En horas de este miércoles el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dio luz verde al procedimiento abreviado en contra de los fundadores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, todo esto en medio de la investigación del bullado caso que los tiene imputados por delitos tributarios.

Vale decir que la determinación del tribunal viene a acoger lo solicitado por la Fiscalía, y desestimando así la opinión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fundación Ciudadano Inteligente (CI), organismos que quedaron fuera de la causa como querellantes. El juez Daniel Aravena desestimó la incidencia que presentaron, informó Emol.

El Ministerio Público había reformulado a los Pentaboys por delitos tributarios, desechando la imputación por cohecho que se manejaba al principio. En este punto se puede decir que sólo el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Fiscalía pueden acusar. Ambos organismos precisamente son los que están de acuerdo con el juicio abreviado.

Al respecto, el abogado de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, criticó que este caso sólo “mutilará” las formalizaciones para después “adaptarla” y “dejar sólo cosas que sirven al acuerdo”. Por su parte, el CDE disparó que “la fiscalía, puede hacer lo que se le antoja”.

Cabe comentar que esta mañana el fiscal Guerra se refirió al quite de la acusación de cohecho y soborno por “falta de antecedentes”, cambiándola por “apoyo económico indebido”.

Según indica El Desconcierto, el persecutor explicó que “lo hemos hecho porque hemos llegado a la convicción de que no tenemos elementos que nos permitan acreditar ni sustentar seriamente una acusación en esos términos, y creemos que los hechos que el Ministerio Público puede probar son, en definitiva, aquellos que dan cuenta de un delito de enriquecimiento ilícito”.

Sobre el caso hay que recordar que los Carlos le pagaron al ex subsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera, Pablo Wagner, una suma total de 42 millones de pesos que fueron pagados en depósitos mensuales de $3 palos.

Ahora con la recalificación de los delitos, los imputados sólo arriesgan una multa de 1.700 millones de pesos y una pena de 4 años que podrían pagar en libertad.