Columna publicada originariamente por El Faro.

El antropólogo forense José Suasnavar testifica esta mañana. Se refiere al cuadro número 25. El caso FAFG691621, una exhumación en la que se identificó, entre otras, la osamenta 16141. Es una excavación realizada en 2009 en la que él participó.

A los peritos se les pide mirar todo el tiempo a los jueces y no a la defensa o a los representantes de la parte acusadora que los interrogan, para evitar confrontaciones directas. De tal forma, entre objeciones y aclaraciones de abogados, fiscales y jueces, los peritos no hablan hasta que la jueza Yassmín Barrios decide sobre las objeciones. Por ejemplo:

—La defensa (al perito): Al momento de la exhumación, ¿tenía usted algún título de antropólogo forense?

—La fiscalía: Objeción, señora presidenta, ya quedó establecido que no era necesario un título para validar el peritaje.

—La jueza: Ha lugar la objeción, eso ya quedó establecido.

—La defensa: Con todo respeto, señora jueza, estoy simplemente indagando sobre la idoneidad del perito.

—La jueza: Ya habló él de su experiencia. Siguiente pregunta, por favor, abogado.

—La defensa: Bueno. ¿Tiene usted algún título universitario?

—La fiscalía: Objeción, señora presidenta, le está preguntando sobre lo mismo.

—La jueza: Ha lugar la objeción. Pero solo para que el abogado tenga conocimiento, por favor, respóndale.

—El perito: Sí. Tengo un título en antropología por la Universidad de San Carlos.

Las constantes interrupciones de los interrogatorios y el lenguaje técnico de los peritos dificultan a veces tener presente que, por ejemplo, Suasnavar ha venido a hablar de una fosa exhumada por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), en la que fueron encontrados 60 cuerpos en Chel, aldea de Chajul. En el triángulo ixil. Cuerpos con signos de tortura, o con cortes hechos por un machete en la base del cráneo. Otros con agujeros de bala. Fueron enterrados por familiares o vecinos que esperaron a que se retiraran los soldados y los encontraron en las riberas del río. Los enterraron con la cabeza hacia el oeste y los pies hacia el este. Y luego abandonaron la aldea.

Solo en la región ixil, la FAFG ha realizado más de 500 excavaciones en las que encontró 1,490 cuerpos. Para este juicio, sin embargo, solo presentó el peritaje de 144 casos con 420 osamentas. Porque esos son los que han podido determinar con certeza que murieron en el período de la presidencia de facto del general José Efraín Ríos Montt, entre 1982 y 1983.

Pero los mayas de Guatemala, y los ixiles en particular, no solo fueron víctimas de ataques durante su gobierno. El Ministerio Público también presentó denuncia de genocidio contra el general Óscar Humberto Mejía Víctores, ministro de la Defensa de Ríos Montt y quien lo derrocó, convirtiéndose en el último jefe de gobierno militar entre 1983 y 1986; pero un tribunal determinó suspender la causa en su contra debido a que no tiene ya condiciones mínimas de salud física y mental para enfrentar el juicio.

También inició el proceso contra el antecesor de Ríos Montt, el general Romeo Lucas García, bajo cuyo mandato se cometieron incluso más masacres contra los ixiles. Pero este murió en Venezuela en 2006.

El jefe del Estado Mayor de Ríos Montt, el general Héctor Mario López Fuentes, que fue capturado en junio de 2011 para enfrentar este juicio, también sufre problemas de salud graves; y su jefe de operaciones, o G-3, Luis Enrique Mendoza, se encuentra prófugo.

El juicio ya tocó a otro miembro de la accidentada línea presidencial guatemalteca. Hugo Ramiro Leonardo Reyes, un mecánico del ejército asignado a diversas áreas ixiles entre 1982 y 1983, testificó que el actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, era entonces el comandante a cargo de la base militar de Salquil Grande, en Nebaj, y quien ordenaba a sus tropas arrasar aldeas y ejecutar a los ixiles. La consigna, dijo Reyes, era “Indio visto, indio muerto”.

