No deja de resultar curioso que luego de que el Estado agravió a un colectivo, en este caso al Pueblo Mapuche con un montaje como la operación Huracán y el caso Antorcha, en vez de ofrecer un trato reparador, las autoridades terminen endureciendo un discurso punitivo y fortaleciendo su capacidad represiva. Uno esperaría que fuese al revés, pero no. Los recursos y las medidas destinadas a la desmovilización política del movimiento mapuche van en escalada en la reciente década y lo que hace el Presidente Piñera no es seguir arbitrariamente su propia lógica, sino reproducir la manera en que el Estado chileno, incluido los gobiernos de centro izquierda, ha negado, reprimido y criminalizado a aquellos mapuche –tanto pacíficos como violentos- que levantan demandas políticas y estructurales. El plan del nuevo gobierno no deja de recordarnos lo que hizo el ex Presidente Lagos luego de que un carabinero asesinara al joven mapuche Alex Lemun el año 2002. La respuesta del Estado fue fortalecer su capacidad represiva mientras la propia Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas preparaba su informe. La neutralización política del Pueblo Mapuche se ha constituido en una de las principales políticas transversales entre los gobiernos del presente siglo.

Es cosa de revisar los planes y propuesta de cada gobierno para identificar allí la misma receta en ollas distintas para resolver el conflicto: 1) intentando integrar al Pueblo Mapuche al modelo productivo neoliberal y extractivista (el mismo que el movimiento combate), 2) resaltando folclóricamente la cultura mapuche sin reconocerlos institucional y políticamente, 3) negando la posibilidad de dialogar con aquellas organizaciones mapuche que levantan las demandas políticas en juego y que son parte fundamental del conflicto (incluido los sectores moderados y liberales del movimiento mapuche), entablando negociaciones exclusivamente con sectores despolitizados con nula incidencia y 4) incrementando -al parecer sin límites- la capacidad represiva. Bachelet en su segundo mandato aumentó 10 veces el gasto policial del primer mandato de Piñera, y ahora uno se pregunta –pensando que parece existir una competencia por quién es el más represivo- en cuánto lo aumentará Piñera a lo largo de su segundo gobierno. Al menos las medidas ya tomadas dan cuenta de una radicalización progresiva de las posiciones del Estado, proponiendo endurecer la Ley Antiterrorista y la capacidad policial destinada a la neutralización de la causa mapuche. Comparemos también lo que hizo el propio Piñera en su primer mandato con lo que hoy está anunciando.

Una de las primeras medidas del primer gobierno de Piñera fue congelar la ejecución del Fondo de Tierras, mediante la gestión de su Ministro Felipe Kast. Esta medida regresiva en derechos conquistados por el Pueblo Mapuche en el retorno a la democracia, gatilló el incremento de la movilización mapuche, teniendo que ser reactivado el Fondo el año siguiente. En el marco de una nueva institucionalidad indígena, con el Convenio 169 de la OIT recién vigente, en el segundo semestre del 2010 Piñera se abrió a reformular la Ley Antiterrorista y desistió de invocarla en la querellas mentenidas contra mapuches. Recogía así –al menos parcialmente- las demandas de los líderes en huelga de hambre, entre ellos Hector Llaitul, reconociendo que Chile necesitaba respetar sus compromisos internacionales en materia indígena y que la Ley Antiterrrotista entonces no se ajustaba a ellos.

En paralelo, con la cúpula de la CAM en prisión desde el gobierno anterior, Piñera tuvo una doble estratégica política y comunicacional: por un lado, reprimir a las organizaciones de Malleco con gran espectacularidad bélica, en particular a la Alianza Territorial Mapuche, y por otro, ya con el Ministro Joaquín Lavín en ejercicio, comprar tierras y desagraviar a ciertas comunidades en conflicto territoriales históricos, como los propios lokos de Temulemu, procesados por la Ley Antiterrorista en el Gobierno de Ricardo Lagos. La característica común de estas dos políticas contradictorias era el despliegue comunicacional de alto impacto que alcanzaban. Finalmente, fue el asesinato al matrimonio Luchsinger-Mackay en la provincia de Cautín el que radicalizó y fundamentó la postura más represiva del gobierno, permitiendo caricaturizar el conflicto político y estructural concentrado en la Provincia de Arauco y Malleco entre las comunidades y los grandes holdings madereros, como un conflicto meramente cultural de convicencia entre vecinos: los “mapuches” versus “los agricultores chilenos” víctimas de la “violencia rural”. Hoy continúan sacándole lustre a esa caricatura, fortaleciendo la capacidad represiva de las policias y aplicando la Ley Antiterrorista, y proponiendo fortalecerla. Sin duda, esto representa la continuidad y el fortaleciemiento de las medidas de Bachelet, pero con ciertos matices que se revisan a continuación.

