El conflicto que enfrenta a dos regiones de Bolivia por los beneficios del gas registró hoy nuevos incidentes en Sucre, capital del país, donde el gobernador y el alcalde tuvieron que salir a la carrera para evitar ser apedreados.

Esteban Urquizu, gobernador de Chuquisaca, la región sureña donde se encuentra Sucre, tuvo que huir apresuradamente de exaltados que le arrojaban piedras y otros objetos en el centro de la ciudad, según mostraron distintos canales de televisión de Bolivia.

El gobernador fue increpado cuando se dirigía a una reunión por la plaza principal de la ciudad, que lleva más de una semana prácticamente paralizada por un paro cívico debido al conflicto con la vecina región de Santa Cruz.

Una situación similar la sufrió el alcalde de Sucre, Iván Arciénega, que al igual que Urquizu milita en el Movimiento al Socialismo (MAS), que sustenta al Gobierno de Evo Morales, al que colectivos de Chuquisaca culpan del enfrentamiento con sus vecinos cruceños.

Sucre, con unos 300.000 habitantes y sede del poder judicial en Bolivia, vive desde hace ocho días bloqueos en sus calles y en carreteras que comunican con otras partes del país, incluida la que da acceso al aeropuerto.

Las protestas ciudadanas dejan notablemente paralizada la actividad habitual en la ciudad, uno de cuyos principales recursos es el turismo, al estar declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Las movilizaciones comenzaron tras una sentencia judicial que sitúa el campo de gas de Incahuasi en Santa Cruz, el mayor y más próspero departamento de Bolivia, que tendría derecho a la totalidad de una serie de beneficios económicos de millones de dólares que reciben las regiones donde se encuentran los recursos naturales.

El Gobierno central acusa a los promotores de las protestas, canalizadas a través del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca, de actuar por intereses políticos contra el Ejecutivo en su intento de mediar en la disputa.

Un informe de 2016 fijó que la reserva de gas en su totalidad está en suelo cruceño, pero fue objetado por autoridades de Chuquisaca, que pidieron un estudio de límites al considerar que la demarcación entre ambas regiones es difusa.

En diciembre del año pasado el Tribunal Constitucional de Bolivia ordenó la paralización del pago de beneficios, en tanto no finalice ese estudio, pero otro fallo judicial a finales del pasado abril decretó que se descongelen los pagos a favor de Santa Cruz, lo que levantó a sectores sociales de Chuquisaca.