El presidente respondió al siguiente día acusando a Reyes de mentir. Los kaibiles, dijo, ni son mentirosos ni son traidores. Cinco días después se vistió con el traje de gala ixil y fue a Nebaj a repartir comida. Y la plaza se llenó.

El general Efraín Ríos Montt aprovecha los 50 minutos de receso para comer, de pie, un pan con jamón y queso. Lo acompañan uno de sus abogados y su nieto. Parece estar de buen humor. Sonríe y se mueve con energía. El general está entero, a pesar de sus 86 años y del desgaste que implica pasar unas ocho horas al día sentado, desde hace dos semanas, escuchando testimonios en el juicio por genocidio y crímenes contra la humanidad que enfrenta en este tribunal de sentencia de Guatemala.

El otro acusado, el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, está sentado, solo, al otro lado del pasillo. Come también un pan con jamón y queso. Quien lo viera hoy, almorzando sin compañía, disminuido y enfermo, con un custodio a sus espaldas para evitar su fuga, difícilmente creería que este hombre fue el encargado de inteligencia e información del Estado Mayor guatemalteco entre 1982 y 1983, los años en los que Ríos Montt presidía Guatemala con mano dictatorial y en los que se perpetraron más de la mitad de las violaciones a derechos humanos registradas durante la guerra de ese país.

Treinta años después de las campañas de tierra arrasada, los dos militares comparten apenas el lugar que corresponde a los acusados y sus abogados. Ya no tienen tropa ni pueden decretar estados de excepción para suspender la Constitución. Ya no tienen partidos políticos; tampoco controlan las instituciones del Estado ni tienen ya aduladores entre los grandes empresarios. Políticamente los generales están ahora tan solos como a la hora del almuerzo. Solos y acusados por el Ministerio Público de ser responsables del asesinato de 1,771 indígenas de la etnia ixil, del desplazamiento de 29 mil y su sometimiento a condiciones infrahumanas, de torturas, de trato cruel e inhumano contra esta población, de la sistemática violación y abuso sexual de las mujeres ixiles por tropas bajo sus órdenes. Todo lo cual se constituye en genocidio y crímenes contra la humanidad.

El juicio es el primero en la historia (si excluimos el de Sadam Hussein, que no contó con estándares internacionales) en que un ex jefe de Estado es acusado de genocidio en un tribunal de su propio país. Y esto sí preocupa a la estructura política y la élite empresarial de Guatemala, que temen que esto se convierta en una caja de Pandora. Pero no es que defiendan a los generales, sino que temen a las reivindicaciones de los ixiles.

Los dos generales vuelven a esta gran sala en el tercer piso de la torre de Tribunales, dispuesta todos los días como un escenario en el que se ventila la historia de Guatemala. En el que desfilan la marginacion indígena, el racismo, las desigualdades; en el que todo parece cuestionar el discurso oficial de que Guatemala es una sola nación y que bastaban unos acuerdos de paz entre guerrilleros y gobernantes para alcanzar la reconciliación. El pasado de los ixiles, que aquí está en juicio, es apenas la versión violenta del presente de estos indígenas. Y los ixiles, y los ladinos, y los empresarios guatemaltecos piensan todos en este presente, y en las posibilidades de futuro de este juicio sobre el pasado.

Los generales y sus abogados entran por una puerta lateral custodiada por una docena de hombres uniformados de policías y armados con pistolas. Hay uno, solo uno, con arma larga. Pero ese es parte del equipo de seguridad personal de la jueza. Los generales toman su lugar en una mesa dispuesta a la izquierda de la sala.

Al frente, en medio, bajo un enorme escudo de Guatemala y sobre una tarima que se eleva casi un metro por encima del suelo, se sienta la jueza Yassmín Barrios, presidenta del tribunal, y los dos jueces que la acompañan, Pablo Xitimul y Patricia Bustamante.

