Si Chile destaca en Latinoamérica por sus políticas en materia de seguridad ciudadana, existe un área en la que desafortunadamente no hay diferencia: la crisis penitenciaria.

No sólo es un problema de hacinamiento, de pésimas condiciones infraestructurales, mínimos espacios y recursos para la rehabilitación, mínimo acceso a tratamientos de adicciones, o de alta presencia de violencia al interior de los recintos. La cárcel se convierte en una universidad del delito cuando está pensada como un enorme depósito para “inhabilitar” criminales o para “sacarlos de circulación”. En los últimos años en Chile se ha construido la idea de que la cárcel puede ser considerada parte de las soluciones contra el crimen. Eso es falso.

En el país pueblan las cárceles aquellos que están en la parte más débil de la estructura criminal, aquellos que se dedican al robo y al hurto, así como los que venden pequeñas cantidades de droga en los espacios públicos o son soldados en organizaciones criminales que no son detenidas ni desmanteladas. El acceso a apoyo legal particular y cualificado, las redes y el dinero, aún siguen haciendo diferencia.

No están en la cárcel quienes lideran organizaciones criminales que perturban y perjudican profunda e imperceptiblemente al país, salvo si califican en la desactualizada categoría de “mayor connotación”. Fuera quedan el lavado de activos, los fraudes económicos, los ciber-delitos, la corrupción, la trata de personas o el tráfico de migrantes, entre otros graves delitos, que aunque nos afectan profundamente como sociedad, no son los que llenan las prisiones.

No extraña entonces que la mayoría de las personas privadas de libertad no hayan tenido nunca un trabajo estable, tengan muy bajos niveles de educación, sean padres antes de los 20 años y se establezcan con niveles de vida precarios. Si el sistema no es selectivo en relación con la pobreza ¿qué explica que tengamos las cárceles llenas de gente que pertenece a los sectores más vulnerados y vulnerables de la sociedad? La cárcel es solo un espejo en el que se mira y refleja una sociedad fragmentada, segregada y centrada en la exclusión de algunos, que cuando infringen la ley, terminan presos.

La inversión en sistemas concesionados no permite aún afirmar si son más efectivos en disminuir la reincidencia. De hecho no permite afirmar casi nada, salvo que los costos han sido mucho más altos de los estimados inicialmente. En términos financieros resulta paradojal que la sociedad gaste más del doble de un salario mínimo para mantener presos a muchos que empezaron su carrera criminal justamente por la necesidad de acceder a condiciones económicas básicas para sobrevivir.

La mayoría de las propuestas de reforma han puesto énfasis en construcción de recintos modernos, en la urgencia de contar con recintos segregados por tipo de población penitenciaria, para evitar el contagio criminal y mejorar los resultados de programas de reinserción, en contar con la necesaria interdisciplinaridad en los equipos de gendarmería, o la urgencia de mayor inversión en programas de reinserción postpenitenciaria. Todo lo anterior es necesario y se viene reclamando prácticamente desde el regreso de la democracia. Casi 30 años en que la crisis carcelaria es una preocupación secundaria para los gobiernos.

Es hora de exigir una urgencia diferente.

La cárcel hoy es parte del problema de la inseguridad. La solución pasa por mecanismos de intervención serios (caros ciertamente, pero efectivos) que inhiban el desarrollo de carreras criminales en niños enfrentados a factores de riesgo. Ahí debería estar el dinero de la prevención del delito. La solución también pasa por la consolidación de un sistema de atención a jóvenes infractores en casos de delitos no violentos. Acompañamiento y mentoría están confirmadas como excelentes herramientas.

Mientras sigamos pensando que el desafío es la reinserción sin pensar en la calidad de los espacios y las oportunidades que tienen los que hoy pagan condena, nos estaremos mintiendo. Mentiras que se reproducen mientras miles duermen encerrados en espacios de violencia y marginalidad. Miles que en el corto plazo tendrán que enfrentar la vida fuera de la cárcel sin ningún instrumento efectivo de cambio. Un debate serio sobre uso y efectividad de la cárcel es no sólo urgente sino imprescindible.

*Paula Vial es académica de la Universidad de Santiago de Chile
*Lucía Dammert es académica de Derecho UC