Así se apoderó Julio Ponce de SQM durante la Dictadura

Al abordaje de Soquimich

Soquimich comenzó sus operaciones el 1° de julio de 1968, con las Oficinas Pedro de Valdivia, María Elena y Victoria, haciéndose cargo además de la comercialización del salitre, yodo y otros subproductos. Era dueña del Ferrocarril de Tocopilla al Toco, que unía las minas con el puerto de Tocopilla, donde la compañía tenía muelles, silos de almacenaje con capacidad para 70 mil toneladas, e instalaciones de carga del bultos automática; el puerto y el ferrocarril pasaron a formar una filial de Soquimich: Servicios Integrales de Tránsitos y Transferencias. Al reemplazar a la Covensa, adquirieron también sus oficinas administrativas en Santiago, en la calle Teatinos, fletes de 14 mil toneladas y las filiales de venta en el extranjero: la Nitrate Corporation of Chile Ltd., en Londres; la Chilean Nitrate Sales Corporation, en Nueva York; y otras oficinas en España, Francia, Brasil, Bélgica y Holanda.
En su primer año Soquimich tuvo graves problemas económicos. El balance fue negativo, con una pérdida superior a los nueves. Hubo una baja producción por una serie de huelgas en las Oficinas Pedro de Valdivia y María Elena que se vieron paralizadas. Por otro lado, el abastecimiento de algunos elementos indispensables fue interrumpido debido al término del Referéndum Salitrero el 30 de junio de 1968 (42). Sólo se produjeron 694 mil toneladas, casi 250 toneladas menos de lo previsto para el año 1968-69; las ventas se vieron fuertemente afectadas y los costos de producción alcanzaron niveles altísimos.

Durante el año 1969-70 las cosas empeoraron. No llegaban repuestos, persistían las deficiencias técnicas y las relaciones con el personal seguían muy inestables. En marzo de 1970 una prolongada huelga causó pérdidas que los dueños estadounidenses no pudieron cubrir y la Corfo tomó el 51% de la propiedad de la empresa.

Con la llegada de Salvador Allende a La Moneda se hizo efectiva la nacionalización total de Soquimich. El 28 de mayo de 1971 la Anglo-Lautaro se vio obligada a vender el resto de sus acciones, y el Estado de Chile pasó a ser el único propietario de la empresa. A través de la reforma constitucional por la Ley N° 17.540 la nacionalización por expropiación quedó validada.

La memoria anual de 1971 de la Compañía Anglo-Lautaro Nitrate Ltda. decía: “Como fue informado por carta a los accionistas en junio de 1971, la Compañía vendió el 49% de sus intereses a Soquimich y US$ 24.600.000 bonos de SQM a la Corfo.

En una visita a las oficinas María Elena y Pedro de Valdivia el presidente Allende dijo a los obreros: “Hemos terminado con los chilenos que ganaban en dólares, chilenos con mentalidad extranjera, ávidos de ganar plata, chilenos que negaban a Chile a costa del esfuerzo de ustedes. No habrá un solo chileno que gane en dólares en Chile, camaradas”.

En el Resumen del Plan Económico Nacional presentado por la Oficina de Planificación Nacional para los años 1971-76, se destacan tres puntos fundamentales para el futuro de la industria del salitre: 1) Un aumento sustancial de producción: para 1971-72 la meta asignada era de 888.500 toneladas y a partir de 1973, se debía alcanzar 1 millón de toneladas; 2) Un plan de inversiones en tres sectores: mejoramiento de los equipos, ampliación de las plantas y nuevos proyectos, por una suma total de más de US$ 9 millones; 3) Un programa de investigación y desarrollo destinado a determinar nuevos usos para el salitre y sus derivados.

