MCALLEN, Texas.- “Pedimos a la corte que considere los siguientes casos que han sido separados de sus hijos: Villafranca Antuñez, separada de su hijo de 5 años; Torres Tercero, separado de su hijo de 11 años; Aguilar Aguilera, separada de su hijo de 6 años; Menjivar Menjivar, separada de su hijo de 5 años; Hernández Matute, separada de su hija de 17 años… Esto solo en la primera fila”, dice el abogado defensor en la corte.

–Señoras y señores… –prosigue el juez.

–¡Yo también estoy separado de mi hijo! –le interrumpe un acusado.

– Señor Torres Tercero, ¿verdad? –comprueba el abogado en sus papeles.

–Sí –asiente Jose Orlando Torres, un hondureño de 31 años que cruzó ilegalmente el Río Grande el pasado domingo 17 de junio.

–Fue separado de su hijo de 11 años –añade el abogado.

Eso tan solo entre quienes ocupan el primer banco. En la sala hay otros cuatro largos bancos de madera. En total, 35 inmigrantes dicen que las autoridades estadounidenses les han separado de sus hijos.

Su futuro inmediato se decide en este juicio masivo en una corte fronteriza. Son 74 inmigrantes juzgados a la vez en una mañana por entrada ilegal a Estados Unidos; en la tarde, el mismo juez procesará a 50 extranjeros más.

Llevan las zapatillas sin cordones, los tobillos atados con esposas metálicas, la cintura rodeada por una cadena, y la mirada perdida. Son hondureños, guatemaltecos, mexicanos y salvadoreños; llegaron hace un par de días a territorio estadounidense y fueron arrestados por entrar ilegalmente al país.

Eso se ha convertido en motivo de persecución criminal y permite a las autoridades arrebatar a los hijos de las manos de sus padres. Es, de hecho, el resultado de la nueva política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump.

McAllen, en el sur de Texas, es el epicentro de una nueva crisis desatada en la frontera con México: es donde más detenciones por cruce ilegal se producen y es también donde el sistema migratorio y judicial parece estos días una olla a presión a punto de explotar.

“Los números pueden ser retadores”, nos dice el magistrado a cargo de las sentencias en McAllen esta semana, J. Scott Hacker, a cuatro reporteros que visitamos la corte federal.

El abogado público que defendió a los inmigrantes, Kyle Welch, explica que ahora siempre enumeran ante el juez a quienes han sido separados de sus hijos: “Es un asunto importante, serio. Por eso lo hacemos”.

El trabajo de Welch empieza antes de las 7 de la mañana, casi a la vez que decenas de inmigrantes con los pies encadenados bajan de los autobuses que los traen desde los centros de detención.

La oficina de defensores públicos al completo – 17 abogados bilingües y cuatro investigadores– atiende a los indocumentados antes de la audiencia ante el juez: que se levanten quienes fueron separados de sus hijos, que enumeren los detalles de sus hijos, que recuerden que esto no es una corte de inmigración… y así.

A las 9:15 de la mañana, antes de que llegue el juez, silencio entre los inmigrantes. “Traten de no hacer ruido con los pies, al juez no le gusta que jueguen con las cadenas”, les dice en español un funcionario. “Lo menos que muevan los pies, mejor”.

Toda la sala, incluidos los 74 acusados, se pone de pie con la llegada del magistrado Hacker, un hombre alto y ancho, de pelo canoso, que revela una corbata verde bajo la toga oscura. Mira a través de los lentes los detalles de cada caso y por encima de ellos cuando le habla a cada inmigrante. Casi siempre está de pie, cierra los ojos cuando piensa y sopla cuando está agotado.

Es un trabajo repetitivo, frenético y aparentemente agotador. A cada uno de los 74, les pregunta si su nombre es correcto, su edad, su país, si fueron amenazados, si fueron presionados, si se declaran culpables, cómo cruzaron… Que los 74 respondan todas las preguntas del juez se zanja en tiempo récord: menos de dos horas.

Para los activistas, los juicios masivos dinamitan el debido proceso de los detenidos. “Bajo la ‘tolerancia cero’ las injusticias se multiplicarán”, escribió Cecillia Wang, subdirectora de Asuntos Legales de ACLU. “Este proceso incentiva a declararse culpable incluso a las personas que tienen defensas válidas”.

Este martes, la mayoría llegaron a Estados Unidos en balsa cruzando el río; alguno nadando. Todos se declararán culpables de entrada ilegal.

A quienes no tienen antecedentes criminales, el juez les dicta la sentencia mínima: la pena servida hasta el momento y una tasa burocrática de 10 dólares.

Una inmigrante pregunta preocupada por los dólares y a Hacker se le escapa la risa: “No creo que nadie haya pagado nunca los 10 dólares”.

Otra, más ansiosa, dice en su turno de palabra: “Que no me separen más de mi hijo….”. El juez le responde que la está mandando de vuelta al sistema de inmigración y que “con suerte será capaz de reunirse con su hijo”.

Pero Hacker admite que de eso no sabe nada. Al final, queda una decena de inmigrantes que sí tienen antecedentes: varias deportaciones, múltiples arrestos, meses de cárcel, delitos menores… Para ellos, la pena es de varias semanas de cárcel.

Entre los últimos sentenciados está José Manuel Gutiérrez, mexicano de 41 años con tres hijos nacidos en Estados Unidos, que acumula una vieja sentencia por manejo bajo la influencia del alcohol y tres deportaciones.

–Señor Gutiérrez, lo voy a mandar diez días a la cárcel y diez dólares de costo, ¿de acuerdo?

–Sí.

– Good luck. Buena suerte –dice el juez con marcado acento estadounidense.

Nota de Damiá Bonmatí publicada primero en Univisión Noticias

Los periodistas Luis Melgar e Inti Pacheco colaboraron en esta nota desde Miami.