El homicidio de Margarita Ancacoy, la funcionaria de la Universidad de Chile que murió a golpes, filmado y reproducido por redes y medios de comunicación, es violento, injusto e indigno. No hay duda de ello y exige que se haga justicia. Y para ello, es imprescindible que las instituciones funcionen.

La venganza como símil de justicia ha sido abandonada en las sociedades occidentales modernas y su práctica es considerada incivilizada. En cambio, las naciones han resuelto entregar la función de hacer justicia al Estado, representando los intereses de todos en distintas instituciones que tienen la función de investigar los delitos, perseguir las responsabilidades y dictar sentencias contra quienes los han cometido. No son las víctimas quienes, desde su razonable dolor e incluso rencor, llevan a cabo esta función.

Renunciar a que sean los tribunales los que apliquen justicia, significa renunciar a vivir bajo las reglas de un Estado de derecho.

Con posterioridad al crimen y ya con sus supuestos autores en prisión preventiva, se dio a conocer un video que daba cuenta de un grupo de internos de la Penitenciaria que rapaba, golpeaba, aplicaba electricidad a sus compañeros. Y muchos entendieron y señalaron que así se hacía justicia a nombre de Margarita. Muchos líderes de opinión, sabiendo que sus dichos serían replicados por grupos enormes de seguidores, aparecieron avalando la tortura, como una práctica válida en estos casos. “No victimicemos a los delincuentes” dijo el arquero Bravo, “no más protección para ellos” señaló el extenista Ríos, agregando que “hay que matarlos” en referencia a la pena de muerte; “se lo tenían merecido” comentó la animadora Tomicic y así muchos más. El canal público alentó un debate sobre el punto, proponiendo la falsa disyuntiva entre un supuesto “castigo merecido” o una “tortura injustificada”, en lugar de rechazar con contundencia los malos tratos que pretendían sustituir la labor jurisdiccional.

Y en medio de este equívoco debate, perdimos de vista la responsabilidad del Estado, como garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia. Cuando las personas se encuentran privadas de libertad, sea porque están en prisión preventiva o condenadas, asumimos una responsabilidad respecto a su integridad, su vida y sus derechos. Y esa responsabilidad también es asumida por las instituciones que hemos creado para ese efecto, en este caso, Gendarmería de Chile. Así, las torturas de que fueron víctimas los presuntos autores del asesinato, resultan intolerables y salvajes, y la negligencia de sus guardianes al permitir que algo así ocurriera, injustificable.

¿Cómo entender que durante largos minutos, tal vez horas, los internos de la cárcel hayan aplicado estos vejámenes sin que ningún gendarme haya dado al menos una señal de alarma? ¿Quiere decir eso que los presos quedan abandonados a su suerte mientras permanecen al cuidado del Estado?

Tal descuido podría traer aparejada incluso responsabilidad internacional para Chile, puesto que tratados internacionales vigentes en el país, prohíben los tratos inhumanos, degradantes o las torturas.

El sistema penitenciario requiere de urgentes reformas, como la creación de un sistema de ejecución de penas, con una ley y tribunales de ejecución, o la mejora de la infraestructura carcelaria, así como ahondar en la aplicación de penas sustitutivas y perfeccionar la formación en DD.HH. de los funcionarios de Gendarmería. Pero también requiere de un rechazo unánime a la barbarie, sin medias tintas.

*Lucía Dammert es académica de la Universidad de Santiago de Chile
**Paula Vial es Académica de Derecho UC