Sin embargo, entre 1970-73 los objetivos de explotación para toda la industria nacionalizada en Chile eran sociales y no económicos, de hecho, sin contabilidad de costos. No hubo, ni hay idea clara de la magnitud de las pérdidas que fueron sostenidas durante esos tres años. Como los gastos e ingresos en dólares fueron considerados en esa moneda, y los gastos e ingresos locales en pesos, cuando la economía chilena entró en hiperinflación la tasa de cambio del dólar podía variar significativamente entre la mañana y la tarde haciendo imposible la contabilidad de costos en dólares.

Tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, la dictadura tuvo grandes problemas para controlar la inflación. La tasa anual fue de 375% en 1974 y no bajó al 30% hasta 1980. Soquimich quedó bajo el control del Ministerio de Minería encabezado por el general de Carabineros Arturo Yovane. Se nombró un nuevo directorio presidido por Enrique Valenzuela Blanquier y se diseñó un nuevo plan de Inversiones para recuperar la eficiencia de las plantas.
La industria del salitre fue afectada seriamente por la crisis del petróleo que dejó al mundo en recesión en 1975. Soquimich importaba todo su combustible y los costos de explotación y producción en sus minas y plantas se fueron a las nubes. Paralelamente, fue modificada la Ley de Transporte Oceánico chilena y la empresa tuvo que prescindir de cinco de sus operadores de embarque.

En Soquimich, las fuertes pérdidas desde 1973 fueron toleradas porque la industria salitrera estaba ubicada en una región de una baja densidad de población. En 1970 había 58 mil personas viviendo en las instalaciones de la compañía y era un factor clave en el empleo regional. Además, el Ejército creía que era estratégicamente importante para sostener los pueblos en la frontera norte donde Chile temía una posible invasión por parte de Perú y Bolivia. La Oficina Alemania, también una gran empleadora, pero ubicada muy lejos de la frontera, fue cerrada en 1975. La Oficina Victoria, a pesar de su estratégica ubicación cerca de Iquique, fue también clausurada en 1979, por estar obsoleta y ser antieconómica.

Al finalizar la década la década de 1970, el golpe de gracia para Soquimich fue dado por los teóricos económicos chilenos, los llamados “Chicago boys”, quienes fijaron el tipo de cambio del dólar por casi tres años (1978-1981), con la idea de que esto sanaría la inflación crónica de Chile. Por el contrario, el efecto del tipo de cambio fijo fue elevar el valor en dólares de los salarios y otros costos en moneda local a casi el doble de los costos normales norteamericanos. Este error económico infló artificialmente los costos de operación de las industrias locales, hasta el extremo que Codelco estuvo a punto de hundirse, y generó pérdidas significativas para las minas de cobre de Exxon.
Para tratar de salir adelante, el general Augusto Pinochet hizo caso a los economistas neoliberales que le asesoraban y optó por privatizar gran parte de las industrias que estaban en poder del Estado. El propósito principal fue conseguir recursos frescos para paliar el rescate de la banca, que requería una emisión de bonos equivalente al valor de cerca de un 30% del PIB.

La decisión de privatizar las empresas estatales significó para Soquimich un nuevo manejo a fines de 1981, con instrucciones de preparar la compañía para su venta. Para hacer esto, tuvieron que dedicarse a un marketing agresivo y a una reducción en los costos. Las cifras financieras para el periodo 1980 a 1988 hablan por sí mismas de la efectividad de las medidas. Pero las abruptas caídas en el precio mundial de combustibles y el alza en el precio del yodo, contribuyeron significativamente a conseguir esas metas.

A partir de los inicios de la década de 1980, Soquimich estuvo sujeto a varias transformaciones de orden administrativo y financiero destinadas a lograr la privatización de la compañía. En 1982, Julio Ponce y su equipo capturaron nuevamente el mercado de fertilizantes chileno bajando los precios; una vez que se libraron de la competencia subieron los precios y mantuvieron sus clientes a través de arreglos financieros. También se puso mayor énfasis en el ámbito comercial a través de una gran campaña en el extranjero.