Barrios, una mujer madura de cara redonda y cabello largo, rizado, tiene una sonrisa amplia que deja lucir solo cuando la aseveración roza la ironía. Es reconocida por su mano firme para llevar casos de alto riesgo contra militares, narcotraficantes y pandilleros. Fue una de los jueces en el proceso contra algunos militares por el asesinato del obispo Juan Gerardi, el que abrió con toda tranquilidad el 21 de marzo de 2001, un día después de que dos granadas reventaran en el patio de su casa. La misma tranquilidad con la que llevó también el juicio contra otros militares por la masacre conocida como Las Dos Erres.

También se ha creado fama por su eficiencia, demostrada en este juicio con el desfile de más de 100 testigos en apenas 12 días. No se deja provocar por la defensa ni por los fiscales y no duda en callar a un perito que esté hablando de más, no importa si el perito ha sido jefe del Estado Mayor o si la ha acusado públicamente de tener los dados cargados contra los generales. Y así comenzó este proceso, el 20 de marzo, como si fuera cualquiera el crimen y cualquiera el acusado:

—A usted se le acusa del delito de genocidio. ¿Cuál es su nombre completo?

—José Efraín Ríos Montt.

—¿Su profesión u oficio?

—Militar retirado.

—¿Conoce usted al otro sindicado?

—Sí lo conozco.

—¿Tiene usted amistad (con él)?

—Relación institucional.

Ese primer día del juicio, Ríos Montt anunció que había despedido a su equipo de abogados y convocó a última ahora a Francisco García Gudiel. Después de sus palabras de apertura, García Gudiel le exigió a Yassmín Barrios excusarse del caso por tener rencillas personales con él provenientes de procesos anteriores. “Si tiene un conflicto conmigo, es usted quien debería irse de mi tribunal”, le dijo la jueza. Y lo expulsó.

Así está dirigiendo el juicio más importante en la historia reciente de Guatemala, en el que se intenta responder a dos cuestiones: la existencia de los delitos imputados o no, es decir, si hubo genocidio y crímenes contra la humanidad, y la responsabilidad de cada uno de los acusados.

Frente a ella se sientan, de espaldas al público, los testigos convocados por las partes. Van desfilando de uno en uno, sometidos a los interrogatorios de defensores y fiscales, hasta que la jueza Barrios les agradece su paciencia y les autoriza abandonar la sala.

El primero en sentarse en esa silla fue Nicolás Bernal, un ixil de 53 años que sobrevivió a la masacre de Canaquil de Nebaj, el 25 de marzo de 1982, en la que tropas del ejército asesinaron a 35 personas. El testigo narró cómo los soldados mataron a los pobladores, les sacaron el corazón y luego quemaron los cuerpos. Él huyó a las montañas.

Lo que siguió en este tribunal es un recuento ixil del horror en 98 voces que se fueron escuchando una tras otra durante 10 días: niñas apuñaladas en el cuello; bebés asesinados por soldados que estrellaron sus cabezas o atravesaron sus cuerpos con bayonetas; familias enteras amarradas en viviendas a las que soldados prendieron fuego; hombres asesinados y luego cortados en pedazos; niños muertos a machetazos en el rostro; mujeres y niñas violadas; indígenas obligados a asesinar a otros; mujeres obligadas a alimentar a los soldados que perpetraban las masacres o que jugaban al fútbol con las cabezas desmembradas de niños ixiles, los niños de las señoras que cocinaban y que a su vez luego serían violadas y asesinadas; aldeas enteras desaparecidas; bloqueo de alimentos y quema de milpas, cultivo sagrado además de alimento para los ixiles. Desplazamientos masivos; tierras abandonadas por los desplazados que pasaron a nuevos propietarios. Y además, el nombre clave militar para identificar a los niños ixiles: chocolates. Que no quede ningún chocolate.

