Un recurso de protección en la Corte de Apelaciones presentó el Consejo de Pueblos Atacameños impugnando el acuerdo suscrito en enero entre CORFO y SQM, en el  que el organismo estatal renovó a la minera no metálica la cuota de explotación de litio hasta el año 2030, lo que le permite seguir operando en la zona.

La acción legal tiene como finalidad solicitar que se respete el derecho a consulta indígena y que se tomen medidas concretas para la sustentabilidad de la cuenca del Salar de Atacama, donde habitan las comunidades y que hoy, por incumplimientos ambientales de las empresas que explotan el mineral en el área, se encuentra en un nivel crítico desde el punto de vista ambiental.

Según el libelo ingresado en la justicia el 15 de febrero de 2017 (Rol 10.301-2018), se considera absolutamente contradictorio que el Estado acuerde renovarle la concesión a una empresa infractora ambientalmente (SQM) y confesa de tales incumplimientos y que, además, ha defraudado al fisco de múltiples maneras. Esto sin mencionar la trama del financiamiento ilegal de campañas.

En lo específico, el recurso de protección se basa en que CORFO autorice a SQM a seguir explotando el litio que proviene directamente de los recursos hídricos que son el principal sustento para la subsistencia de la cultura atacameña, sin ninguna garantía ambiental para las comunidades que viven en este territorio. Por ello se considera que el acuerdo suscrito en enero de este año es inconstitucional, vulnera el derecho a consulta indígena de las comunidades atacameñas -pues se interviene una vez más el territorio- y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación del pueblo atacameño.