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Opinión

12 de Mayo de 2018

La silenciada alarma por la seguridad privada

“La importancia de la seguridad privada requiere de mecanismo claros de regulación, para asegurar la calidad de los servicios, la certeza de la respuesta y sobre todo la certeza de la efectividad de lo que se afirma en cuanto a sus resultados”.

Lucía Dammert y Paula Vial
Lucía Dammert y Paula Vial
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El negocio de la seguridad privada aumenta de forma explosiva en un país con temor. Alarmas, cámaras, guardias, patrullaje, transporte de valores, son solo algunos de los productos cada día más utilizados por la ciudadanía, las empresas y el gobierno, para aumentar la sensación de seguridad e intentar reducir la probabilidad de victimización. Las encuestas comunales desarrolladas por el gobierno en el 2016 mostraron que el uso de medidas de seguridad es transversal en el país. Por ejemplo, el 61% de los vecinos de las Condes, el 63% de Estación Central y el 77% de La Pintana han instalado rejas como medida de protección. Las alarmas domiciliarias están también presentes en la cotidianeidad de los chilenos, lo que resulta evidente si consideramos el 36% de los hogares de Las Condes, y 6% de Estación Central que dijeron tener un contrato de este tipo de seguridad. Y la industria de seguridad privada, apoyada por el constante desarrollo tecnológico, incluye muchos otros servicios.

La importancia de la seguridad privada requiere de mecanismos claros de regulación, para asegurar la calidad de los servicios, la certeza de la respuesta y sobre todo la certeza de la efectividad de lo que se afirma en cuanto a sus resultados. ¿Cómo saber, por ejemplo, si es efectivo que los centros comerciales cuentan con los mecanismos de seguridad requeridos para brindar seguridad a los clientes, o si los bancos instalan los cajeros cumpliendo con los requisitos legales de seguridad y si esos son los adecuados? Pero aún más, ¿cómo reconocer si los productos entregados corresponden a la más moderna y más desarrollada tecnología y, por ende, si dan cuenta y respuesta a las necesidades locales?

La industria es necesaria y está regulada de forma ineficiente. Hoy, Carabineros cumple prácticamente todas las funciones relacionadas con la fiscalización y vinculación con las diversas empresas de seguridad. Esta situación ha alentado una incómoda práctica de contratación de funcionarios en retiro en los principales cargos de gerencia de las empresas, lo que incuba y permite conflictos de interés, que no son conocidos ni advertidos públicamente.

Modernizar el marco legal de regulación de la seguridad privada debería ser preocupación principal, no sólo para aumentar la ordenación efectiva de la industria sino también para limitar los espacios de cercanía con la institución policial. Así como en la relación del ejecutivo con la institucionalidad policial es imprescindible contar con civiles expertos, que sean capaces de confrontarlos por transparencia y para examinar, fiscalizar y evaluar técnicamente su desempeño y propuestas, resulta igualmente imprescindible que en materia de seguridad privada se cuente con una institucionalidad reguladora civil experta que norme, oriente, fiscalice y controle el mercado. Sin embargo, no hay prioridad para aprobar una nueva ley de seguridad privada y los proyectos ya están obsoletos y técnica y tecnológicamente desactualizados.

En efecto, desde el 2009 existe una propuesta de ley que fue objeto de diversas indicaciones pero que, atendida la falta de priorización, descansa en el Congreso, sin avances. Después de casi una década de tramitación, se trata de un cuerpo legal desactualizado, que no responde a las necesidades de la seguridad privada del Chile actual, y en la que nadie parece poner la atención, pese a la urgencia en su regulación.

¿Por qué?

Algunas de las propuestas que han surgido relevan la necesidad de contar con una superintendencia de seguridad privada, o se sugiere la alternativa de una división en la subsecretaria del Interior o una división en la subsecretaria de Prevención del delito, para jugar un rol principal en la regulación de la industria. Si bien parece la alternativa más adecuada aquella que propone una superintendencia que cuente con autonomía y especificidades y personal altamente calificado, cualquiera por la que se optara debería incluir concursos de alta dirección y definiciones de largo plazo.

Los casos de faltas a la probidad que han aparecido en los últimos años respecto de algunas autoridades de Carabineros y la necesidad de una verdadera reforma del trabajo policial, son un aliciente y abren las puertas para agilizar el debate sobre la ley de seguridad privada. La falta de interés por abordar a conciencia esta tarea ha permitido espacios de opacidad, y posiblemente de ineficiencia, que afectan directamente a la ciudadanía en su totalidad.

En la agenda legislativa del gobierno se debería incluir el debate, y puesta al día de la propuesta que está hoy en el Congreso, así como avanzar para convertirlo en un espacio de especialización civil y verdadera regulación de la iniciativa privada.

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