Desde hace días el tema de las remuneraciones y asignaciones de los parlamentarios chilenos ha sido motivo de preocupación de varios sectores de la sociedad. Algunas de estas inquietudes vienen desde hace bastante tiempo, más exactamente del tiempo de la dictadura, cuando el dictador militar se preocupó sistemáticamente de denostar la política y a los señores políticos. Otros han adquirido esta letanía posteriormente, sin darse cuenta que de alguna manera están haciéndole el juego a los nostálgicos del autoritarismo.

Otros, los menos, entran al tema con total honestidad y sintiendo que la situación en Chile no justifica ese nivel de gasto. El tema justifica una discusión seria y amplia considerando todas las aristas que tiene un tema como este.
Daniel Inererity, catedrático de Filosofía Política y Social en la Universidad del País Vasco señala en su libro “La Política en tiempos de indignación” (Editorial Galaxia Gutenberg) que desde la Revolución francesa, las dietas de los parlamentarios son una compensación que facilitaba participar en la política a quienes no pertenecen al círculo de los aristócratas. La posibilidad de que los parlamentarios vivan de la política favorece el que entren a ella personas de variada procedencia. El sueldo de los políticos, ajustado pero suficiente, es una garantía de igualdad en el acceso a la actividad política. Lo sorprendente es que pongamos en peligro esta conquista de la igualdad de acceso a la política con torpes propuestas. El debate daña su legitimidad y dibuja en el horizonte un ideal de parlamentarios débiles y en manos de los ricos. Un Parlamento de pocos y a tiempo libre sería un Parlamento todavía menos capaz de controlar a los ejecutivos. Si los políticos no cobraran, se dedicarían a ello los ricos o sus testaferros.

Defender el número y el salario de los parlamentarios suena hoy como una provocación, pero es más igualitario que ciertas medidas populistas que debilitan la democracia.

Sin lugar a dudas que son varios los dirigentes políticos que estarán de acuerdo con que el sueldo de los políticos sea ajustado y suficiente y que se logre una regulación mucho más estricta y transparente de estos. También debe haber un control externo e informado públicamente sobre los incrementos que estos emolumentos pudieran sufrir.

En mi opinión la propuesta de los diputados Boric, Jackson y Mirosevic sobre la posibilidad de eliminar el monto de los sueldos de la Constitución y fijar la dieta parlamentaria mediante ley es una buena opción para hacer más aceptable para el ciudadano de a pie el monto que cobran.

Un gesto como este puede significar una enorme oportunidad para que la política reflexione acerca de sus obligaciones y recupere, o al menos intente recuperar, la estimación pública.