En 1950, en el estado de Kansas en Estados Unidos, la junta directiva de una escuela rechazaba la admisión de una niña afroamericana reservándose el derecho de admitir sólo estudiantes blancos. La niña se llamaba Linda Brown y producto de esta decisión debía caminar tres kilómetros cada mañana para asistir a la escuela más cercana que admitía afroamericanos, a pesar de que la otra escuela quedaba a solo siete cuadras de su hogar.

La determinación de la junta directiva estaba en sintonía con la doctrina jurídica de “iguales pero separados”, es decir, tanto blancos como negros eran considerados iguales por la Constitución, pero ello no implicaba que accedieran a los mismos servicios ni espacios. Existían, entonces, bares segregados, vagones de tren segregados, y escuelas segregadas. Al conjunto de leyes que protegían esta segregación se les llamaba las leyes “Jim Crow”.

Cuando la Corte Suprema falló sobre este asunto en 1954, su sentencia fue tan aguda como lógica: los establecimientos educacionales separados son inherentemente desiguales, en consecuencia, la doctrina “iguales pero separados” no tiene lugar. Ese hito marcó un punto de inflexión en la historia de los derechos civiles y el combate al racismo en los Estados Unidos.

Sería interesante hacernos como sociedad la misma pregunta que se hizo la Corte Suprema estadounidense, pero en nuestro caso respecto de las viviendas sociales en la rotonda Atenas y la segregación urbana en general. ¿Es posible ser iguales frente a la ley, los servicios públicos, y las oportunidades, si nuestras diferencias socioeconómicas nos hacen también vivir separados geográfica y urbanamente?

La respuesta debiera ser la misma: al igual que asistir a escuelas segregadas conlleva tener una educación desigual, el habitar comunas y barrios separados por rangos de ingreso nos constituye inherentemente en una sociedad desigual.

El problema es que en Chile tenemos nuestra propia doctrina de “iguales pero separados”. Nuestras leyes “Jim Crow” a la chilena no buscan la segregación racial ni están amparadas en la formalidad legal, sino que promueven la segregación social y se encuentran principalmente amparadas en el poder de compra. Estamos segregados por el ingreso, luego, separados en la educación, en la salud, en los barrios y en la convivencia.

Soslayar los niveles de segregación urbana que tenemos sería caer en la ingenuidad o el cinismo de creernos iguales, pero vivir separados. Combatir la desigualdad exige inevitablemente combatir la segregación, es cosa de ver los mapas y los datos: la distribución geográfica de la renta está perfectamente relacionada con la distribución geográfica de los resultados educativos, de las áreas verdes por metro cuadrado, hasta de la esperanza de vida o el tiempo disponible en el hogar para la familia.

Este tema, el de la solidaridad y justicia urbana, es un tema prioritario para constituirnos en un país inclusivo, y así ha sido declarado por todo tipo de actores en las últimas semanas. Surge, por tanto, el desafío de transformar el caso de las viviendas en Las Condes en algo más que un ejemplo paradigmático, y devenirlo en una política que revierta las tendencias de segregación actuales. Contar con barrios integrados que representen más o menos la diversidad social que tenemos en el país, debiera ser no solo un anhelo necesario para considerarnos iguales, sino concretarse en una política pública y ciudadana que nos permita dar paso de un “iguales, pero separados”, a un “juntos, por eso iguales”.