Después de más de tres décadas en las que los temas de seguridad ciudadana han sido enfrentados con interés fluctuante y muchas veces populista, la crisis de Carabineros abrió una ventana de oportunidad para desarrollar una política sectorial clara y de largo aliento. Si bien es innegable que han existido avances significativos en la forma como se diseñan las políticas (con metas e indicadores comprobables, por ejemplo), los desafíos son significativos.

La seguridad no puede seguir siendo medida únicamente por la victimización de los delitos de mayor connotación social -que sólo son un porcentaje del total de delitos que ocurren en el país, elegidos hace lustros, sin revisión posterior de priorización-, ni la labor policial medida por las detenciones y decomisos de drogas, ni la prevención por la cantidad de proyectos que se financian, la persecución por los casos resueltos (incluyendo el archivo provisional), ni la calidad de las cárceles por los intentos de fuga. Necesitamos mirar el sector como un espacio que requiere de gobierno, políticas públicas basadas en evidencia, principios y respeto de derechos, evaluaciones permanentes y sin duda controles externos e internos.

La crisis de Carabineros no es un hecho aislado que responde a un grupo de personas que se aprovecharon de la institución, sino el resultado de la forma sistemática de enfrentar las políticas de seguridad. Por una parte, dejando amplios espacios de discrecionalidad y poder para las instituciones policiales y limitando la consolidación de un poder civil con conocimiento y capacidad efectiva de incidir sobre las políticas de prevención y persecución. Asimismo, descuidando las tareas de rehabilitación y trabajo penitenciario serio, propiciando que la prisión preventiva se use excesiva e indiscriminadamente y reconociendo que los castigos de algunos delitos (extrañamente no considerados de mayor connotación pese a su daño social) son bajos, sin adoptar medidas al respecto. Finalmente, potenciando el enfrentamiento abierto en ocasiones y soterrado en otras entre las diversas instituciones del sistema de justicia criminal.

Institucionalmente, el ministerio del Interior y Seguridad Pública requiere ser repensado para cumplir las labores de una efectiva política de control y prevención del delito. Las políticas de prevención han pasado ya por más de dos décadas de desarrollo y aún quedan dudas sobre su efectividad y eficiencia. Las evaluaciones contratadas por la autoridad no permiten afirmar si vale la pena seguir por el mismo camino. Los espacios gubernamentales encargados de las policías, deben convertirse en verdaderos espacios de trabajo y contrapartes con las instituciones y dejar de ser entidades administrativas que autorizan procesos ya en desarrollo. Repensar el área de información y estadística criminal es clave, pasando a ser realmente un apoyo ministerial, más que un área dentro de la subsecretaría de Prevención. Ello, sin mencionar la relación con SENDA y Gendarmería que requiere ser potenciada. Asimismo, es fundamental incluir cambios para regular efectivamente la seguridad privada y resulta urgente potenciar, con financiamiento, el rol de gobiernos locales y regionales.

Creemos que se requiere de un acuerdo nacional por la seguridad y nos abocaremos a apoyar con información y propuestas basadas en evidencia que permitan tener una política pública efectiva. Dejamos claro sí que el acuerdo no puede concentrarse únicamente en cambios administrativos en la operación policial ni en la consolidación de espacios burocráticos de intercambio de ideas. Llegó la hora de mirar la seguridad más allá del titular de los medios de comunicación o la pelea por ver quién propone la agenda más dura contra el delito cotidiano.

*Académica de la Universidad de Santiago de Chile
*Académica de Derecho UC.