*Por Paulina Ruiz Tapia

Puertas adentro, el Ministerio Público ostenta diversas particularidades en comparación a otros servicios del Estado, por ejemplo, aparece como contrario a la carrera funcionaria que no exista en algunos niveles concursabilidad de altos cargos públicos, una orgánica donde las direcciones ejecutivas, jefaturas de recursos humanos y las unidades que dirigen la gestión de las fiscalías, tanto a nivel nacional como regional, son nombradas como “cargos de confianza”, sin presentar ni oponer antecedentes en un concurso, como dicta el espíritu de la modernización del Estado.

Y en el caso de tratarse de cargos concursables, ¿cómo se vela por la transparencia de estos procesos? La respuesta es fácil: los resultados no son apelables ni reclamables ante ninguna entidad externa.

El Ministerio Público ha estado ajeno desde sus inicios a fiscalizaciones externas que cumplan con la rigurosidad que aplica la Contraloría General de la República a la generalidad de los Servicios del Estado, y en lo laboral, no
hay una entidad que determine la legalidad de las actuaciones administrativas ejecutadas al interior de las fiscalías. Esta situación ha permitido que al interior de la institución se cometan una serie de vulneraciones contra los trabajadores y que se traducen en prácticas como despidos injustificados, represalias, anomalías en concursos públicos entre otras situaciones.

Creemos que no existen los medios mínimos al interior del Ministerio Público para poder garantizar, de manera efectiva, los derechos laborales de los trabajadores de la Fiscalía de Chile.

Resulta contradictorio: los trabajadores del ente persecutor no tienen garantizadas las herramientas que permitan generar una defensa en igualdad de condiciones ante una eventual vulneración, incluso, en el caso de llegar a Tribunales Laborales, al órgano persecutor lo representa el Consejo de Defensa del Estado, mientras que los funcionarios sólo tienen el respaldo de sus dirigentes y el apoyo jurídico que pueda lograr con sus propios medios.

Es por ello que FENAMIP, ha denunciado esta problemática buscando una reforma legal que permita la competencia de la Contraloría General de la República para que ésta ejerza control sobre el Ministerio Público, de manera acorde a los estándares aplicados a los demás servicios públicos del Estado.

Para construir este nuevo Ministerio Público, no sólo es necesario terminar con las malas prácticas en el ámbito laboral las que, sin duda, generan un perjuicio para el buen funcionamiento institucional, sino también abordar el
gran desafío que implica atreverse a revisar los actuales sistemas de trabajo, medida fundamental y necesaria para confirmar si los diseños actuales son adecuados para la realidad nacional e institucional.

Es así, como urge un enfoque de fortalecimiento que priorice no solamente a las unidades de tramitación masiva de causas, sino también a los equipos investigativos, que han quedado en segundo plano en las últimas propuestas.

Finalmente, toda gestión pública moderna deber abocarse a revisar la calidad de vida que llevan sus integrantes, la capacidad de reacción ante denuncias por acoso o maltrato laboral, asumir que los indicadores de género van más
allá de las cifras de mujeres contratadas, elaborar dinámicas de prevención más que de reacción ante los conflictos laborales y sobre todo, asumir que la autonomía se concibió para efectos de la persecución penal y que, en todos los demás ámbitos, especialmente en el laboral y financiero, somos un servicio más, autónomo, pero no independiente de la lógica del resto de las instituciones del Estado.

*Presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (FENAMIP).