Más adelante, testigos militares de la defensa negarán el genocidio: entre los soldados también había muchos indígenas.

La sala se puede dividir en dos. Si se le mira desde la entrada de los asistentes, al frente está la jueza en su tarima. Abajo, a la izquierda, los dos generales y sus abogados; a la derecha los representantes de la parte acusadora: el Ministerio Público y las dos organizaciones civiles (CALDH y AJR) que abrieron el proceso en representación de las víctimas ixiles.

Atrás, como en graderías de cine o teatro, hay filas de butacas dispuestas para asistentes a los juicios. Estos suelen repartirse, en las filas frontales, entre quienes acompañan a la acusación y a los acusados.

Las primeras filas de la derecha, frente a los fiscales y acusadores, están ocupadas por unas cuarenta mujeres ixiles. Les han proporcionado audífonos, unos Beets de Dr. Dree de colores, tan de moda que contrastan con sus trajes tradicionales con diseños que han ido heredando desde antes de que Guatemala fuera una república o siquiera una Capitanía General. Llevan en la cabeza los tocados en trenzas y coletas de tela que las distinguen de otras etnias.

A través de los audífonos una intérprete narra el juicio en ixil. De tanto en tanto se entrometen algunos términos familiares como “guerrillero”, “marzo”, “patrullas”, “aldea”, “artículo”, “capitán”. Palabras que no existen en ixil y por tanto son pronunciadas en español. No hay audífonos para todas. Muchas de ellas no entienden lo que hablan la jueza y los abogados y los peritos, pero no le quitan la mirada de encima al general Efraín Ríos Montt.

No todas las que han venido son mujeres ixiles. “Hay mujeres de otras etnias, pero han venido con el traje ixil en solidaridad con ellos”, explica Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz, que liberó tres meses de su agenda para asistir al juicio.

Atrás de ellas, otros tantos hombres ixiles. Algunos visten camisas con logotipos de fábricas estadounidenses, compradas de segunda o tercera mano en las pacas de Nebaj para venir mejor vestidos a la capital; pantalones con zurcidos de remiendo, manchados. Llevan sombreros y calzan zapatos que les quedan grandes, sin calcetines. Las manos callosas, las uñas rotas, los dedos con cicatrices. Las palmas duras. Les quedan pocos dientes o pedazos de ellos, aferrados con terquedad a las encías a pesar de que sus colores amarillentos y negros delatan que ya no deberían estar ahí.

Son los sobrevivientes y herederos de siglos de marginación política, económica y social; de represión policial y militar; de este mismo sistema que ahora utilizan para enjuiciar a dos generales del ejército de Guatemala. Han tenido que esperar al siglo XXI para exigir sus derechos de ciudadanos y demandar justicia en las instituciones que siempre han administrado los ladinos. Y en su propio idioma.

Han venido en buses, en viajes de entre seis y nueve horas, desde la región conocida en los planes militares como el triángulo ixil, compuesto por un territorio al norte del departamento del Quiché, entre la sierra de los Cuchumatanes y la de Chamá. Tres poblados principales delimitan el área: Nebaj, Chajul y Cotzal.

Entre 1981 y 1983, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, entre 70 y 90 % de las aldeas en esta área fueron destruidas y el 23 % de la población ixil desapareció a manos del ejército o de los paramilitares. En la parte que corresponde al gobierno de Ríos Montt, las Patrullas de Autodefensa Civil, organizadas y armadas por el ejército bajo sus órdenes y las de su Estado Mayor, también participaban de las matnzas y recibían órdenes precisas de asesinatos.

Tres planes militares consignan las órdenes y los objetivos de las misiones del ejército: Operación Ceniza 81, Victoria 82 y Operación Sofía. El primer plan fue diseñado y ejecutado bajo las órdenes del presidente general Romeo Lucas García, depuesto por Ríos Montt. Entre ambos gobiernos se distribuyen la mayor cantidad de masacres durante el conflicto guatemalteco. La Comisión de Esclarecimiento Histórico atribuye a este periodo 90 masacres en el triángulo ixil.

