Al dejar el Poder Judicial, en el que trabajó por más de 50 años, Milton Juica Arancibia pidió que no se le hiciera la tradicional despedida en el pleno de la Corte Suprema con invitados y medallas. Y aceptó sólo algunas cenas que le organizaron camaradas y funcionarios. Se quería ir sin aspavientos. Raro para quien, entre otras cosas, promovió la creación de una vocería del máximo tribunal chileno, cargo que él mismo ocupó por mucho tiempo. Él lo explica así: “Yo entendía que estaba cumpliendo una misión que me había encargado el Pleno (de la Corte Suprema) y, por lo tanto, no era una cuestión personal. Yo creo que un juez, en tanto individuo, no debería tener mucha trascendencia pública”.

Juica, oriundo de La Serena, enfrentó con la misma actitud serena y quitada de bulla la investigación de uno de los casos más horrendos de violaciones a los derechos humanos cometidos en Chile: el secuestro y degollamiento de tres profesionales en 1985. Juica tomó el caso con el retorno a la democracia, sobre los zapatos nada menos que del mítico José Cánovas Robles.

Usted alcanzó a cumplir medio siglo en el Poder Judicial
-Si uno considera el tiempo que comencé como suplente, en 1966, en el Juzgado de Letras de Coquimbo, estuve más de 50 años.

En ese tiempo, han pasado muchas cosas en Chile, entre ellas, la dictadura. Entiendo que esta se manifestó no solamente en la dificultad que tuvieron algunos jueces para acoger recursos de amparo o aplicar leyes de protección a los derechos humanos. También hubo persecución interna.
-Sí, ciertamente, así ocurrió. La dictadura privó al país de 17 años de libertad y privó a muchos chilenos de las garantías y derechos que tenían asegurados. Quizá lo más trágico fueron las muertes, desapariciones, torturas que fue la nota “normal” de la dictadura y, por lo tanto, los jueces que tenían dignidad e independencia sufrieron fuertemente esa presión de tener que trabajar por necesidad, sabiendo que a los ciudadanos les pasaban cosas terribles y todo el mundo las sabía. Muchos aplaudían, otros lo aceptaban y otros daban vuelta la cara no más, como si no hubiera sido un tema de ellos. Por eso a mí me asombra mucho que alguien diga: “Yo no sabía lo que estaba pasando”. Todo el mundo sabía.

¿Y usted cómo lo vivió?
-Yo traté siempre de mantener mi independencia y la verdad es que no tuve dificultades de ninguna naturaleza. En esa época pasé más tiempo como relator (el funcionario que le cuenta los detalles de un caso a los ministros que toman la decisión), que tiene poca influencia en la resolución del asunto. Pero percibía que muchos colegas la pasaban muy mal porque aun cuando pudieran decidir algo en contra de la dictadura, sabían que eso les significaba mala nota o algún grado de persecución y, además, que no eran defendidos por aquellos que tenían que hacerlo, la Asociación Gremial que nos cobijaba y que, en muchos casos, fue totalmente afín al régimen.

¿Los superiores tampoco?
-La Corte Suprema, ya lo hemos dicho, pudiendo hacer algo, no hizo nada y, porque muchos ministros, percibía yo escuchándolos en sala, pensaban que estaba bien lo que se estaba haciendo. Otros, decían que no estaban en condiciones de decir algo en contra de un régimen que, sin perjuicio que no les dio muchas ventajas, toleraban.

Siempre se menciona, como casos paradigmáticos, las dificultades que usted tuvo en su momento, junto a Carlos Cerda, para ascender a la Corte Suprema, pero, imagino, hubo otros.
-Hubo ministros de Corte de Apelaciones que teniendo el tiempo y méritos para haber ascendido a la Corte Suprema, no pudieron. Me refiero, por ejemplo, a don Rubén Galecio, que fue siempre postergado; para qué decir don José Canovas; don Adolfo Bañados que nadie podía ignorar que tenía una independencia absoluta (este último logró el ascenso tras el retorno a la democracia). Pasó también con muchos jueces, entre ellos Alejandro Solís, que estuvo totalmente vetado en la época de la dictadura para ascender a ministro de Corte de Apelaciones.

