El anuncio en la pantalla indicando el aterrizaje del vuelo LAW, proveniente de Puerto Príncipe, hace brincar a Faiderbe del suelo, donde está sentado, y pegarse al vidrio que lo separa de la sala de retiro de equipaje. Con la frente contra el cristal y las manos sudorosas, mira pasar las maletas en la cinta corrediza. Espera a su mujer y a su hija, a quienes no ha visto desde hace poco más de seis meses.

Faiderbe es uno de los cientos de miles de migrantes que, en los últimos años, han cambiado la fisionomía del país austral, convirtiendo a Santiago de Chile, en una de las ciudades más cosmopolitas de América Latina.

Y aunque el porcentaje de población migrante en Chile sigue siendo bajo en comparación a países de la región que históricamente han sido destinos migratorios —como Costa Rica (8.8%) o Argentina (4.6%)— el acelerado aumento del flujo migratorio hacia ese país lo convierte, según datos de Naciones Unidas, en la nación con la tasa de crecimiento de población inmigrante más alta de América Latina y el Caribe.

En los últimos años, la población extranjera que vive en el país se triplicó, pasando de 154,643 extranjeros en 2006 (1% del total de la población) a 465,319 en 2015 (2.7% del total). Aún no existen estadísticas actualizadas sobre la población total migrante en 2016 y 2017, pero algunas cifras preliminares permiten sostener que la tendencia ha ido al alza.

Perú ha sido históricamente el país de origen de la mayoría de la población extranjera. Sin embargo, en los últimos años, nuevas nacionalidades de la región han comenzado a llegar: colombianos, venezolanos, dominicanos, ecuatorianos y haitianos se suman hoy a la lista de los recién llegados. Entre todas estas nuevas nacionalidades, la haitiana y la venezolana son las que más crecen. Durante sólo el primer semestre del 2017, se registraron 32,000 solicitudes de visa por parte de venezolanos y 23,000 solicitudes de visa por parte de haitianos, un récord en Chile.

Venezolanos, haitianos, colombianos… los nuevos migrantes en Chile
Según un informe realizado en 2016 por el Observatorio Iberoamericano de Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID), “la mayor parte de los migrantes ingresan a Chile como turistas”, cosa que la legislación chilena permite. En el caso de los haitianos, en 2016 sólo el 9% de las personas abandonaron el país durante los 90 días de estadía que autoriza la tarjeta de turismo. Por ello, no sólo se deben considerar las solicitudes de visa, sino también los ingresos. Ese mismo año, 140 personas provenientes de Haití llegaron diariamente al país, en promedio, con lo que alcanzaron los 48,700 ingresos, según datos de Policía Internacional. En 2017 la cifra se duplicó, alcanzado las 100,000 personas.

La llegada de nuevos residentes es evidente a simple vista. El centro de la capital, espacio que hasta hace poco era principalmente laboral, se ha convertido en un lugar también habitacional donde conviven distintos acentos, comidas y costumbres. El mercado central de Santiago, uno de los principales abastecedores de frutas y verduras de la ciudad, tiene hoy ofertas de productos que antes un chileno no habría conseguido: harina de maíz, yuca, panela, plátano verde, achiote o queso llanero. En ciertas calles, los venezolanos, los más motivados emprendedores, han instalado tiendas de comida prácticamente una al lado de la otra, y muchos santiaguinos prueban, por primera vez, el sabor de una arepa.

Estas escenas se replican prácticamente todas las regiones del país, que han visto cambios por la migración. Al norte de Chile han llegado muchos ciudadanos colombianos que, al migrar por tierra, se han ido instalado en las ciudades del desierto, oferentes de mano de obra para la minería. Más al sur, en cada campo, es fácil ver hoy inmigrantes haitianos en trabajos que los chilenos han ido abandonando, como la cosecha de productos por temporada. En las ciudades se les puede ver también en la construcción o en trabajos de aseo. Los médicos venezolanos, la población inmigrante con mayor cantidad de profesionales, atienden enfermos en los hospitales de los pueblos y ciudades donde los doctores chilenos no llegan. Y hasta en Caleta Tortel, uno de los parajes más aislados de la Patagonia chilena, una mujer dominicana vende pan amasado en una de las posadas que da alojamiento a los turistas.