“Hemos venido aquí porque cuando nos muramos esto ya no se podrá contar”, explica Domingo Raimundo, uno de los sobrevivientes ixiles que ha venido al juicio. “Cuando gobernó ese señor nos pusieron como animalitos, que tenemos cachos, que tenemos cola. Justicia queremos ahora”.

En el conflicto guatemalteco se estima que murieron entre 150 mil y 200 mil personas. El 83% de ellas fueron indígenas. Casi ninguno murió en combate. Pero lo que hace especial al triángulo ixil es la ferocidad con que el ejército atacó a su población. ¿Lo hizo de manera sistemática, buscando la erradicación de los ixiles, de su cultura, de su identidad? Eso es lo que pretende demostrar la fiscalía. Y, además, demostrar que Ríos Montt, por responsabilidad de mando, no solo sabía sino que avaló el genocidio. Y que el general Rodríguez Sánchez, el jefe de inteligencia, participó directamente en la planificación, y firmó, el plan Victoria 82, que consignaba la misión del ejército en esa zona.

De la condición de víctimas de los ixiles ni siquiera los acusados dudan. “¿Usted cree que no me duele escuchar todo lo que les pasó? Solo que yo no fui”, me dice en un receso del juicio el general Rodríguez Sánchez. “¿Y acaso metiéndome preso les van a quitar su miseria?”

La vida afuera de los tribunales donde se lleva el juicio permanece igual. No hay plantones ni pancartas, contrario a lo que uno podría imaginar, en la enorme plaza de tribunales frente a la entrada. Ni siquiera ha sido necesario un cordón de seguridad. Ahí siguen los vendedores de baratijas y los mecanógrafos judiciales dispuestos a redactar un acta en dos minutos con sus viejas Olivetti. Los jugadores callejeros de ajedrez que remachan cada jaque o pérdida de un alfil con frases más propias de jugadores de dominó de barrio. Los maleantes, los esquineros piropeando muchachas y los coordinadores de microbuses. El olor a marihuana y el de comida frita que emana de los comedores.

Pero aunque el centro de Guatemala parezca no saberlo, hay muchas cosas pasando. El proceso contra el general Ríos Montt tiene un poder transformador, y también un poder explosivo, que tiene nerviosos a muchos. Los periódicos guatemaltecos están llenos de columnas de opinión denunciando este juicio como algo orquestado por la comunidad internacional y los enemigos del ejército; como una venganza de los ixiles impropia en tiempos de paz y reconciliación; como una construcción falsa porque “en Guatemala nunca hubo genocidio”; como una trampa tendida por querellantes guerrilleros.

El presidente Otto Pérez y la mayor organización gremial empresarial han negado públicamente el genocidio; grupos de eminentes ciudadanos, incluyendo dos ex vicepresidentes, publican comunicados advirtiendo de los riesgos de que este juicio traiga de nuevo violencia política; la Asociación de Veteranos Militares manda a sus miembros decir en los medios de comunicación que el tribunal no es competente y que Guatemala es objeto de una nueva agresión internacional. Y los abogados de los generales, en el primer día del juicio, declararon que se trataba de una larga campaña internacional para fabricar la historia de que el Estado guatemalteco cometió genocidio. El abogado Francisco García Gudiel, ese que fue expulsado por la jueza Barrios, alcanzó a decir antes que la guerra afectó a todos los guatemaltecos y que tenían que “olvidar y vivir en paz”. Este juicio, dijo, ha sido impulsado por organizaciones internacionales enemigas de la democracia.