Estas postergaciones son evidencia de que la Corte Suprema más que no “poder” hacer más, no quiso, porque tenía una posición política.
-Es evidente, porque lo primero que hizo la Corte Suprema fue expulsar a un número importante de jueces, ministros. A muchos los trasladó y creó, naturalmente, una especie de ambiente de terror dentro del Poder judicial. Todos aquellos que habían tenido una posición gremial y política favorable al gobierno del Presidente Allende fueron expulsados rápidamente. Incluso, se modificaron las normas de calificaciones para facilitar que las exoneraciones se produjeran sin ninguna forma de juicio. Esa es una historia que está pendiente por contar. Falta rendir todavía un homenaje a esas personas, a esos jueces que fueron expulsados por el solo hecho de tener una visión política distinta de la mayoría que formó el Poder Judicial.

Porque eso, no necesariamente, los convertía en malos jueces.
-No. Eran muy buenos jueces y, por supuesto que, a partir de ese momento, ya todo el mundo judicial sabía cuáles eran las reglas del juego para poder mantenerse, en primer lugar. En segundo lugar, para aspirar a un cargo superior, había que ser incondicional al sistema reinante.

Usted como relator, en el tiempo previo al regreso de la democracia ¿Qué episodios recuerda en que hubiera querido hacer más?
-Lo más recurrente eran los recursos de amparo, en que los ministros tenían casi un formulario para el rechazo. Sin ningún análisis aceptaban las explicaciones del Ministerio del Interior que informaba en nombre de la DINA o de la CNI, porque esos organismos no aceptaban ninguna tutela judicial. Cuando un tribunal quería preguntarles por algún prisionero, decían: “Mire, no tenemos nada que informar. Diríjase al Ministerio del Interior” y éste informaba que no estaban detenidos. En los diez años que estuve como relator en la Corte Suprema no se debe haber acogido más que un par de amparos. En general, a pesar de que se demoraba en fallar, esa era una buena Corte respecto de todos los otros asuntos, civiles y criminales. Pero si había cualquier asunto que pudiera tener alguna incidencia en el régimen militar, lo veían de otra manera. Se ponían la camiseta.

¿Y usted como relator trataba, en algunos casos, de remecerlos?
-Trataba de hacer presente las situaciones más dramáticas, como todos los demás relatores. Pero, claramente, había una concepción ideológica y no estaban en condiciones de aceptar nada. No creían lo que se les decía o, si creían, simplemente pensaban que las medidas estaban en lo correcto, que esas eran personas peligrosas y que, por lo tanto, si estaban ahí (en los centros de tortura) era porque se lo merecían.

Garantista hasta el último día
El antiguo sistema penal fue duramente criticado, más aún en el contexto de la dictadura, por su carácter inquisitivo, por no respetar el equilibrio entre acusadores y defensa. Después de la reforma procesal penal, es casi un insulto hoy decirle a un juez que es garantista. ¿La gente ha perdido conexión con lo que significaba el sistema previo?
-La reforma al proceso penal acaeció bien avanzada la democracia. Aún en la transición vivimos sumergidos todavía en muchas situaciones bastante discutibles de procedimientos penales del sistema antiguo. La Corte Suprema fue conformada ex profeso por el Ministro (de Justicia de Pinochet, Hugo) Rosende, totalmente incondicional, para asegurar que se resolviera cualquier problema a favor del régimen. Fue muy difícil que esta Corte Suprema en democracia cambiara sus concepciones y costó mucho cambiar a esos ministros. Recién por ahí por 1998 terminó su período la mayoría y pudimos pensar que podría llegar un grupo que pudiera por lo menos ser una voz de alerta. Así es que la reforma empezó a estudiarse más o menos a partir de 1994 y su ejecución le cayó totalmente al presidente Frei. Fue un largo tránsito y hubo, finalmente, un acuerdo nacional, que yo considero inédito e histórico, porque hacía muchos años que se quería modificar el Código Procesal Penal, que era el menos legítimo dentro de toda América. ¡Era una vergüenza tener un procedimiento de esa naturaleza! La reforma estableció un verdadero juicio oral penal, con garantías, con cambios de paradigma en el que el imputado dejó de ser “objeto” de una investigación y pasó a ser un “sujeto”; el proceso dejó de ser un medio para reprimir y castigar sin juicio, sin medios de prueba. Era evidente que había una necesidad histórica de cambiar y cambiamos tanto que ahora somos casi los primeros en índices de legitimidad del proceso penal en América y nos convertimos en un referente para muchos países que cambiaron después. Pero, claro, siempre nos advirtieron que el proceso inquisitivo, no muere, que sólo duerme y que no van a faltar las corrientes regresivas que quieran volver a un proceso represivo, que en vez de entregar garantías, las anule. Y eso, de alguna manera, se está produciendo porque hay una sensación de inseguridad que es cierta; hay un incremento de la delincuencia, que es cierto; hay una delincuencia que es mucho más organizada y más violenta, que también es cierto, pero nada de eso se soluciona disminuyendo las garantías a los ciudadanos.

