El último sábado 6 de abril a las 18hs y 47 minutos Luiz Inácio Lula da Silva se entrega finalmente a la Policía Federal y es conducido a Curitiba en donde empezará a cumplir una condena de 12 años y 1 mes de prisión. La prisión de Lula se enmarca en el avance de la Operación Lava Jato iniciada en 2013 y encabezada por el Juez de la primera instancia del Tribunal Regional Federal nº 4 (Curitiba), Sergio Moro.

La acusación que determinó su condena en dos instancias, le atribuyó haber aceptado y reformado un departamento triplex en la ciudad costera de Guarujá, San Pablo, a cambio de contratos públicos con la constructora OAS. La principal prueba de cargo se sustenta en la confesión del empresario Léo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS, a cambio de beneficios penitenciarios que lo llevaron a lograr reducir su pena.

Las tentativas de lograr un acuerdo de Delación Premiada por parte de Leo Pinheiro, sin embargo, habían empezado 2 años antes. Pinheiro fue preso por primera vez en noviembre de 2014 y en abril de 2015 el Superior Tribunal Federal (STF) le concede prisión domiciliaria. Condenado a 16 años de prisión por Moro, da inicio a negociaciones por un acuerdo de delación premiada a cambio de la reducción de su condena.

En junio de 2016, Pinheiro da un adelanto al Juez Moro y a los fiscales de la Operación Lava Jato de lo que sería su delación. Revela pagos de la constructora a varios políticos. Sin embargo, al no hacer referencia a Lula el acuerdo fue recusado y en agosto del mismo año las negociaciones fueron finalizadas.

Dos semanas después, el 5 de septiembre de 2016, Pinheiro vuelve a ser arrestado por Moro al constatarse la persistencia de pagos sistemáticos de propinas para interferir en la investigación. En noviembre su condena fue ampliada en 10 años, subiendo a 26 años.

En abril de 2017, finalmente, Pinheiro logra negociar un acuerdo de delación y apunta a Lula como dueño del triplex de Guarujá. Como no hay, hasta el momento, ningún documento que compruebe que ese departamento sea efectivamente del expresidente Lula, la acusación tomó como prueba un borrador de contrato sobre el departamento, encontrado durante un allanamiento a la residencia de Lula. El contrato que carecía de toda firma fue valorado como un indicio de prueba material de las declaraciones de vecinos que mencionaron rumores que afirmaban que esa vivienda seria de Lula y de su esposa, Marisa Letícia.

El Triplex fue parte de un conjunto residencial iniciado por una cooperativa. De acuerdo al expresidente, su familia llegó a pagar una cuota al momento inicial de la construcción. Pero la cooperativa quebró y sus promotores lograron que la constructora OAS se hiciera cargo de la continuidad del proyecto. La constructora dio entonces a los inversores la opción de recuperar el dinero o pagar el saldo restante para quedarse con la propiedad. Lula y su esposa no hicieron ni una ni otra cosa.

Algo no menor es el hecho de que en enero de este año el juez Sergio Moro ordenó subastar ese mismo triplex en el famoso balneario paulista y entregar el dinero de la subasta a la víctima del mayor proceso de corrupción de la historia de Brasil, Petrobrás. Según declaración del propio juez, “el departamento pertenece oficialmente a OAS pero el dueño de facto es Lula”. Paradójicamente, el inmueble ya había sido embargado por una jueza de Brasilia en una causa por la quiebra fraudulenta de la empresa OAS, quien figura como propietaria del departamento.

Nuestro Tom ya presagiaba que nuestro Brasil no era para principiantes.

Lula fue condenado y arrestado a partir de la sobrevaloración de lo que se pasó a conocer como “indicios de prueba”, obtenidos a través de delaciones premiadas y no por la existencia de pruebas materiales o directas.

El fallo en segunda instancia del proceso judicial no es todavía una condena firme, ya que debe aún ser rectificada por el Superior Tribunal de Justicia. De acuerdo con la Constitución de Brasil, la presunción de inocencia debe persistir hasta que el juicio haya recorrido todos los recursos posibles. Tras conocer el resultado del segundo fallo, contrario a Lula, la defensa entró con un pedido de Habeas Corpus en el Superior Tribunal Federal.

