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El 26 de septiembre de 1973, funcionarios de Carabineros –junto a personal del Ejército e Investigaciones- realizaron allanamientos en la comuna de Conchalí. En vehículos institucionales, irrumpieron por las calles de la Villa Araucanía, las poblaciones El Cortijo, Eneas Gonel, Santa Mónica, y en los campamentos La Arboleda y Carlos Cortés Díaz.

Aunque se desconoce el número exacto de detenidos, una investigación desarrollada por el juez Mario Carroza logró individualizar a cinco de ellos: Rodolfo Rojas González (24), Juan Luis Inostroza (19), Carlos Ibarra Espinoza (27), Abraham Romero Jeldres (29) y Ramón Beltrán Sandoval (24).

Sin justificación legal alguna, los cinco pobladores fueron arrestados por un grupo de carabineros pertenecientes a la Tenencia Eneas Gonel Marín -entonces dependiente de la 5ta Comisaría-, liderado por el teniente René Ortega Troncoso, y complementado, entre otros, por los suboficiales Juan Guzmán Valencia y Leonidas Bustos San Juan.

La indagación de Carroza logró acreditar que los detenidos fueron trasladados a una cancha de fútbol emplazada en la misma población, luego derivados al cuartel donde trabajaban los uniformados y, finalmente, sacados de allí por orden de Ortega Troncoso durante la madrugada del 27 de septiembre, en una camioneta de color blanco.

Los detenidos bajaron del vehículo en un sitio eriazo ubicado en Portezuelo (Quilicura). Amarrados y de rodillas, fueron enumerados por Guzmán Valencia y luego baleados por carabinas en diferentes partes del cuerpo, en un acto que la sentencia del caso, dada a conocer 42 años y un día después del hecho, calificó con la agravante de alevosía, “ya que sus autores actuaron sobre seguro, a traición, utilizando sus armas y el número de sus integrantes para evitar cualquier atisbo de defensa de los detenidos”.

Tal como reconoció en su declaración, Bustos San Juan participó de manera directa en la ejecución, específicamente cuando un poblador intentó huir luego de que Guzmán Valencia abriera fuego contra el cráneo de un detenido. En ese momento, según su versión dada en tribunales, disparó por indicación de su superior sin la certeza de “haberle dado” a quien trató de escapar.

Los cadáveres fueron encontrados horas más tarde por personal del Retén de Quilicura, y llevados al Servicio Médico Legal cerca de las 17:00 horas. Los certificados de defunción establecieron que Beltrán Sandoval falleció producto de seis heridas de bala, recibidas en el cráneo, glúteo, muslo y abdomen; Inostroza Mallea por dos proyectiles que impactaron su cráneo y uno en su arteria axilar; y Romero Jeldres, Ibarra Espinoza y Rojas González por disparos en la cabeza.

Debido a esto, Bustos San Juan, Valencia Guzmán y Ortega Troncoso fueron condenados a diez años y un día de presidio mayor en calidad de coautores de homicidio calificado, inéditamente cumplidos en el recinto penitenciario Colina 1. Mientras un cuarto imputado, Rolando Luengo, fue absuelto por falta de pruebas que acreditaran su participación.

CARTA PARA MI CAMARADA

El deceso del carabinero (R) –ocurrido el pasado jueves producto de una bronconeumonía, inflamación de bronquios y pulmones- desató la indignación de su familia, del abogado que representa a los internos de Punta Peuco, Raúl Meza, y de quienes exigen liberar a los condenados por violación a los derechos humanos de edad avanzada.

La familia de Bustos incluso acudirá el próximo martes al Juzgado de Garantía de Colina para presentar una querella criminal “por el delito de homicidio culposo por omisión y por tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de todos que resulten culpables”, pues consideran que su deceso estuvo marcado por “irregularidades” en el recinto penal, como que no se encontrara la enfermera de turno cuando se solicitó su intervención o la supuesta negligencia de un paramédico que habría mandado a Bustos “a dormir” a su celda luego de revisarlo, según consigna La Tercera.

Su familia ya había intentado evitar su encarcelamiento en 2016, cuando a través del abogado José Ricardi Romero, presentó una apelación a la sentencia dictada por Carroza en la que se adjuntaron cuatro certificados médicos emanados por la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, los cuales advirtieron que Bustos padecía de estenosis aórtica severa, hipertensión arterial crónica y sordera, lo que aumentaba su “posibilidad de sufrir una muerte súbita”.

Los excompañeros de armas de Bustos que también fueron condenados por violar los derechos humanos, en tanto, reaccionaron a su deceso a través de una carta, en la que solicitan a “las autoridades políticas y judiciales (que) reconsideren su parcialidad para tratar el futuro de quienes dimos la vida por la patria, cuando el estado nos ordenó hacerlo cumplir el mandato de nuestros superiores, en bien de la patria”, y en la que lamentan que “nuestro querido camarada murió luchando e implorando justicia para cumplir; por su edad, su condena junto a su familia, en su hogar, lo que jamás sucedió”.

“Los oficiales, suboficiales y empleados civiles(R) del ejército, Fuerza Área, Carabineros e Investigaciones que estamos privados de libertad, estamos sufriendo como verdaderos soldados porque uno de los nuestros ha partido sin atención médica y lejos de su hogar”, agregaron en la misiva.

De acuerdo a información publicada en prensa, los 48 reos condenados por causas similares a la de Bustos le rindieron un homenaje cuando su féretro abandonó el recinto, momento en que realizaron una unidad de formación y entonaron la canción “Yo tenía un camarada” a modo de despedida.

Entre ellos se encontrarían Guzmán Valencia y Ortega Troncoso, quienes intentaron desligarse de la ejecución de los pobladores cuando el primero de ellos declaró que nunca disparó contra los civiles, y cuando el segundo, a cargo de la unidad policial, aseguró que no estaba al tanto de los antecedentes del caso, motivo por el cual pidió rebajar su sentencia.

Sin embargo, la Justicia desestimó estas versiones cuando fueron enfrentados a careos con Bustos, quien los contradijo y los identificó como autor material e intelectual de los homicidios.