Esto a la gente le cuesta verlo ¿por qué es importante que esas garantías no disminuyan?
-Se trata de disminuir aquellos aspectos que no son visibles. Por ejemplo, el principio de inocencia. Por otro lado, se amplían los espacios de secreto en una investigación en contra de la garantía de que la prueba tiene que examinarse y valorarse en lo público. Los problemas se están produciendo antes del juicio, en la etapa de investigación que puede alargarse. Si nosotros queremos que un juicio oral se legitime en esta sociedad, tenemos que llegar con armas nobles, sanas y no con situaciones de ilegalidad en la indagación y aportación de las pruebas.

¿Esto significa, concretamente, que hay personas inocentes en la cárcel?
-En el hecho, si uno atiende a las estadísticas de la Defensoría Penal Pública de todas las personas que han sido detenidas, que han soportado detenciones preventivas y, finalmente, han terminado absueltos, vemos que es una cifra muy alta. Eso era lo que quería evitar el nuevo proceso penal, que debiera tender a que la persona soporte el juicio en libertad, porque así se produce la igualdad de armas. La prisión preventiva es una herramienta de última ratio, que hay que utilizar solo cuando sea necesario. Se trata de evitar la condena previa de las personas, pero en los hechos así ocurre, cuando la presión hace que la policía detenga a alguien que a lo mejor bastaba con citar; que el Ministerio Público disponga la presentación de esa persona al tribunal porque si no puede ser mal visto; y los jueces de garantía, muchas veces, pueden sentir la presión de dejarlo preso, cuando podría haber tenido medidas cautelares distintas, porque mal que mal, la suerte de la persona se debiera ver en el juicio mismo y en la sentencia definitiva. Tenemos estadísticas altas, que son preocupantes, de personas que han estado presas y han sido declaradas inocentes o, por lo menos, han mantenido su presunción de inocencia. Mucha gente dirá “bueno por algo lo tuvieron preso” y esa no es la idea. La idea es que estén presos los que corresponde no más. En el proceso antiguo, la gran mayoría de los presos estaban esperando juicio y sólo una minoría había sido condenada. Eso se revirtió, pero hoy por hoy, está aumentando la cantidad de personas privadas de libertad sin condena en relación con las condenadas.

-Si uno mira la estructura de penas, todavía ve que los llamados delitos de cuello blanco tienen penas ínfimas en relación con los delitos comunes ¿Hay una justicia distinta para los ricos que para los pobres?
-La sociedad tiende a entender que un ladrón, un homicida, un violador tiene que ser sancionado con penas muy altas y no tiene ese mismo criterio respecto del estafador, del malversador, del defraudador, de aquellos que obtienen ingresos ilegítimos. Algunos consideran que a lo mejor es una gracia hacer esas pillerías, total, lo que aquí hay es plata no más, y eso está ligado al tema de la corrupción, porque si hay tantas ventajas, más corruptos seremos en adelante. El problema de fondo es que se ha postergado la redacción de un Código Penal que sea mucho más sistemático y más razonable, que elimine ciertos delitos que ya no tienen tanta importancia y que contemple otros nuevos. Aquí ha habido una negación ejecutiva y parlamentaria de legislar un Código Penal moderno que haga las diferencias y determine claramente cuáles bienes jurídicos requieren de una mayor sanción que otros. Los legisladores actúan sobre la base de temas puntuales y descompensan el valor de los bienes jurídicos. No hay una lógica legislativa en esta materia. Y hay tantos delitos que están contemplados en leyes especiales que ya nos perdemos.

Cuatro años bajo amenaza
Cuando lo nominaron para continuar el caso degollados que había tramitado el juez Cánovas, ¿pensó que era un presente griego?
-A mí me nombraron Ministro de la Corte de Apelaciones en reemplazo del Ministro Cánovas que jubilaba y la regla es que quien reemplaza debe tomar las causas pendientes de quien se va y, por lo tanto, tenía claro que iba a asumir el Caso Degollados. Mi responsabilidad fundamental era hacer el mayor esfuerzo por esclarecer esos hechos y no me fijé, ni tuve en conciencia ningún costo que pudiera tener.