Coincidencia o no, el nuevo Código Minero, diseñado por José Piñera desde el ministerio del ramo, estableció en 1983 que los nitratos y sales análogas, el yodo y los compuestos químicos derivados ya no estaban reservados exclusivamente al Estado. No obstante, el gobierno militar dispuso un período de seis meses para que Corfo y Soquimich fuesen los únicos que pudieran efectuar manifestaciones mineras, es decir, constituir propiedad sobre esos recursos.

En marzo de 1984, Corfo otorgó poder a un grupo de abogados vinculados a Soquimich -Armando Gutiérrez Nilo, abogado, asesor legal de Ponce Lerou en Conaf y encargado de antiguas adquisiciones agrícolas en el sur para el yerno de Pinochet; Nelson Zúñiga López, Enrique Donoso Silva y Felipe Acuña Bellany-para que presentaran los pedimentos correspondientes. Ellos manifestaron propiedad minera a favor de Corfo sobre los yacimientos más importantes de salitre y yodo de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, correspondientes al 90 por ciento de los existentes en todo el país. Otro tanto hicieron con los depósitos de litio.

Al promediar los años 80’ Soquimich quedó dueña de más de 93 mil hectáreas de terreno con los mejores yacimientos de yodo y salitre del país y una cantidad no precisada de toneladas de carbonato de litio. Poco después se creó el último eslabón de la cadena privatizadora: el llamado “capitalismo popular”, una pomada muy suave y fragante para inducir a los trabajadores a comprar acciones de las empresas privatizadas, aspirando a participar en la gestión de ellas.

El 18 de marzo de 1983, Soquimich fue inscrita como sociedad anónima abierta en la Superintendencia de Valores y en junio fue admitida en la Bolsa de Comercio de Santiago. Hasta entonces, Corfo tenía el 99,99 por ciento de sus acciones y Endesa el 0,001 restante. Aquel año, el último en que Ponce Lerou estuvo a la cabeza del directorio de Soquimich en representación del Estado, fue vendido el 1,3 por ciento de la empresa. Julio Ponce tuvo que renunciar a Corfo y desaparecer de la escena pública luego del escándalo ocasionado por la circulación de un anónimo opúsculo que lo acusaba de haberse enriquecido de manera ilícita.

La Compañía Exportadora de Minas “Cemin” adquirió un 0,82 por ciento de las acciones. También apareció como accionista Julio Ponce Zamora, padre del presidente del directorio de Soquimich.

La Compañía de Salitre y Yodo de Chile, Cosayach, una de las casi media docena de empresas que se dedicaban a ese negocio minero, propiedad de Francisco Javier Errázuriz, reclamó por el traspaso de pedimentos mineros a Soquimich y, a través de una demanda contra la empresa salitrera y contra Corfo, denunció que en 1985 “Corfo transfirió directamente, sin licitación previa, sin previo conocimiento y refrendación de la Contraloría General de la República, a espaldas del público y a un precio irrisorio -poco más de ocho millones de pesos que nunca se pagaron totalmente- el total de sus derechos sobre esas propiedades mineras a Soquimich”.

Errázuriz enfatizó que la Ley Orgánica Constitucional que reservó al Estado, en la persona de Corfo, el privilegio de mantener pertenencias salitrales para manifestar pertenencias salitrales durante los primeros 180 días de su vigencia, no lo hizo para que luego esos derechos engrosaran el patrimonio del monopolio del salitre chileno. Recordó que hacía no poco tiempo, la prensa escrita y la televisión conocieron las categóricas afirmaciones de Eduardo Bobenrieth, en las cuales declaró que los ripios y pampas de esa zona carecían de valor. Y que luego, sin embargo, adquirió esos mismos terrenos de Corfo, afirmando que los necesitaba como reserva estratégica, para finalmente declarar que construiría sobre las pampas en litigio una nueva planta de salitre, en circunstancias que Soquimich es dueña en la misma región, sin problema legal alguno, de las valiosas y enormes pampas de Soronal. “Sobre ellas, si realmente lo deseara, podría Soquimich invertir para crear trabajo y riqueza. Así, Iquique tendría no sólo la nueva inversión de Cosayach, sino que también la de Soquimich, todo lo cual, en libre competencia, permitiría a los agricultores chilenos acceder a un salitre más barato que la urea importada”, agregó Errázuriz.