“El rápido aumento de la población extranjera ha provocado entre la sociedad chilena la falsa impresión de que el país ‘se está llenando de inmigrantes’”, señala un informe del Departamento de Extranjería y Migración. En 2013, una protesta organizada por habitantes de Antofagasta, en contra de la inmigración colombiana, dejó en evidencia los resquemores de una sociedad poco preparada para su realidad migratoria actual, al mismo tiempo que planteaba, entre aquellos que miraban con desaprobación dicho evento, la necesidad de reformar creencias para hacer de Chile un país de acogida. “A propósito de personas de ‘shithole countries’ (países de mierda). Sean bienvenidos a Chile”, escribía en su cuenta Twitter el ex Canciller de Chile, en relación a los conocidos comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La promesa de las oportunidades
Quienes deciden migrar a este país lo hacen principalmente buscando mejores oportunidades de empleo que permitan, a su vez, mejorar tanto su calidad de vida como la de sus familias en el país de origen. Las razones de Faiderbe no escapan a la regla. Ha venido por trabajo y ha tenido suerte, según dice. De lunes a viernes trabaja en una fábrica de papas fritas y los fines de semana en el negocio de abarrotes de su prima, ubicado en la comuna de Quilicura: la “pequeña Haití”, como apodan algunos a esta zona de la capital que concentra la mayor cantidad de población haitiana. Faiderbe gana el equivalente a unos 480 dólares, de los cuales saca unos 280 para enviar a su esposa en Haití.

Más del 70 por ciento de las visas entregadas son por motivos laborales. Sin embargo, las motivaciones de la inmigración en Chile, así como en cualquier flujo migratorio, responden a una multiplicidad de causas. El informe de OBIMID explicita que “aunque la población inmigrante en Chile es inminentemente laboral (…) en muchos casos se trata hoy de una migración forzada por contextos de origen golpeados por la violencia social y estructural, que busca en Chile cierta estabilidad política y económica”.

En este sentido, el Servicio Jesuita para Migrantes de Chile destaca la presencia de un importante flujo de población vulnerable procedente principalmente del Valle del Cauca en Colombia, República Dominicana y Haití. En el caso de Venezuela, según distintos académicos chilenos en temas migratorios, las razones responden preferentemente a factores de expulsión de población, asociados a la crisis que vive el país, más que a factores de atracción por parte de Chile.

La decisión de Faiderbe de elegir Chile es simple: “escogí este país porque es fácil llegar”, dice envuelto en una bufanda, un gorro de lana y una chaqueta no lo suficientemente gruesa que tienen como misión protegerlo de un frío desconocido para él. La posibilidad que entrega la normativa chilena de cambiar el estatus migratorio hace que Chile sea considerado, efectivamente, una alternativa atractiva.

A pesar de que el país ha experimentado, desde el 2011, una desaceleración económica, sigue teniendo la economía más competitiva de América Latina, según el último estudio que elabora anualmente el Foro Económico Mundial. Según este informe, Chile se posiciona en el trigésimo tercer puesto del ranking mundial, compuesto por 137 países. En cambio, Venezuela y Haití, las dos nacionalidades inmigrantes más crecientes en Chile, ocupan los puestos 127 y 128 respectivamente en el mismo ránking. Por otro lado, Chile es el tercer país de América Latina con el salario mínimo más alto, después de Panamá y Argentina, correspondiente a 455 dólares mensuales, lo que también resulta atractivo en primera instancia.