A diferencia de Bachelet, Piñera tiene a gran parte de su electorado en la élite chileno-europea de Cautín y mediáticamente concentra su labor allí, escoltado por la Multigremial y los camioneros (de la madera). Sus ministros ya no hablan de “robo de madera”, y no se muestran explicitamente preocupados por la industria forestal concentrada principalmente en Arauco, como lo hacía Mahmud Aleuy, sino que hablan de “terrorismo” y “violencia rural” contra los agricultores concentrados en Cautín y en menor medida en Malleco, tal como lo hacía Jorge Burgos. Económicamente, Piñera no depende necesariamente de los grandes conglomerados madereros como el resto de la clase política, y le resulta rentable – con fines electorales y comunicacionales- sacarle lustre al caso Luchsinger y a la protección de la familias de agricultores chileno-europeos del sur de la Araucanía. Con todo, más allás de estos matices, tal como su predecesora, reincide en el error de creer que basta con folclorizar y sacar de la pobreza a los mapuche, sin restituirles el territorio ni reconocerles derechos políticos. Insistiendo en esta msima perspectiva, Piñera aparentemente le dará continuidad al proyecto desmovilizador de Bachelet encargándose de proteger con total favoritismo a la élite chilena (las “únicas” victimas de la violencia), sin convocar públicamente a un diálogo justo y reparador a los principales involucrados de un conflicto mayor que gira más bien entorno a cómo nos gobernamos y cómo producimos y nos desarrollamos en territorio mapuche: los empresarios chilenos con oficinas en Sanhattan con sus industrias madereras en el territorio y las organizaciones que levantan demandas políticas.

Píñera evidentemente sabe que en su primer gobierno con medidas regresivas y represivas tuvo como respuesta la mayor movilización mapuche de la década (con su peak de protesta en 2012), sabe que la represión genera más violencia y más protesta en el caso del pueblo mapuche, pero si sigue probando “remedios peores que la enfermedad”, es porque hoy comienza a guiarse por ideologías conservadoras o por calculos políticos que distan del pragmatismo de su etapa “lavinezca”, donde dialogaba con los mapuche en huelga de hambre, celebraba entrega de predios en territorios de movilización histórica y celebraba consultas indígenas a tono con el Convenio 169 de la OIT. Cuando amenazó en campaña que revisaría este convenio que consagra el derecho a participación y consulta indígena, cuando hoy propone endurecer la Ley Antiterrorista que él mismo desestimó y criticó en su primer gobierno, y cuando ya no dialóga con los mapuche en huelga de hambre (arriesgando la muerte de una autoridad espiritual mapuche), parece que -alejado de su habitual pragmatismo- dejó a los sectores locales más conservadores que decidan por él a riesgo de incendiar la Araucanía o simplemente que en su incesante posta con Bachelet esta nunca tuvo zanahoria que heredarle. En la posta Bachelet-Piñera tristemente el valioso Informe del Proceso Constituyente Indígena, que visibilizaba alternativas y demandas concretas del pueblo mapuche, parece que se entregó en el disco duro formateado de Dávalos. En esta posta donde se intenta superar el record del gobierno anterior, parece que la meta no es construir la paz, sino ser simplemente el que se muestra más duro, fuerte y decidido con el tema. No obstante, el único presidente que traerá realmente tiempos mejores para la Araucanía será el primero que apueste por un paz sustentable y basada en la justicia, atreviéndose a reconocer en el movimiento mapuche un actor político con quien dialogar y negociar, y a identificar en sus demandas y protestas, no una amenaza, sino desafío administrativo y eco-productivo para el Estado y nuestra democracia.

Escrita por: 

Nicolas Rojas Pedemonte, Centro Vives, Universidad Alberto Hurtado.

David Soto SJ, Comunidad Jesuita de Tirúa.