Hay varios extranjeros asistiendo al juicio. Hay, por supuesto, periodistas y relatores de organizaciones civiles. Hay representantes de instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la justicia transicional; académicos canadienses y estadounidenses; mujeres feministas europeas enfundadas en ropas indígenas; representantes de Naciones Unidas y embajadores de varios países. Esta mañana acudió a ver el juicio el de Estados Unidos, Arnold Chacón. Recientemente, en una entrevista concedida a este periódico, la fiscal Claudia Paz y Paz respondió a la presencia o acompañamiento de la comunidad internacional: “Cuando ocurren delitos tan graves como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, no solo los guatemaltecos son los afectados, sino todo el mundo”.

Al contrario de la jueza Barrios, para quien el mundo parece reducirse a lo que sucede en estas paredes, el querellante Edgar Pérez parece estar todo el tiempo consciente de la importancia de este juicio allá afuera. A un perito le dijo a medio interrogatorio que sabía que alguna gente les llamaba izquierdistas o enemigos de la paz. Y el primer día del juicio dirigió algunas palabras también para los que, allá afuera, criticaban el proceso por genocidio: “Las mentiras y el silencio destruyen la verdad”, les dijo. Y advirtió que una decisión judicial basada en la evidencia no puede negarse.

Pérez revisa documentos todo el tiempo. Es el representante de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), una de las organizaciones que abrieron este juicio hace una década y que se mantuvieron, durante todos estos años, buscando todos los huecos que les permitiera la ley, todas las apelaciones para liberar documentos militares, todos los tribunales necesarios hasta que lograron sentar a estos dos acusados.

Bajo de estatura, con un bigote que domina su rostro rojo, Pérez sonríe, parece que siempre sonríe. Comparte mesa con Héctor Reyes, abogado que representa al Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la otra organización que abrió el juicio y que llegó incluso a Madrid a intentar en la Audiencia Nacional un proceso contra el general Ríos Montt. En la mesa también está el fiscal Orlando López, del Ministerio Público. Son los tres abogados con derecho a interrogar.

En esa mesa, además, hay siempre al menos otras cinco personas para ayudar con papeles y revisión de documentos. Atrás de ellos, acomodadas en el desorden de una actividad frenética, hay media docena de enormes cajas de plástico transparentes que contienen archivos, documentos, reportes de testigos, planes operacionales del ejército. Los asistentes abren las cajas y buscan antes de la presentación de nuevos peritos; una mujer en una de las sillas de esa mesa escribe en una computadora con internet móvil y escribe todo el tiempo. Los que no buscan documentos tienen documentos en las manos y subrayan, y pasan páginas, y escriben con un lápiz. Es una oficina completa montada en el tribunal.

La defensa de los generales, en cambio, es un espacio vacío. No hay cajas atrás de ellos ni asesores ni asistentes. Apenas los dos generales sentados con dos o tres abogados, dependiendo del día. Nada más. Ni siquiera han intentado poner a prueba las acusaciones en contra de sus representados. Su estrategia de interrogatorios se ha limitado a intentar desvirtuar a los peritos de la acusación y a intentar demostrar que los generales no tenían ni control sobre las tropas ni mando para diseñar los operativos. Pero les ha salido tan mal que sus propios peritos han terminado dando la razón a la fiscalía. Les ha salido tan mal que todos creen que su verdadera estrategia será deslegitimar el juicio; pedir la nulidad mediante algún tecnicismo como el del abogado expulsado de la primera jornada o negativas de la jueza a que ellos presenten documentos fuera de agenda.

Les ha salido tan mal que uno de los peritos de la defensa terminó disculpándose por referirse, para la preparación de su reporte, a una ley que no existía; otro olvidó firmar su reporte y la fiscalía exigió que se retirara de las pruebas; diez peritos programados no se presentaron; uno más, llamado a demostrar que Ríos Montt no tenía capacidad de mando, terminó diciendo que Ríos Montt era el máximo jefe militar.