El 29 de julio de 1983, siendo aún miembro del directorio de Soquimich, Julio Ponce Lerou –como gerente general de la empresa Kochi S.A, una familia del holding japonés Kowa- adquirió 670 mil acciones de Soquimich a 325,95 pesos casa, el precio más bajo que tuvieron estos papeles a la fecha.

En tanto, el directorio de la Corfo, presidido por el brigadier general Fernando Hormazábal, continuó tomando decisiones que hacían más atractiva la empresa Soquimich para sus compradores nacionales y extranjeros. El 12 de agosto aprobó la creación de las siguientes filiales:
1.- Filial Puerto Tocopilla. Acuerdo N° 52/87, mediante el cual el directorio, por unanimidad, aprobó la creación de una filial para que opere el Puerto de Tocopilla, la que tendrá por objeto el movimiento de mercaderías propias o ajenas en dicho puerto, la carga, descarga y transporte de ellos.
2.- Filial Maestranzas. Por acuerdo N° 53/87, el directorio por unanimidad, acordó la creación de esta filial, que operará las maestranzas que actualmente existen en María Elena y Pedro de Valdivia, con el objeto de operar dichas unidades, ya sea prestando servicias a la empresa o a terceros.
3.- Filial Ventas Nacionales: por acuerdo 54/87, el directorio por unanimidad, aprobó la creación de una filial de Ventas Nacionales la que tendrá por objeto vender los fertilizantes producidos por la Sociedad o comprarlos a terceros en el mercado nacional.

Los acuerdos establecen que estas filiales serán creadas a la brevedad y los derechos pertenecerán en su totalidad a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. o a sus filiales.

Por esos mismos días, guardando las formas, Soquimich informa a la Bolsa de Comercio que tres personas relacionadas con la sociedad han procedido a efectuar algunas transacciones. La compra se realizó entre los días 25 y 28 de agosto y pagaron por cada acción de la empresa 380 pesos. Los adquirentes eran: Eugenio Ponce Lerou, gerente de Ventas, quien compró 9.715 acciones; Oscar Commentz Hulaud, gerente de Finanzas, que se abjudicó 14.061 acciones; y, Hugo Naritelli Hilmer, gerente Técnico y de Desarrollo, que adquirió 10.227 acciones de Soquimich.

Julio Ponce Lerou, en su calidad de gerente de empresas de Corfo, propuso la venta de acciones de Soquimich y Endesa a través de la Bolsa de Comercio hasta un 30 por ciento de su capital. La empresa empezó a tener utilidades y en 1986 se decidió aumentar la participación del sector privado hasta el 49 por ciento del capital social. Ese año, un nuevo ejecutivo de Soquimich, el gerente general Eduardo Bobenrieth, enfrentado a un período de negociación colectiva con los trabajadores, propuso una idea que facilitaría la tarea de Ponce Lerou. Varios años más tarde, en junio de 1991, el periodista Gilberto Villarroel reveló en el diario La Nación como se tejió aquella historia.
Corfo le había prohibido a Bobenrieth negociar con los trabajadores las utilidades futuras de la empresa. Los sindicatos pedían una gratificación fija y, si las utilidades llegaban a sobrepasar lo calculado para el primer caso, ellos pedirían que se les pagara la diferencia. Bobenrieth consultó al ministro de Hacienda, Hernán Büchi, y éste le respondió que estaba de acuerdo, siempre y cuando le pagara en acciones. Se negoció la diferencia en acciones y, en dos años, hasta 1987, los trabajadores pasaron a ser dueños del 4,2 por ciento de Soquimich.

