Lucia Hiriart Rodríguez solicitó anular la última decisión tomada por la Corte Suprema en el marco del “caso Riggs”, que según versiones de prensa, ordenará el comiso de 5,1 millones de dólares y propiedades del fallecido dictador Augusto Pinochet Ugarte.

La solicitud fue ingresada el pasado 28 de junio en la Segunda Sala del tribunal, bajo las firmas de sus abogados representantes, Pablo Rodríguez Grez y Fernando Rabat Celis.

El origen de esta petición, según exponen Rodríguez y Rabat en el documento, se debe “a la filtración de antecedentes a los medios de comunicación social ‘con anterioridad a la determinación del tribunal que conoce del juicio’”, haciendo referencia a lo publicado el sábado 23 de junio por el diario La Tercera y El Mercurio.

Según consta en la solicitud, dos días después de dada a conocer esta información, el máximo tribunal “manifestó su preocupación” por lo sucedido, agregando que “la ley dispone la reserva de los acuerdos como parte de un conjunto de prescripciones (…)” y que su objetivo “no es otro que cautelar el ámbito de discusión en que ella se adopta, cuya integridad importa preservar como garantía de independencia en la decisión de lo debatido”.

En esta línea, los abogados alegan que se infringieron las “normas de los acuerdos” desde dos perspectivas: “una de carácter constitucional”, puesto que “se ha afectado la independencia en la decisión de lo debatido”, y otra “de carácter legal, ya que de acuerdo con el artículo 81 del Código Orgánico de Tribunales (…) los acuerdos se celebrarán privadamente, situación que, en este caso, conforme a las publicaciones de prensa y a la luz de lo resuelto por el Tribunal Pleno, se ha violentado”.

Según los abogados de Hiriart, “desde ambos puntos de vista, se causa un agravio a nuestra representada que solo puede ser enmendado mediante la declaración de nulidad que se impetra, puesto que no se respetan las garantías establecidas en la Constitución y la ley, para que la sentencia se funde en un proceso previo legalmente tramitado, al no haberse respetado las normas reguladoras de la vista de la causa y de los acuerdos que adoptan los Tribunales colegiados”.

Por lo mismo solicitan que, junto a declarar la nulidad del fallo, se retrotraiga “la causa al estado de darse inicio a su vista, integrándose la sala respectiva por ministros no inhabilitados”.