¿Usted recibió una causa que estaba ya totalmente investigada o era una base para avanzar?
-Cuando don José Cánovas procesó a los carabineros decidió la incompetencia (en favor de la justicia militar), pero le revocaron eso y le dijeron que debía continuar. Era una época en que pensaba ya retirarse y se adelantó, seguramente, en los procesamientos. No estaba equivocado, pero no tenía toda la prueba suficiente para sostener sus decisiones.

¿Faltaban piezas por completar?
-Claro, también en esa época, si había algo en contra de una organización como el servicio secreto de Carabineros, había que ser muy prudente y tener una prueba bastante consistente porque, de lo contrario, era evidente y seguro que lo iban a revocar. Así es que, sin estar equivocado, a don José Cánovas le faltaba abrochar mejor el asunto.

¿Cómo qué pruebas?
– Por ejemplo, establecer la participación de “El Fanta” en la DICOMCAR. Él tenía una cuenta de ahorro en el Banco del Estado. La revisé y me aparecieron cheques que le depositaban algunos funcionarios de la organización, que negaban incluso conocerlo. Después, en la Vicaría de la Solidaridad pedí la carpeta que tenían del caso y observé la patente de un vehículo, que anotó, incluso, un funcionario de la FACH o de la Marina, porque le pareció sospechoso y resultó que ese vehículo era de un funcionario de la DICOMCAR. Eso, sumado a un conjunto de pequeñas pruebas, me sirvió a la hora de comenzar a interrogar más fuerte. Ahí aparecieron más debilidades en algunos de los implicados, sobre todo, los de más bajo rango. Uno habló y eso significó, finalmente, que se abriera la investigación. Porque antes se decía que no habían sido los Carabineros, sino que la CNI, la DINA o el Comando Conjunto. Al final descubrí que toda la información que me dieron Carabineros y la DICOMCAR era falsa.

¿Cómo qué?
-Me decían que era una simple oficina y que nunca habían tenido detenidos, pero pude probar que no era cierto y que, además, destruyeron el cuartel aprovechando un terremoto, para evitar que quedara cualquier prueba.

En ese tiempo, por lo que recuerdo, Carabineros le dio la pelea por haber procesado al general Rodolfo Stange (general director de Carabineros que continuó en servicio tras el retorno a la democracia).
– No, no procesé al general Stange. Procesé al Director de Carabineros del tiempo (de los delitos) que era (César) Mendoza.

¿Y no acusó a Stange de intentos de obstrucción?
-Se portaron bastante bien en general. Se relacionaba conmigo el auditor de Carabineros. Debo reconocer que había un ánimo de cooperar, aunque era más bien formal. Con respecto del General Stange, él estuvo complicado porque había un documento que salió en un medio de comunicación, que lo implicaba bastante. Cuando lo interrogué, dijo que él no había participado en la confección de ese texto, pero, por esas cosas de la vida, obtuve de una manera bastante especial, que no puedo revelar, ese documento y estaba firmado por él. En el texto había un cierto conocimiento de lo que estaba pasando y cómo salir a enfrentar (la investigación). Lo volví a interrogar y, la verdad, es que estaba muy complicado. Me dijo que no recordaba haberlo firmado. Después, hizo una arenga a los presos y lo grabaron. Ese audio también llegó a mis manos y también lo negó.

¿Una arenga para que no colaboraran con usted?
-Uno de los procesados me entregó la cinta. Hice, naturalmente, las pruebas para determinar si la voz era suya y llamé al General Stange. ¡Casi se murió cuando supo! Me dijo que no había de su parte intención de cooperación o encubrimiento y que el sentido de sus palabras era otro. Yo no lo procesé, pero sí estimé que él no había cumplido fielmente con sus deberes militares de cooperar en una investigación judicial, como correspondía hacerlo, y, por eso, cuando terminé la causa, que es lo que me trajo más complicaciones, señalé que eso podía constituir un delito de incumplimiento de deberes militares y lo pasé a la Justicia Militar. La verdad, es que estaba en la disyuntiva si éste era un delito de incumplimiento de deberes militares o era encubrimiento del delito. La verdad, es que podría haberlo procesado por encubrimiento, pero las condiciones no estaban en esa época. Yo ya había procesado a Mendoza y mi decisión había sido ratificada en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, que le rechazaron un recurso de amparo. Pero no pasaron dos o tres meses y su defensa me pidió dejar sin efecto el procesamiento sin nuevos antecedentes, sin nada, así no más y yo le dije que no, cómo lo iba a revocar si ya estaba ratificado por la Corte Suprema. Pues bien, fueron a la Corte de Apelaciones, que mantuvo lo que yo había decidido, pero presentaron un recurso de queja a la Corte Suprema, que, según recuerdo, en menos de 24 horas vio el caso, lo relató y acogió la petición de dejar sin efecto el procesamiento. Entonces, uno veía que era difícil, que era perder el tiempo a esas alturas, así es que salí de la otra manera, pensando que si no iba a ser posible procesarlo acá, por lo menos que lo viera la justicia militar.

