierno catalán. Así, en 2012 se creó DIPLOCAT. El consorcio público-privado, inspirado en ejemplos ingleses y estadounidenses, tuvo como finalidad la difusión exterior de una imagen “objetiva” de Cataluña, y su realidad política y social, y el impulso del “derecho a decidir” mediante el manejo del entorno internacional. Su organización a partir de la estructura del antiguo Patronat Catalunya Món, le permitió asumir una posición de confluencia de múltiples actores políticos y sociales. Agrupó a más de cuarenta organizaciones sociales de Cataluña, entre las que se encuentran, además del Gobierno catalán, las diputaciones, el Ayuntamiento de Barcelona, Micro, Pequeña y mediana empresa de Cataluña (PIMEC), sindicatos, todas las universidades, las cámaras de comercio, patronales, diversas entidades y otras entidades públicas y privadas. Este proyecto incorporó un abanico de mecanismos de comunicación exterior de tipo protodiplomático mediante el llamado derecho a decidir, con medidas como la formación de diplomáticos y la creación de nuevas estructuras exteriores, funcionales a la creación de un posible nuevo Estado.

En el contexto de esta agenda diplomática, la cultura sería uno de los instrumentos centrales de comunicación y una manera “soft de explicar el país”. Por ejemplo, uno de los programas que formó parte de la política desplegada por Diplocat consistió en una serie de visitas internacionales a Cataluña. Estuvo dirigido a políticos, pero también a personas relevantes del mundo de la cultura y del mundo intelectual. En 2013 el organismo invitó, como parte del proyecto Nordic Catalonia, a un grupo de ocho escritores escandinavos a visitar Cataluña. En este marco se organizaron diversos encuentros, talleres y conferencias junto con actores del mundo literario e intelectual catalán. Este proyecto chocó con una marcada recentralización del sistema diplomático español, que derivó en diversos conflictos entre las diversas instancias del Gobierno exterior catalán (la Secretaría de Asuntos Exteriores catalana, el IRL y Diplocat) con el aparato de acción internacional de la Administración General del Estado.

Otro ejemplo de esta dinámica política lo representó la suspensión de la presentación del libro Victus, del escritor catalán Sánchez Piñol, en la sede del Instituto Cervantes de la ciudad de Utrecht. La cancelación de este acto, en setiembre de 2014, fue denunciada como un boicot del Gobierno español por parte de CiU y de otras fuerzas catalanistas. La intervención de la embajada española para anular el evento fue defendida por sus funcionarios, dado que era un tema “sensible” (Ortega, 2014)2. La diplomacia española decidió posponerlo tras algunos incidentes ocurridos un día antes en la Universidad de Ámsterdam con motivo de la presentación del mismo libro. Este otro evento era organizado por Diplocat y en el mismo se produjeron discusiones acaloradas entre los asistentes. Estas confrontaciones, que tuvieron eco en la prensa holandesa y española (Ferrer, 2014), llevaron a Piñol a declarar: “Desde la Embajada no tienen nada contra mi libro, sino contra Diplocat”.

Los sucesivos desencuentros en la proyección internacional de la cultura, desarrollados en el contexto de un sistema de escasa coordinación central y múltiples asimetrías, fueron un espejo del conflicto territorial en sus diferentes etapas. Se vinculan a la lógica del branding –necesariamente asentada en estereotipos fácilmente identificables– y a una lectura conservadora de la diversidad cultural española existente. La diplomacia cultural, sustentada en una gobernanza inestable y de escasa articulación intergubernamental, no han garantizado así la representación exterior de la plurinacionalidad y la diversidad cultural del Estado. En cambio, un análisis global del caso de la paradiplomacia cultural catalana en las distintas fases de la acción cultural internacional del Estado desde los años noventa, revela la existencia de una dialéctica entre unitarismo/federalismo, descentralización/descoordinación y homogeneización/diversidad cultural nacional. La misma ha sido instrumentalizada, en ciertos períodos de la historia política, por gobiernos centrales y autonómicos en diversas claves, que van del neocolonialismo centralista estatal –construido en una alianza con distintas multinacionales– al corporativismo nacionalista catalán –que vio en la acción cultural un modo de superar sus limitaciones en la política exterior.

Mariano Martín Zamorano es Doctor en Gestión de la Cultura y el Patrimonio por la Universidad de Barcelona, con una tesis titulada La disputa por la representación exterior en la política cultural contemporánea: el caso de la paradiplomacia cultural de Cataluña.