Bobenrieth creó la Sociedad Pampa Calichera en noviembre de 1986. La base de la sociedad eran las acciones que él, otros ejecutivos, y los trabajadores tenían en Soquimich. Las acciones recibidas por los trabajadores como parte del convenio colectivo se multiplicarían por tres, por la vía de unirse en la sociedad, pedir créditos a los bancos y luego pagarlos con los dividendos. Se les prometió que finalizado este objetivo, en unos pocos años, la sociedad se dividiría y le entregarían a cada persona el triple de las acciones de Soquimich, aportadas originalmente. Nada de aquello ocurrió y Los trabajadores-accionistas fueron presionados de las más diversas maneras para que otorgaran poderes a diversos individuos, los que apoyaron a Julio Ponce y su gente en la elección y renovación de directorios. Más tarde, gran parte de ellos vendería sus acciones.

El 18 de noviembre de 1986, con la venta de 7.895.000 acciones, equivalentes al 6,4 % de la propiedad de la empresa, Soquimich pasó mayoritariamente a manos privadas, área que ya controlaba el 55 % de las acciones. Las acciones se vendieron a 165 pesos cada una, en una operación que bordeó los 1.300 millones de pesos. Para llegar a la meta definitiva de privatizar el 65 % de la empresa, Corfo estaba conversando con los trabajadores de Soquimich y esperaba que antes de fin de año ellos adquieran el 10 % restante. En ese momento los cerca de cuatro mil trabajadores tenían en su poder el 2,5 % de los títulos.

Entrevistado ese mismo día por El Mercurio, el gerente general de la empresa, Eduardo Bobenrieth, dijo que “la empresas muestra actualmente una deuda neta negativa, mientras que en materia de resultados, cifras aún no oficiales arrojan para el período enero-septiembre una utilidad de 25 millones de dólares después de impuestos, lo que implica un incremento sustancial respecto de 1985, en que las ganancias de todo el año ascendieron a 22 millones de dólares”

“Puso de relieve que en el proceso de venta de acciones, han influido significativamente dos hechos, el primero de los cuales son los resultados de la empresa y, en segundo término, el que Soquimich forme parte del grupo de empresas en el cual las Administradoras de Fondos de Pensiones pueden invertir”.

Recordó en este sentido que la venta propiamente tal comenzó en octubre de 1983, pero el mayor impulso se logró en el momento que las AFP pudieron invertir en la empresa bastando que sólo una de ellas comprara acciones para que todas las demás, sin excepción, hicieran lo mismo”.

Una semana después, el 19 de noviembre de 1986, en una visita a la zona del salitre, el general Pinochet anunció la licitación de los predios salitreros de Piscis y Nebraska, propiedad de Soquimich, que representaban una riqueza de 240 millones de toneladas de salitre de un 8 % de ley.

El año clave fue 1986: gracias al Decreto Ley N° 3.500 las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), nacidas del diseño efectuado por los ministros José Piñera y Hernán Büchi pudieron adquirir un 42,61% de las acciones de la compañía. Desde mediados de la década de los 80’, las AFP desempeñaron un papel fundamental en la consolidación de los grupos económicos que surgieron o crecieron durante la dictadura militar y cuyas influencias se mantienen hasta hoy. Gracias a la participación en las empresas que fueron del Estado y luego privatizadas, las AFP han sido un eficaz instrumento de control de los mismos que impulsaron la venta. En el caso de Soquimich, al 30 de junio del año 2000 Provida S.A tenía el 7,7 % de la propiedad; AFP Habitat S.A., el 6,9 %; Cuprum, el 4,8 %; AFP Santa María, el 3,9 % y Summa Bansander, el 3,7 % de las acciones.