Los abogados de los militares se tocan la frente con mucha frecuencia. Se quitan los lentes, gesticulan. Ríos Montt, en cambio, nunca se inmuta. Parece estar siempre a punto de iniciar uno de sus famosos sermones en la Iglesia del Verbo de la que fue pastor durante tantos años. Escribe en su cuaderno, o dibuja algo. No reacciona a lo que dicen los testigos o los peritos. Apenas habla con su abogado, poco, para decirle que necesita ir al baño. Así que el abogado pide permiso a la presidenta del tribunal y Ríos Montt abandona la sala dos o tres veces por jornada. Regresa un par de minutos después. Siempre, siempre sonriente. Como si en vez de un juicio este fuera un examen profesional. Apenas mira, de vez en cuando, a los peritos militares que han venido a hablar en su defensa. Pero ni siquiera les dedica una mirada cuando ellos salen, que invariablemente intentan verlo, como esperando un veredicto del general a su participación. Él tiene siempre, para entonces, la vista en su cuaderno. Y dibuja algo. Apenas lo vi levantar la cabeza, y reaccionar, cuando en la silla de los peritos había algún militar retirado y la jueza o alguno de los abogados que interrogaban le llamaban “General”. Invariablemente Ríos Montt levantó la cabeza y buscó al interrogador.

Hoy el abogado querellante Edgar Pérez interroga a un perito de la defensa. Manuel Conde Orellana, que fuera presidente de la Comisión de Gobierno para las negociaciones, parece un motivador de personal. Habla con el tono del optimismo y el camino al éxito y parece seguro de que la modulación de su voz y las palabras grandilocuentes bastan para convencer a cualquiera de cualquier cosa. Cuando la defensa, para la que él testifica, objeta alguna pregunta de la acusación, Conde objeta la objeción y pide que le permitan responder. No importa cuántas veces le digan que tiene que ver a los jueces y no a los abogados que lo interrogan, Conde se sienta como si estuviera en la sala de su casa y mira a todo mundo a los ojos. A Pérez eso no le gustó y terminó desesperado por las respuestas retóricas con la voz engolada del perito. “Solo responda sí o no”, le gritó, y la jueza tuvo que intervenir para corregirle la plana al querellante y para pedirle al testigo que no mirara a los abogados.

—Señor perito, me disculpo con usted porque me puso nervioso con su mirada —dice, inquieto, Pérez.

—Le acepto la disculpa –dice Conde, pero lo vuelve a ver.

—Ahora le voy a hacer unas preguntas… ¿Reconciliación es sinónimo de impunidad?

—Definitivamente no. Sin ley no hay reconciliación. Pero la ley debe darse en un juicio justo en el que ninguna parte tiene ventajas ni desventajas.

Pérez es el más emotivo de los tres querellantes. En cambio Orlando López, representante del Ministerio Público, nunca cambia el tono de voz. Es un fiscal relativamente joven que ha hecho su carrera en la fiscalía de Derechos Humanos, y le ha tocado acusar en casos del conflicto armado. Este, desde luego, es su caso estrella. Pero uno de sus compañeros en la fiscalía me dijo que no le causa ninguna emoción. “Al contrario. Estos son casos en los que nadie levanta la mano voluntariamente para agarrarlos. Porque traen demasiada exposición mediática y un gran nivel de riesgo”, dice.

A Conde lo sometió a un sencillísimo interrogatorio:

—¿Su reporte es científico?

—Sí. Científico y humanístico.

—¿Qué método utilizó?

—Me basé en mis propias experiencias y mi visión de muchos años trabajando por la paz y la reconciliación entre los guatemaltecos.

—¿Y cuál fue su método para hacer este reporte?

—Mi método fue basarme en mi propia experiencia y mis escritos

—¿Y qué fuentes consultó?

—Eso y otros escritos.

—Gracias.

Cuando la jueza lo dejó libre, Conde pidió permiso para saludar de uno en uno a todos los abogados y acusados. Después se quedó un rato posando para las cámaras y abandonó el salón.

