El Colectivo TLGB de Bolivia reclamó hoy mayores acciones desde el Estado y otras instituciones para poner un alto a los crímenes de odio en el país, donde en los últimos años se han registrado al menos 65 asesinatos de personas de esa población y tan sólo uno ha tenido sentencia judicial.

En un acto por el Día Internacional del Orgullo LGBT en La Paz, un representante del Colectivo de Transexuales, Lesbianas, Gais y Bisexuales (TLGB) de Bolivia, David Aruquipa, señaló que hoy esa población festeja el poder estar aún “vivos” en una sociedad “tan opresora históricamente, tan discriminadora, tan machista”.

Según Aruquipa, muchos integrantes de la comunidad TLGB “no pudieron estar aquí” porque “fueron asesinados, porque se suicidaron”, o por otras circunstancias en las que sus derechos fueron vulnerados.

“Entonces nosotros festejamos el estar acá en este momento, el poder estar en un espacio y discutir sobre los avances políticos que hemos logrado hacer como movimiento social, pero también a plantear las agendas que quedan pendientes hacia adelante”, sostuvo.

El activista recordó que, de al menos 65 crímenes de odio registrados en los últimos años en el país, “sólo uno ha llegado a sentencia de 30 años”, lo que fue posible por el impulso de la familia de la víctima y de las organizaciones TLGB.

El caso al que se refirió es el de la joven transexual Dayana Kenia Zárate, quien fue torturada y degollada por su pareja en 2016, un caso considerado emblemático para la comunidad TLGB por ser el primero de este tipo en llegar a estrados judiciales.

El asesino de Dayana Kenia fue sancionado en noviembre pasado con 30 años de prisión, la pena máxima de la legislación boliviana.

La cantidad de crímenes de odio mencionada por Aruquipa es una aproximación basada en datos recolectados por organizaciones civiles a falta de información oficial debido a que este tipo de delitos no está tipificado como tal en la legislación boliviana.

La comunidad TLGB ha reclamado varias veces la inclusión de los crímenes de odio en el código penal del país.

“El estándar de vida que tiene una compañera transexual y transgénero es de 35 años. ¿Pueden imaginarse esa situación?”, cuestionó Aruquipa.

Reconoció los avances para reconocer los derechos de la comunidad TLGB en el país mediante normas como la Constitución vigente desde 2009 “que prohíbe y sanciona toda forma de discriminación”, o la ley que permite a esta población cambiar los datos de su nombre, imagen y su identidad sexual en sus documentos oficiales.

También mencionó la ley contra el racismo, que “tipifica la homofobia y transfobia como delitos”, entre otras normas, pero consideró que aún “hay mucho que transformar”.

“Las leyes han sido el inicio pero no son el fin de la transformación social y eso depende de cada uno, desde los medios de comunicación, las autoridades y toda la comunidad TLGB”, añadió.

Instó al Gobierno, a la Defensoría del Pueblo y a la misma comunidad TLGB a crear “programas y agendas” para lograr este cambio en la sociedad.

A su turno, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, comprometió el respaldo desde el Ministerio de Justicia, del que depende su oficina, para que los crímenes de odio no queden en la impunidad.

“Vamos a luchar para que estos casos tengan sentencia porque en ningún tipo de violencia, sea física, psicológica o sexual, el agresor puede quedar libre o sin sentencia”, aseveró Morales.