La “derecha integralmente liberal” finalmente floreció. Todo comenzó con el giro pragmático que dio Evópoli cuando su agenda original, de perfil social, mostró ser poco atractiva para los medios de comunicación y las redes sociales, mientras que la rentabilidad mediática de la “agenda valórica” era evidente. Ahora se les sumó un sector de Renovación Nacional liderado por Marcela Sabat. En ambos casos se ha optado por un progresismo liberal y de soberanía individual que piensa que el objetivo de la política es apartar todas las barreras que entorpezcan el despliegue de la voluntad individual. El sujeto, consideran ellos, debe ser soberano para elegir su propia identidad, sin limitaciones. En ambos casos, también, se alega que este soberanismo conviviría con una “vocación social”.

Los riesgos de ese prisma como eje político y perspectiva sociológica, sin embargo, son amplios. Parte de lo que entorpece el despliegue de la voluntad soberana de los sujetos son las personas cuyas debilidades o condición son una carga para los demás. Los pobres, los presos, los enfermos, los viejos. Y, por cierto, los niños. Luego, es muy posible que este “liberalismo integral” sea simplemente una forma radical de neoliberalismo, cuyas víctimas principales sean los más débiles.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, es un buen ejemplo de este liberalismo progresista contrario a los más necesitados. Alessandri es parte del grupo de “liberales” de RN favorables al aborto, la eutanasia y toda la agenda LGTBI. Es de los alcaldes que hacen ondear la bandera de seis colores el día del orgullo gay. Pero también es el responsable de la agenda más represiva y criminalizante en contra de los comerciantes informales desde el retorno a la democracia.

Su plan “Comercio justo” parece sacado de 1984 de Orwell: consiste básicamente en perseguir a los informales con brigadas disfrazadas de paramilitares, multar a quienes compren sus productos y sostener una agenda comunicacional criminalizante en su contra. Todo en línea con el discurso levantado por un sector extremo y delirante dentro de la Cámara Nacional de Comercio, cuyo máximo representante, que además es past-president de la Cámara, Ricardo Mewes, ha llegado a acusar a los informales de tener vínculos con el terrorismo.

Toda esta política pública se ha levantado en ausencia de datos que permitan justificarla. El informe de Sebastián Adasme (IES) titulado “Comercio informal en Chile: claves para el debate”, disponible online, muestra que se sabe muy poco acerca de la informalidad en Chile, pero también que lo poco que se sabe en ningún caso sirve para dar pie a este tipo de agendas barbáricas. Se trata de una realidad compleja y diversa, que debería ser abordada con políticas al nivel de esa complejidad. La única razón por la que no se hace es porque los informales honestos no tienen voz para quejarse de la violencia arbitraria que reciben por parte de un alcalde decidido a repartir flores a los progres, y palos a los pobres.

Pablo Ortúzar es investigador IES