En medio del sorpresivo retorno de Julio Ponce Lerou a SQM, movida que se tildó como de “burla” para los chilenos, parten este miércoles 6 de junio los alegatos a través de los cuales el Consejo de Pueblos Atacameños pide que se respete, por parte del Estado chileno, el convenio 169 de la OIT, instancia que determina la consulta a las comunidades respecto de la extracción de recursos. En este caso el litio.

Como se recuerda, la acción judicial fue interpuesta una vez que el 17 de enero de este año SQM y CORFO, en representación del Estado de Chile, suscribieran un acuerdo a partir de dos contratos, mediante los cuales se triplicaron las cuotas para explotar, procesar y vender litio, negociación que se realizó sin consulta a las comunidades indígenas, tal como lo ordena el Convenio 169 de la OIT.

La cosa es que dentro de las condiciones del acuerdo, se establecía que ni Julio Ponce ni sus familiares podían controlar la minera no metálica. Cuestión que de alguna manera se rompe.

Por eso es que los alegatos se dan justo cuando Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet regresa a la empresa mediante la que se repartieron platas políticas a destajo.

“Con esta medida buscamos que el Estado reconozca que los pueblos originarios todavía existen en la cuenca de Atacama, y que debe realizarse la consulta. Nosotros exigimos que no se vuelva a vulnerar el derecho de los pueblos indígenas, como lo hicieron con este convenio entre SQM y CORFO”, dice Ana Ramos, presidenta de la Comunidad de Solor e integrante del Consejo de Pueblos Atacameños

El abogado Jaime Madariaga, representante del Consejo que reúne a las 18 comunidades atacameñas de la cuenca de Atacama, afirma por su parte que “el Estado de Chile, a través de CORFO, ha beneficiado a SQM triplicando la cuota de extracción de litio en el Salar de Atacama, pero lo ha hecho violando un Tratado Internacional de Derechos Humanos. Si el Estado se obligó cumplir el Convenio 169 de la OIT es especialmente vergonzoso que lo incumpla porque el negocio es demasiado bueno. En la balanza de la justicia debe primar el derecho de un pueblo a subsistir en armonía con la naturaleza por sobre el derecho de una empresa a ganar más miles de millones de los que ya gana”.