Ismael Pérez Vilche, un joven de 32 años, murió el pasado 22 de abril cuando la Policía de Nicaragua le disparó a sangre fría mientras ayudaba a sus vecinos para que un grupo de maleantes no saqueara uno de los únicos supermercados de su barrio.

Su madre y su hermana, aún compungidas por una muerte que sigue siendo “inexplicable”, muestran su rostro a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un hotel de Managua, donde está abierta una oficina que recibirá denuncias de la población hasta este domingo.

Ismael era “un hijo intachable”. Trabajaba como albañil en una empresa nicaragüense desde hacía unos años. Tenía pareja y dos hijos pequeños: un niño de 10 y una niña de 13. Los dos han quedado huérfanos. Eran las 10.00 de la mañana cuando su padre daba su último respiro antes de subir a protegerlos “desde el cielo”.

Su hermana Betty va recordando a Efe los hechos mientras saca de un pequeño sobre los últimos recuerdos que tiene de él y las pruebas que le presentará a la Comisión para demandar justicia, pues asegura que fue un agente de la policía el que le disparó.

Era domingo. En su empresa le habían dicho que regresara a su casa porque los paros, las protestas y los bloqueos en las calles no daban seguridad para trabajar. Y él volvía a su hogar cuando decidió ayudar a sus vecinos a proteger el supermercado local de unos saqueadores. No sabía que se encontraría con la muerte.

Betty y su madre no saben lo que pasó. Nadie lo sabe. Pero en un video que muestran a Efe se ve cómo dos jóvenes cargan a Ismael, un “muchacho trabajador”, y lo arrastran como pueden por una carretera para alejarlo de unos disparos que se oyen a lo lejos.

Lo dejan en el suelo. Su cara está ensangrentada y deformada. Tiene un disparo en el rostro. Instantes después fallece. La Policía les aseguró que ellos disparaban balas de goma y que no alcanzaron a su hermano, pero Betty recogió varios casquillos del lugar. Los tiene guardados en un pequeño sobre que se ha convertido en un baúl de la memoria.

“No entiendo que ha pasado”, repite una y otra vez aún con lágrimas en los ojos. Su hermano no se metía en problemas y tampoco era miembro o simpatizante de ningún grupo o partido político: “Él siempre decía no soy chicha ni limoná, si no trabajo no como”.

Con solo recordarlo, Betty coge fuerzas para seguir luchando. Solo quiere “que se haga justicia con todos los caídos”. Al menos 61.

Este propósito es el que reúne a decenas de madres y familiares de las víctimas que pasan por este hotel. Como Francisca y Esperanza. Madre e hija.

Ambas buscan justicia para Marco Antonio Samorio, un joven de 30 años que trabajaba en una empresa haciendo sacos de nylon.

El 21 de abril regresaba a su casa de trabajar. Eran las 10.00 de la noche cuando, según cuenta su abuela Francisca, se vio atrapado “en el fuego cruzado” que protagonizaban manifestantes y agentes de la Policía a un kilómetro de su casa.

En su acta de defunción, a la que tuvo acceso Efe, pone que murió por un disparo de arma de fuego y hemorragia masiva.

Era un “fanático” del fútbol con toda la vida por delante y con miles de sueños por cumplir. Estas dos mujeres solo buscan saber “dónde y cómo murió” y dar con los responsables de este crimen para que “paguen”. Aunque su abuela tiene poca esperanza.

En sus recuerdos están los años de la revolución y las “mañas” que ha usado este Gobierno en los últimos 11 años para callarlos. Tiene miedo. Incluso a salir a la calle. Pero es una de esas voces que está dispuesta a arriesgarse para dar con la verdad y crear, si es posible, memoria y conciencia.