En la segunda mitad de los años 80’, varios connotados ex integrantes del gobierno militar se integraron a los directorios de estas AFP. El primer presidente de Provida, del grupo Cruzat Larraín, fue el ex ministro de Hacienda, Jorge Cauas Lama, y allí estaba también Alfonso Márquez de la Plata; En Santa María estaba el ex ministro de Justicia, Miguel Schweitzer Speisky; en Summa, propiedad de los grupos Angelini, Luksic y Matte, figuraba el ex ministro de Economía, Fernando Léniz, y así sucesivamente.

Mientras bregaba por tomar el control de Soquimich, Julio Ponce seguía interesado en los vacunos. En marzo de 1985 fue visto pujando con Anacleto Angelini en el remate de una estancia ganadera de 42 mil hectáreas, situada a unos 60 kilómetros de Coihaique, subastada por orden del síndico de quiebras Gregorio Cid Aravena. El remate fue realmente interesante, ya que el precio mínimo de 95 millones de pesos fue subiendo en una contienda apasionante entre Angelini y Ponce Lerou, cuyos representantes fueron aumentando sistemáticamente la oferta hasta que Ponce se detuvo en los 165 millones y Angelini se abjudicó la propiedad en 166 millones de pesos, según informó la revista HOY del 25 de marzo de 1985.

El 24 de septiembre de 1987, Soquimich comunicó a la Bolsa de Comercio dos renuncias del día anterior: la de su presidente del directorio, el ministro secretario general de la Presidencia, brigadier general Sergio Valenzuela Ramírez, y de un director, el ministro de Odeplan, Sergio Melnick. En la misma sesión fue designado como nuevo presidente del directorio, Julio Ponce Lerou y, como vicepresidente, Abel Valdés Sáenz. Los dos renunciados fueron reemplazados por Patricio Contesse González y Verónica de Luca Alday. En el directorio también estaban Enrique Valenzuela Blanquier –ex ministro de Minería- y el brigadier de Ejército Guillermo Letelier, ex vicepresidente de Corfo, más tarde director de Famae y compañero de viaje del general Augusto Pinochet en sus andanzas tardías por América del Sur y Europa. Corfo aún mantenía un 13 % de las acciones, pero sería privatizada totalmente. Del 87 % en manos privadas, la fracción más importante estaba en manos de la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera, empresa formada por los empleados, que tenía más del 12 % de los títulos. Durante el primer semestre de 1987, Soquimich había sido la segunda empresa con más utilidades en el país, cercanas a los 40 millones de dólares.
Un mes antes, el 24 de agosto, Ponce había comprado dos millones de acciones de Soquimich, pagando un valor cercano a los cuatro millones de dólares. Su padre, el doctor Julio Ponce Zamora, era el principal accionista individual de la empresa; su hermano, Eugenio Ponce Lerou, era el gerente de Ventas titular y gerente general subrogante; su otro hermano, Gustavo Ponce Lerou, había ascendido hacía poco de consejero comercial a embajador de Chile en Japón. Quizás por una casualidad el consorcio japonés Kowa, a través de su filial en Chile, Kochi S.A., había comprado otro millón de dólares en acciones el 16 de julio pasado. Julio Ponce se veía radiante. Al día siguiente de asumir la presidencia de Soquimich anunció una inversión de 95 millones de dólares para construir la primera planta salitreras que se levantaría en el país después de 60 años.

Como en otras empresas del Estado privatizadas, el balance que hacían los trabajadores de Soquimich, luego de tres años de participación en el proceso, era desolador. Ilustraba al respecto el relato que hacía Hugo Herrera, presidente del Sindicato N°5 de la oficina Pedro de Valdivia:
Cuando se conoció la decisión de Corfo de vender la empresa, en 1986, se pusieron de acuerdo los ejecutivos y supervisores con el entonces presidente de la Federación, Mario Torreblanca, y su séquito de dirigentes sindicales de la época. Hubo, efectivamente, reuniones en todos los cines de las salitreras recomendando lo provechoso del negocio que, en el fondo, no es malo, por las altas utilidades de Soquimich. Allí se decía que la decisión de comprar sería en forma muy voluntaria.

