La organización terrorista ETA reconoció hoy el “daño causado” a las víctimas -más de 850 muertos- y dice que “lo siente de veras”, a quince días de su anunciada disolución tras casi sesenta años de existencia, aunque políticos y damnificados critican que distinga entre víctimas.

La banda hizo público este viernes un comunicado a través de dos diarios vascos en el que expresó su pesar por el dolor provocado a todos los afectados por sus acciones y pidió “perdón” expresamente a las víctimas que no estaban relacionadas “directamente” con lo que ellos califican de “conflicto”.

Ante este texto, Gobierno español subrayó que se mantiene al lado de las víctimas, donde ha estado “siempre”, insistió su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, quien garantizó que el “relato” final de lo ocurrido “no será el de ETA”.

El comunicado, a juicio de Méndez de Vigo, “certifica la derrota total de ETA, la derrota política, la derrota social, la derrota económica, la derrota internacional”.

En el texto la organización terrorista afirma: “Sabemos que, obligados por las necesidades de todo tipo de la lucha armada, nuestra actuación ha perjudicado a ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna.También hemos provocado graves daños que no tienen vuelta atrás”.

“A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón. Estas palabras no solucionarán lo sucedido, ni mitigarán tanto dolor. Lo decimos con respeto, sin querer provocar de nuevo aflicción alguna”, agrega.

Este matiz ha provocado la crítica de partidos y asociaciones de víctimas, al considerar que la banda distingue entre ellas.

En este sentido, el presidente del Gobierno vasco, Íñigo Urkullu, pidió hoy a ETA que tenga “en la misma consideración” a todas las víctimas y reconozca el daño injusto causado por su actividad.

También la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, hermana de un joven concejal asesinado por ETA, calificó de “vergonzoso e inmoral” que ETA distinga entre “quienes se merecían un tiro en la nuca y una bomba en el coche y quienes fueron víctimas por casualidad porque no se lo merecían”.

Asimismo, asociaciones de guardias civiles y de miembros de cuerpos de seguridad del Estado víctimas del terrorismo etarra han criticado esa distinción que hace la banda entre sus víctimas.

Además de los cientos de militares y agentes de la Guardia Civil y de la Policía muertos, ETA ha asesinado a muchos civiles (el 40 % de sus víctimas) en atentados indiscriminados, el más cruento de ellos, el ocurrido en un supermercado en Barcelona, en 1987, donde murieron 21 personas.

“Nadie puede cambiar el pasado, pero una de las cosas más perjudiciales que se podría hacer ahora sería intentar desfigurarlo u ocultar determinados episodios. Reconozcamos todos la responsabilidad contraída y el daño causado”, afirma el texto de ETA.

El comunicado de este lunes es un paso más previo a su anunciada disolución, el próximo 5 de mayo, años después de que la organización terrorista anunciara el cese definitivo de sus acciones violentas, en octubre de 2011.

Desde entonces, tanto ETA, a través fundamentalmente de sus presos, como la izquierda radical que ha sido su voz en política, habían dado algunos tímidos pasos dirigidos a reconocer el daño causado, una demanda insistente por parte de las asociaciones de víctimas y de partidos políticos.

A raíz del comunicado etarra, los obispos del país Vasco, Navarra y de la localidad francesa de Bayona pidieron “sinceramente perdón” por las “complicidades, ambigüedades y omisiones” que se han dado en el seno de la Iglesia durante los años de terrorismo de ETA.

Además de los asesinatos, la banda cometió a lo largo de cinco décadas decenas de secuestros, el más largo de ellos el sufrido por el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que estuvo 532 días secuestrado en un pequeño cubículo.

Asimismo, extorsionó a numerosos empresarios para obtener fondos para la organización.

ETA surgió a finales de la década de los 50 del siglo pasado con el objetivo de lograr la independencia del País Vasco a través de la violencia terrorista.

El primer crimen reconocido por la banda fue el de un agente de la Guardia Civil en 1968, y el último, un gendarme francés en 2010.