Que se sintiera presionada a resolver.
-Claro. Pero, bueno, eso, naturalmente, le provocó una molestia muy grande a la Suprema, a pesar de que esa parte del fallo pasó por la Corte de Apelaciones y pasó a la Corte Suprema y quedó. Se presentó una queja en contra mía por lo que había hecho, la Suprema rechazó la queja, pero si uno lee las prevenciones (opiniones) de los ministros, casi todos estuvieron por sancionarme. Ese año obtuve la peor calificación de mi vida. Al final de año me pusieron en lista condicional y si hubiera sumado otra evaluación igual, me voy para la calle. Esa Corte Suprema por supuesto no estaba de acuerdo conmigo, pero había mucha hipocresía, nadie lo manifestaba. Decían que estaba bien haber terminado el caso, pero, en el fondo, no le gustó. Se percibía que esa Suprema era incondicional a la dictadura, aunque esto haya ocurrido en democracia. Y, bueno, ya sabemos los resultados de ese asunto, en que lo único que quise hacer fue revelar verdades que me parecían sustentadas al imputar los delitos y que, por lo demás, costó mucho hacerlo. Había una presión enorme, y para qué decir las amenazas que recibimos.

¿A usted lo amenazaron de muerte?
-Sí, varias veces. Usaron el método más cobarde: llamar a la casa en la que estaba mi mujer, para decir cosas como: “En este momento sabemos dónde está tu hijo y lo vamos a matar”.

¿Y, cómo se vivía eso, puertas adentro? ¿Su esposa le pedía que tuviera más cuidado?
-No, mi mujer fue siempre muy comprensiva en ese aspecto, pero, evidentemente, fue una carga muy pesada para la familia, que no tendría por qué haber soportado ese temor, y yo tenía un hijo pequeño todavía. Tuvimos que mantener un cuidado enorme. Tenía que mandar a mi hijo al colegio con un policía que lo esperaba ahí, hasta que salía. No podíamos ir a ninguna parte. La policía nos decía: “Hay riesgo”, porque las amenazas son amenazas y, muchas veces, no tienen resultado, pero no podíamos confiarnos, porque no fue una, sino varias veces. A veces eran amenazas escritas en papeles. Fue una situación difícil y yo no podía ya, en ese momento, disminuir mi entusiasmo por la causa, pero sabía también el riesgo que corría mi familia, porque si había sido posible cometer esos crímenes y otros más, los resguardos tenían cierto sentido. Y así pasamos muchos años con una vigilancia algo molesta para mí. Al principio no lo quería aceptar y tomaba el metro, pero me daba cuenta que había detectives detrás míos, cuidándome, y entonces tuve que aceptar que me pusieran un vehículo, dos incluso, a veces con motos. Había una cierta tensión de los mismos policías porque estaban atentos a cualquier acto sospechoso. Eso no me amilanó para nada, pero reconozco que asustó a mi familia, sobre todo a mi esposa.

Usted dice que esta tensión duró varios años. ¿Cuántos?
– Tres o cuatro.

¿Y hubo momentos de mayor intensidad en las amenazas? ¿Los procesamientos, por ejemplo?
-No, fue constante. En una oportunidad incluso le llegó a Carabineros el asunto. Un General me avisó y me dijo: “Oiga, vamos a tener más cuidado ahora porque nosotros recibimos amenazas para usted”.

Pero no eran los Carabineros los que lo cuidaban, supongo.
-No-, responde riendo. -Pero ellos me manifestaban que no aceptarían una situación que me pudiera afectar a mí. Estaban complicados con el tema.