¿Qué pasó, en realidad? La decisión de los trabajadores tenía que haberse votado en todos los sindicatos de base y al menos aprobarse por mayoría de 50 más uno. Nada de eso ocurrió: en cada sección llamaban de a uno a los trabajadores, diciéndoles: ‘Vas a firmar, sí o no. Ya saben que quien no se mete le llega la ‘paloma’. La ‘paloma’ es el despido. Esto lo decían los supervisores. Los viejos, asustados, firmaron bajo esa presión. Que ahora la empresa diga que lo hicieron voluntariamente, es mentira.

Entre septiembre de 1987 y el 1° de mayo de 1988 fueron despedidos 121 trabajadores, entre ellos Eduardo Castillo Ponce, ex conscripto premiado por Pinochet por “servicios distinguidos” durante la toma de La Moneda en 1973, y exonerado “por haber hecho prevalecer su derecho ante un descuento ilegal de bienestar”.

La oportunidad de explotar las sales de nitrato se vislumbró al comienzo de los años 80’, período en que planificadamente se mantuvo a Soquimich con pérdidas en los respectivos ejercicios contables, para luego desmembrarla y más tarde privatizarla, entregándosela a Julio Ponce.

El ejercicio contable de 1980 establece que Corfo reinvirtió en Soquimich poco más de 133 millones de dólares. Al año siguiente la reinversión fue un poco más de 129 millones de dólares, en circunstancias que el directorio había informado en el mes de julio de ese año que esa re inversión había sido reducida a 79 millones, argumentando que la empresa tenía pérdidas equivalentes a unos 43 millones, las que tuvieron que ser absorbidas por Corfo.

En los años siguientes la situación se complicó y con los antecedentes que existen resulta difícil lograr una explicación clara de lo ocurrido. En 1982 y 1983 la empresa generó utilidades enormes, perturbando los planes de Ponce Lerou para adueñarse de Soquimich.

Aparentemente, alguien decidió cambiar los métodos de información contable y de pronto la boyante empresa se transformó en inviable y se optó rápidamente por venderla. La decisión se tomó en las más altas esferas de la dictadura, donde se había creado una Comisión de Ventas de Activos del Estado, para enajenar varias de las empresas estatales más importantes. Así, el 25 de mayo de 1986 se acordó la venta del paquete accionario de Soquimich.

El 17 de octubre de 1986 fue el 65% de las acciones y el 14 de mayo de 1987 se vendió otros 22%.

Finalmente, a principios de 1988, se finiquitó el 13% restante, dándose por liquidada Soquimich S.A. en un 100% de sus acciones. Corfo como total por estas operaciones recibió US$ 118.203.881.

Según uno de los auditores a cargo de la investigación, un señor de apellido Godoy Lisboa, en términos nominales y a valor histórico, a Corfo le significó obtener una diferencia a favor por US$ 32.862.633. A pesar de tan linda cifra, y además tan positiva, al ser actualizada la Inversión Inicial al valor de traspaso de las acciones totales, se logra un cálculo matemático, que arroja un déficit o pérdida, por un valor igual a US$ 49.554.312.

El movimiento accionario fue rápido e irregular, las acciones de la empresa estaban cada vez más concentradas en el mayor comprador, que no era otro que Julio Ponce Lerou, quien ya había amasado una buena fortuna pero, que además había nuevamente recurrido a los créditos bancarios solicitándolos esta vez en dos instituciones: Banco del Estado de Chile y Banco Edwards, donde el 10 de agosto de 1987 se había integrado el ex ministro de Hacienda, Sergio De Castro Spikula. Patricio Contesse, en tanto, cumplió una función clave. Convenció a los trabajadores de las ventajas del capitalismo popular y se ofreció para ponerse al frente de la nueva sociedad que compraría las acciones, argumentando que ellas les permitirían tener una jubilación más que digna. Los trabajadores lograron adquirir el 10% de la empresa con un tremendo sacrificio, postergando incluso sus gratificaciones. Más tarde se les negó el reparto de dividendos bajo el pretexto de las necesidades de la empresa. Muchos trabajadores optaron por vender sus acciones las que fueron compradas por quienes buscaban el control mayoritario.

