La investigación de adopciones irregulares durante la dictadura impacta en la prensa internacional

A nivel mundial ha impactado la apertura por parte de la justicia chilena de uno de los episodios más oscuros de la dictadura de Augusto Pinochet: las adopciones irregulares de miles de menores que fueron mandados al extranjero.

Las notas que aparecen en medios como Página 12, Jornada de México o Clarín de Argentina, destacan la labor del juez Mario Carroza, quien desde enero está investigando la sustracción de menores en dictadura y debido a algunas denuncias, también el periodo comprendido entre 1989 y el año 2000.

A diferencia de Argentina, donde se usaba el secuestro de menores como forma de represión, en nuestro país estos casos habrían sido facilitados por la condición de dictadura, donde algunas personas se dedicaron a captar niños con fines de ganar dinero enviándolos hacia otros países.

Según indica la Agencia AFP, el caso chileno tiene que ver más bien con la modalidad que ocurrió en España, donde también está abierta una investigación, bajo la dictadura de Francisco Franco, estableciéndose que se robaban guaguas para entregarlas a otras familias adoptivas.

Los protagonistas de los casos chilenos muchas veces fueron asistentes sociales, religiosos, médicos y funcionarios de la salud pública, quienes ubicaban a mamás vulnerables y luego se robaban a sus hijos o los engañaban para ser dados en adopción.

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Marisol López, hoy de unos 47 años, relata el procedimiento oscuro en que fue sacada de Chile para ser entregada a una familia en Estados Unidos, en 1976, que poco después la envió de regreso a Chile sola en un avión. La niña sufrió hambre, maltrato y violación.

En la nota habla el abogado Pablo Rivera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien asegura que no se ha establecido un patrón conducente a establecer que se trataba de una política estatal de represión, sino que más bien se trataría de algo similar a una asociación ilícita que lucraba con las adopciones irregulares.

El abogado asegura que en la mayoría de las situaciones se trataba de mujeres de estratos sociales bajos, quienes tuvieron a sus hijos y se les engañó diciendo por ejemplo que estaban fallecidos o enfermos, perdiendo el rastro de sus bebés.

Otro de los factores que contribuyó a fomentar esta práctica, señala la nota, es una ley que vigencia hasta el año 1988, que permitía borrar los orígenes de las familias biológicas, situación que se sumana a la oscuridad de información que se vivía en Dictadura.

Un dato importante que aparece en el artículo indica que entre 1973 y 1987, periodo del autoritarismo de Pinochet, hubo oficialmente 26.611 adopciones en Chile, de los cuales no hay cifras de los menores llevados al extranjero.

El juez Carroza ha logrado aproximarse a cifras más concretas, determinando que a Suecia fueron enviados 2.021 menores entre los años 1971 y 1992. Otros países donde fueron enviados los niños fueron Alemania, Italia, Holanda, Francia, España, Suiza, Uruguay, Estados Unidos y Perú. Todo esto tenía un precio que oscilaba entre 3 mil y 5 mil dólares de hoy.

A medida que pasaron los años grupos de madres se organizaron a través de redes sociales para buscar a sus niños, como por ejemplo “Hijos y madres del silencio”, que en Facebook suma más de tres mil personas, entre hijos que buscan su origen y madres que buscan a sus hijos robados.

Una de las voceras de la agrupación, Marisol Rodríguez, sostiene que una de sus demandas es la apertura de archivos y fichas de hospitales, para que quienes están en el extranjero puedan darse cuenta que pueden estar vinculados a adopciones ilegales.

La agrupación ha generado alrededor de 90 encuentros en cerca de tres años, apoyándose en pruebas de ADN, aunque a un costo muy alto.