El recurso fue denegado por 6 votos a 5 en base a una Jurisprudencia con validez desde el 2016. Esta Jurisprudencia, al contradecir al propio texto de la Constitución está a la espera de revisión desde el año pasado, en ese mismo Tribunal, a través de dos Acciones Declaratorias de Constitucionalidad (ADCs), una de ellas solicitada por la Orden de los Abogados de Brasil (OAB). Ambas ADCs esperan su discusión en el plenario del STF desde diciembre de 2017, pero la Presidente de la Corte, Ministra Carmen Lúcia, se ha negado a definir una fecha para su discusión.

Es así como Lula fue preso. El presidente más popular de la historia reciente de Brasil y con el 37% de las intenciones de voto para presidente en las próximas elecciones de octubre está en la cárcel a partir de una sentencia basada en indicios de pruebas y en la negación de un HC que, según la OAB y varios ministros del propio TSF (5 de 11), hiere la Constitución.

Como nos enseñó Tom Jobim, Brasil no es para principiantes. El candidato con mayor intención de votos está preso. El Presidente Michel Temer muestra un rechazo del 70% y el segundo precandidato a la presidencia, con 16% de intenciones de voto en las encuestas es el diputado federal ultraderechista Jair Bolsonaro (PSL), conocido por su simpatía hacia la dictadura militar, su posición homofóbica y su machismo a ultranza.

Después del Brasil de fines del siglo XX y principios del XXI que mostraba un crecimiento considerable con una contundente disminución de la pobreza, un liderazgo regional creciente y una perspectiva neodesarrollista prometedora, nos encontramos hoy con una imagen que es, como mínimo, perturbadora.

Si en términos macroeconómicos el país parece estabilizarse, a pesar de abrazar una perspectiva muy cercana al modelo neo-liberal, contrapuesta a los gobiernos petistas, es en el campo político que Brasil muestra sus principales desafíos. Como dije en un artículo del 2017, la antropofagia tan bien ilustrada por Tarsila do Amaral nunca estuvo tan vigente.

¿El único país pentacampeón en el mundo será finalmente tragado por sí mismo?

Volvamos en el tiempo. A partir del 2013, el malestar social que la debacle económica generó hizo con que el juicio por la destitución de la presidente Rousseff (2011-2016) – basado en acusaciones de irresponsabilidad fiscal – ganara un carácter mucho más dramático al ceñirse con las acusaciones de corrupción. En Brasil, formas arcaicas y patrimonialistas perduran y se reproducen amparadas por el mercado de la corrupción. Un elemento estructural latente que, frente a la posibilidad de extinción, activa ferozmente sus estrategias de sobrevivencia.

El modelo brasileño y sus visibles avances sociales, políticos e institucionales estuvieron a salvo mientras esta estructura de intercambio permaneció inalterada. A partir de los gobiernos del PT, principalmente del gobierno de Rousseff, paradójicamente, las investigaciones de actos de corrupción se profundizaron, así como el poder de la Policía Federal y del Ministerio Público, apoyados por políticas de transparencia que aumentaron el poder y la independencia de los organismos de control. Tampoco hubo interferencias por parte de la entonces presidente para detener la sangría que la Operación Lava Jato producía. Ese, posiblemente, fue lo que la llevó a su destitución. Y a la avidez por el encarcelamiento de Lula

Pero, Brasil no es para principiantes. Veamos la imagen invertida.

Con la destitución de Rousseff (2016) el PT se hallaba en su peor momento y Brasil se dividía en dos campos de batalla: de un lado los que profesaban un odio atroz al PT y a Lula, del otro aquellos que, a pesar de decepcionados, veían con desconfianza cómo la Operación Lava Jato y sus subsidiarias regulaban la dirección e intensidad de sus acusaciones. Sin embargo, las denuncias de corrupción avanzaron y dejaron al desnudo los pilares más tradicionales del poder. El sistema político brasileño alcanzó un estado de descredito total similar al albiceleste “que se vayan todos”.

Es justamente ahí que la imagen empieza a invertirse.

La forma en cómo el Juez Moro dirigió el juicio contra Lula terminó beneficiando políticamente al expresidente y recolocó al PT en la escena político-partidaria. Tres errores de estrategia fueron emblemáticos: primero, la innecesaria conducción coercitiva ordenada para que Lula fuese a declarar impactó negativamente en la opinión pública; segundo, la filtración de escuchas telefónicas entre Lula y Dilma mientras ella era todavía presidente de la República. Este último aspecto hizo con que el Supremo Tribunal Federal se manifestara en su contra y anulara las grabaciones como prueba.