El mayor crecimiento de SQM tuvo lugar ese año, tanto en el mercado interno como externo, gracias a la diversificación de su producción: el nitrato de potasio que se vendía al doble del precio del nitrato de sodio; y más importante aún, fueron las ganancias que se obtuvieron de la producción y venta del yodo, que pasó a ser el elemento predominante. Ese fue el final del negocio chileno del nitrato y la empresa se convirtió en un productor de químicos inorgánicos y exportador de fertilizantes.

A partir de 1988 las ventas de yodo se transformaron en el principal ingreso. Muchos trabajadores fueron despedidos y se les bajaron los sueldos, disminuyendo bruscamente los costos de producción.

Soquimich, una vez privatizada, optó por la diversificación de la producción en el mercado de fertilizantes y otros minerales no metálicos; la explotación del salitre pasó a ser marginal, pues ya no era rentable económicamente. En 1986 comenzó la producción de nitrato de potasio en Coya Sur.

Julio Ponce no sólo se preocupó de su nueva y gran empresa. También incursionó en lo que hoy conocemos como lobby. En septiembre de 1987, manos anónimas hicieron llegar a la revista Cauce una copia de una decidora carta que el gerente general de la Compañía de Teléfonos de Chile, CTC, coronel Gerson Echavarria Mendoza, le había enviado el 16 de julio a Ponce Lerou. En ella, el coronel Echavarría informaba a “su amigo” que le adjuntaba “la información solicitada”, referida a los estados económicos y financieros y acerca de los planes de desarrollo de la CTC. La mencionada carta expresaba:

Señor Julio Ponce Lerou
Presente

Estimado Julio:
Adjunto te envío la información solicitada, que espero te sea de utilidad.
Cualquier antecedente adicional, estoy a tus órdenes para proporcionártelo. Incluso, si tú lo estimas pertinente, te puedo hacer aquí mismo –en las dependencias de la Compañía- una presentación más ilustrativa sobre los Planes de Desarrollo, con un esquema de transparencias que ya tengo preparado.
Espero tus noticias al respecto, y te saludo muy atentamente.

Gerson Echavaría Mendoza
Coronel
Gerente General

Al promediar ese año de 1987, Julio Ponce acudió al aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Pudahuel, a esperar a un alto ejecutivo de la empresa estadounidense General Telephone and Electronics (GTE), la segunda en importancia en su país después de la controvertida ITT, que venía a Chile a explorar las posibilidades de adquirir la CTC, considera por algunos oficiales de las Fuerzas Armadas como vital y estratégica para la seguridad del Estado.
El ejecutivo norteamericano fue acompañado por Julio Ponce en los más insólitos paseos. Se reunió en un almuerzo con el mismo Ponce Lerou y con el vicepresidente de la Corfo, el general Fernando Hormazábal, visitó las dependencias de la CTC donde cinco años antes Julio Ponce había presidido el directorio y –entre otras iniciativas- decidido rebajar en un 5 % los sueldos de sus trabajadores. El recorrido del alto ejecutivo norteamericano se dio por finalizado después de visitar con el propio Ponce Lerou al general Augusto Pinochet en La Moneda. (28)
Las bases y antecedentes para la licitación de acciones de la CTC habían sido publicadas el 30 de noviembre de 1982. Al iniciarse el mes de septiembre de 1987, el diario El Mercurio publicó en su sección Economía Y Negocios que “entre los conglomerados internacionales que postulan a la operación (licitación del 30% de las acciones que controla Corfo) están la GTE, el grupo Bond y Bell South…”.

*Capítulo del libro “Todo sobre Julio Ponce”, del periodista Manuel Salazar Salvo