La jueza pide ingresar al siguiente perito de la defensa, el general José Luis Quilo Ayuso. Exjefe del Estado Mayor. Miembro de la Asociación de Veteranos de Guatemala y un activo opositor al juicio.

Quilo Ayuso ha venido como experto en la estructura militar y en la cadena de mando. Presenta sus conclusiones diciendo que el Comandante en Jefe de las Fueraas Armadas no tiene el mando supremo y que el S-2 o G-2, a cargo de inteligencia, es un asesor del jefe del Estado Mayor que recolecta información sobre el enemigo, sobre el terreno y las condiciones atmosféricas. Ha dicho también que el Alto Mando del Ejército no es propiamente un órgano militar porque no tiene capacidad operativa. Y aquí es donde los querellantes comienzan a tejer:

—¿Sabe quién era el comandante en jefe del ejército en 1982?

—Por supuesto que sí.

—¿Puede decirnos quién?

—José Efraín Ríos Montt.

—¿Usted ha participado fuera de este tribunal en actividades a favor de los sindicados?

—Sí.

—¿Usted ha afirmado en un programa de televisión “estamos en un juicio en desventaja, porque estamos siendo juzgados por un tribunal que no es competente”?

—Sí, lo he dicho.

—¿Podría por favor decirnos qué es mando?

—Mando es la capacidad de dirigir a un grupo de personas.

—¿El comandante general del ejército tiene mando?

—Sí tiene.

—¿Los planes de operaciones son autorizados por el jefe del Estado Mayor?

—Sólo los que de él emanan.

—¿Quién coordinó la elaboración del Plan Victoria 82?

—Lo ordenó el Presidente de la República, lo firmó el jefe del Estado Mayor.

—¿Y el anexo?

—El jefe de inteligencia.

—Gracias.

***

La otra tribuna, la que se sitúa atrás de la mesa de los acusados, suele estar un poco más vacía. Es lugar frecuentado por periodistas, por fotógrafos buscando mayor cercanía con Ríos Montt y por algunos -pocos- amigos de los acusados.

Aquí suele venir un hombre muy elegante, con la barba blanca recortada, la camisa sin corbata y todo el día se pasea mirando el juicio. Saluda siempre a cualquier familiar de los acusados que haya venido. Se llama Ricardo Méndez Ruiz, director de la llamada Fundación Contra el Terrorismo. También viene siempre un enfermero del Hospital Militar, aunque no todos los días es el mismo. Está asignado al general Rodríguez Sánchez, porque desde hace un año pidió salir de prisión por cuestiones de salud y es atendido ahí. Ríos Montt, en cambio, tiene prisión domiciliar.

También viene un nieto de Ríos Montt, casi todos los días. Viene solo y no parece que guste de cruzar palabras con nadie. Y viene también, a veces, una hija del general Rodríguez Sánchez. Pero al frente, junto a la puerta de entrada y salida de los acusados, se sienta siempre la hija de Ríos Montt, Zury, política del Frente Republicano Guatemalteco que fundó su padre, que llegó a presidir el Congreso de Guatemala y que pretendió iniciar, de la mano de su padre, una dinastía política a través del FRG, pero el partido comenzó a hundirse tras la salida del presidente Alfonso Portillo y las acusaciones de corrupción en su contra, hasta que ahora no queda ya casi nada. Apenas compañía unas cuantas horas al día a su padre en este tribunal. Apenas los rencores contra quienes lo abandonaron. Apenas la incertidumbre de los resultados de un juicio en el que para Ríos Montt no es, acaso, tan importante la sentencia como el papel que la historia le deparará después.

En cambio los ixiles, dice Rigoberta Menchú, están reclamando su dignidad. Pero ese reclamo no termina tampoco con este juicio. “Debajo de estos edificios se ha negado la realidad indígena. Ellos quisieran que con este juicio se cerrara el ciclo de 1954 a 2012. ¡No, señores!”