Por último, la direccionalidad con la que dirigió la mayor operación contra la corrupción vista en Brasil. Figuras de peso con prontuarios oscuros y pruebas constatadas han sido resguardados o, en algunos casos, liberados por la justicia. Los dos casos más emblemáticos son el ex gobernador de Minas Gerais y actual senador por el PSDB, Aécio Neves, quien también era el principal candidato a disputar las próximas elecciones presidenciales. El segundo no es nada menos que el mismo Michel Temer, presidente de la República.

* * *

Con Luiz Inácio Lula da Silva en prisión, para salvaguardar su imagen de justiciero y la de la propia Operación Lava Jato, Moro seguramente será presionado para entregar a otro pez gordo: Temer y Neves están en primera fila. Lula, sin embargo, sigue creciendo en las encuestas y el PT parece mostrar alguna recomposición electoral. Según la última pesquisa de Ibope de marzo de este año, el partido que presenta el mayor número en las preferencias de voto es el PT (19%), seguido por el MDB de Temer (7%) y el PSDB de Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves y Alckmin (6%).

El futuro es incierto. Son al menos 18 candidatos que, al día de hoy, se presentan como tales. El rechazo hacia la clase política es todavía muy alto y, según algunos analistas, eso podría darle mayor ventaja al candidato más radical, Bolsonaro (PSL). El PT, a su vez, tiene un gran desafío por delante que, en gran parte, depende de la posibilidad de que Lula sea candidato o no, por la legislación de la llamada Ficha Limpa. En caso de que se lo declare inelegible por su condena en segunda instancia deberá armar una buena estrategia de transferencia de votos o aceptar disputar la presidencia dentro de una alianza electoral de izquierda, aunque los principales partidos de izquierda ya han presentado sus candidaturas individuales (PSOL, PCdoB y PDT). Sus dos principales figuras, Haddad, el ex alcalde de San Pablo tiene poca inserción nacional, y Jacques Wagner, gobernador de Bahia podría ser blanco de la operación Lava Jato por presunta sobrefacturación en la reforma del estadio del estadio de futbol Fonte Nova en Salvador en contratos con Odebrecht y OAS.

Bolsonaro, por su lado, pierde con el encarcelamiento de Lula. Su discurso inflamado se alimenta del odio hacia Lula y al PT. Es probable que los ánimos se calmen y el elector más conservador vuelva a adquirir cierta cordura.

Los otros candidatos con inserción en la opinión pública son Alckmin (PSDB), Marina Silva (REDE), Ciro Gomes (PDT) y Henrique Meirelles (MDB). Marina Silva no ha llegado a convencer y su perfil se ha volcado más hacia la derecha del espectro ideológico. Meirelles carga el peso de identificarse con Michel Temer y su gobierno, a pesar de venir del círculo íntimo de Lula y de haber sido un testigo clave en su defensa. Ciro Gomes, por su lado, a pesar de surgir como tercero en algunas encuestas, sus campañas han sido volátiles.

En relación al embrollo electoral, los electores brasileños, en general, han seguido la tendencia de votar en candidatos más cercanos al centro del espectro ideológico. Salvo en el caso del entonces outsider Fernando Collor de Mello (1990-1992) quien, tras denuncias de corrupción, renunció antes de ser impedido. Siendo así, me aventuraría a decir que la carrera electoral brasileña podría girar nuevamente en torno a la ya conocida disputa entre el PSDB, MDB (ex PMDB) y el PT. Eso depende de dos caminos. El primero, de la capacidad del PT de mantener viva la imagen de Lula como candidato hasta que indefectiblemente tenga que pasar el bastión de mando. El segundo tiene que ver con la fortaleza de la compaña del PSDB con Alckmin y del MDB en el caso de que Meirelles sea efectivamente el candidato.

Si barajamos las cartas que tenemos al momento, podría decirse que la disputa electoral parece girar, al día de hoy, alrededor de la órbita de Lula. Su poder catalizador en torno a una disputa más al centro es mi presagio (o quizás mi esperanza).

¿La Operación Lava Jato conducirá al Partido dos Trabalhadores nuevamente a la Presidencia? Hay que ver la imagen invertida, pues Brasil no es para principiantes.

Texto de Ximena Simpson para Revista Anfibia