Lamentablemente, el sueldo mínimo en Chile se hace muchas veces insuficiente, considerando los altos costos de vida, sobre todo en la capital. Faiderbe gana el equivalente a unos 500 dólares mensuales, de los cuales saca unos 160 dólares para enviar a su esposa en Haití. Con el resto debe cubrir el alquiler, que comparte con un sobrino, además de luz, agua y gas. Pagado todo eso, sólo le quedan 130 dólares para comer y transportarse todos los días a su trabajo. Considerando que la canasta básica de alimentos en Chile alcanza los 67 dólares por persona y que en transporte Faiderbe debe gastar al menos 50 dólares mensuales, la resta es demasiado justa y apenas le alcanza para estar, por muy poco, sobre la línea de la pobreza.

Las falencias del sistema migratorio
Sin embargo,las expectativas al migrar a Chile se vuelven muchas veces difíciles de alcanzar. Hace cuatro años, obtener un permiso de trabajo demoraba unas dos semanas. Hoy puede llegar a tardar dos meses; y una visa de trabajo, documento que se obtiene luego del permiso, hasta ocho meses.

Wilber, un joven haitiano de 29 años, llegó a Chile hace casi un año. Hace siete meses que envió los documentos requeridos para solicitar la visa al Departamento de Extranjería y Migración(DEM), pero aún no tiene respuesta.

“Todos los días he ido (al DEM). Me dicen que sí, que me lo van a dar y no pasa nada”. Es también el caso de Joel, quien lleva esperando seis meses; de Simón, que lleva ocho, y de la mayoría de las personas que habitan en una vivienda colectiva ubicada en Recoleta, una de las comunas céntricas de la capital.

Se trata de un gran galpón dividido improvisadamente en setenta habitaciones de unos tres metros cuadrados cada uno. En cada uno de estos cuartos viven en promedio tres personas en condiciones de hacinamiento e insalubridad. “La comida hay que tenerla bien tapada: hay bichos, cucarachas, ratones, los baños malos, sucios, sin luz. En Haití, yo tenía una casa normal, aquí es una vida bestial”, dice Joseph, otro de los hombres que habita el lugar. Él nunca imaginó que viviría en esas condiciones en el lugar donde se supone tendría mejores oportunidades. “Cuando hablaba con gente que estaba acá, me decían que estaban bien. Pero si tú estás mal en un país que no es el tuyo, ¿le vas a decir a tu familia la verdad?. Dices que estás bien, aunque no sea cierto”, explica.

En la mayoría de los casos detectados, la principal vulnerabilidad asociada a esta espera, según la experiencia de los entrevistados, se ve reflejada en amenazas de despido injustificado. Es por ejemplo el caso de Joel, quien asegura que, a pesar de contar con su permiso de trabajo y una visa en trámite, “me dicen muchas veces que si no llevo los papeles (visa), me van a botar del trabajo”.

Jorge Guzmán, jefe del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo, explica que “no existe causal que diga ‘te voy a despedir porque no has regularizado tu situación migratoria’. Si hoy un empleador despide a un trabajador bajo esa excusa ese trabajador está mal despedido”. Sin embargo, independientemente de la ilegalidad del acto, en los hechos muchos inmigrantes sí son despedidos y amenazados de despido debido a las demoras en la tramitación de sus visas. Según datos de la Corporación de Asistencia Judicial, los casos de despido injustificado son mayoritarios entre las causas atendidas por la Oficina de Defensa Laboral.

Según el Departamento de Extranjería y Migración, las demoras en las entregas de permisos de trabajo y visas son la consecuencia de un sistema caduco que tramita los documentos con el mismo procedimiento y lógica con la que se hacía en 1975. En efecto, a pesar del boom migratorio de los últimos años, Chile tiene la normativa más antigua de la región. Organismos nacionales e internacionales en materias de Derechos Humanos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Organización Internacional para las Migraciones, han insistido en que la ley de migración gestada en 1975 no responde de manera adecuada a la realidad actual.

Para dar solución a este problema, se redactó un proyecto de ley que busca reemplazar la normativa de la década de 1970. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por la comisión interior asignada en la Cámara de Diputados por ser considerada “regresiva en materia de enfoque de derechos” y con “falta de voluntad política”. Desde entonces no ha habido nuevas propuestas.

Autores: Michelle Carrere y Cristian Carrere.