El voto de la Familia Verde
Sus decisiones en el caso degollados le significaron un veto para ascender a la Corte Suprema.
-Estuve en la quina (de candidatos para ascender) en el año ‘98 y fui propuesto por el Gobierno al Congreso, pero no me nombraron.

¿Y dónde lo vetaron?
-En la Corte Suprema tuve votos suficientes para integrar la quina, aunque había muchos ministros que no veían con buenos ojos que yo llegara a ese tribunal. Y, en el Ministerio de Justicia, el Presidente (Frei) quería que yo fuera, pues de entre los cinco nombres propuso el mío. Era evidente que en el Senado estaba complicada la cosa. En este tiempo existía la llamada “bancada militar”. Además, había dos senadores designados que habían sido ministros de la Corte Suprema, que habían sido mis jefes y uno de ellos dijo que no iba a votar por mí porque, además, había sido profesor de la Escuela de Carabineros. El otro me dijo que sí, pero yo sabía que no. Todas las explicaciones que me dieron después resultaron ser falsas y tampoco hice mayor cuestión, porque ya tenía experiencia en estas cosas. En la dictadura estuve como en cinco o seis ternas para ser ministro y nunca me nombraron. No una gran frustración tampoco, porque estaba dentro de las reglas del juego. Nadie me descalificó por ser mal funcionario, al contrario. Si uno lee el acta de la Comisión de Legislación y Justicia que evaluó mi postulación fue favorable. Decía que yo reunía todos los requisitos y no había ninguna objeción respecto de mi calidad moral ni judicial, pero venía después el voto político y era clarísimo que la UDI no iba a votar por mí. ¡Estaba, incluso, el mismo General Stange en el Senado! Él le dijo a un amigo mío que haría todo lo posible para que no me nombraran porque se lo pedía la “Familia Verde”. En realidad la derecha salió muy trasquilada por esto, porque hubo una reacción ciudadana que manifestó que se había cometido una injusticia conmigo.
A la segunda ocasión que me postularon, se dio la situación de que había un acuerdo político de nombrar a un candidato de cada sector, por turnos, y le tocaba a la Concertación. Todos los nombramientos son políticos, digamos las cosas como son. Y así ha sido en toda la historia del Poder Judicial. Tan político, que un Presidente de la República fue ministro y presidente de la Corte Suprema, Manuel Montt. Hasta el año 1941 militaban sin problemas en los partidos políticos. Quien diga que los jueces son apolíticos, no dice la verdad. Todos tienen sus ideas.

Como presidente de la Corte Suprema ¿Cuáles siente usted que fue su aporte al Poder Judicial?
-Ser presidente es un cargo más bien honorífico, de representación. Llegado el momento de las decisiones es un miembro más del pleno y el voto vale lo mismo que el de otro colega. Si puse algún sello, creo que fue siempre mantener una total independencia y una defensa irrestricta a los fueros del Poder Judicial y de los jueces.

Una de sus opiniones que más resonaron es que se estaba escamoteando las facultades de Poder Judicial con la creación de tribunales especiales.
-Sí, tribunales que tienen una cierta autonomía, pero que dependen financiera y administrativamente de otros ministerios. Eso crea una cierta asimetría, un cierto privilegio, por materias que tienen un tribunal especial, cuando la tendencia mundial es que haya un solo órgano jurisdiccional. Incluso, nosotros somos partidarios de que no exista siquiera la justicia militar, para que la sociedad sepa quién les va a resolver los conflictos.

En la justicia militar, por ejemplo, si uno acusa a un carabinero de haber faltado a sus deberes y es ella la que juzga ¿es juez y parte?
-Esa situación revela una debilidad de imparcialidad o independencia de esa justicia. No tiene ninguna justificación que exista todo un organismo que está basado en jerarquías muy especiales, en que un Coronel tiene que ser investigado por un Coronel más antiguo o por un General. A un general, imagínese, ¿quién lo investiga? ¿Un subordinado? Eso hace, realmente, complejo el asunto. Pero bueno, eso ya quedó y es difícil que esté en alguna agenda. No va a ser nunca fructífera.

En los últimos días de trabajo, el principal problema del ministro era dónde encontrar lugar para dejar los libros que acumuló en los 50 años de ejercicio y que no caben en su casa. Quiso dar la última entrevista a The Clinic porque es su cábala. Aquí hizo sus primeras reflexiones públicas cuando asumió la presidencia de la Corte Suprema. “Me gusta The Clinic”, confiesa, “porque debajo de los chistes, es el medio chileno más serio”. Juzgue usted.