A comienzos del mes de julio un grupo de 45 dirigentes políticos y sociales entregamos a la opinión pública nacional e internacional la “Declaración en Defensa de la Democracia en Brasil y el Presidente Lula. Todos los firmantes cuentan con una larga experiencia y conocimiento sobre Brasil desde distintos ámbitos del quehacer y muchos hemos trabajado en asuntos ligados a la definición de la Política Exterior chilena acerca de ese país. Además nos une un sentimiento de afecto y consideración por el mayor país de la región, un actor clave para avanzar en la cooperación e integración latinoamericana, que es un propósito que también compartimos.

El documento que firmamos era a la vez analítico y fundado en antecedentes sólidos. También, respetuoso en sus solicitudes. Pese a ello, una campaña coordinada y sistemática en diversos medios de comunicación escritos y audiovisuales planteó reparos y hasta descalificaciones a la expresión de nuestro derecho en un tema que consideramos vital para el futuro de la democracia en América latina. Creemos que esto hace necesario afianzar la legitimidad de nuestros planteamientos y defender los contenidos que hemos planteado.

En primer lugar resulta sorprendente que ninguna de estas objeciones se haya preocupado de examinar el problema en el contexto histórico y político brasileño. Al contrario, parecería que se considera que la situación actual en ese país es plenamente democrática y corresponde en todos sus ámbitos a la existencia de un Estado de Derecho que funciona apropiadamente. Y resulta que la situación, sumamente inquietante para cualquier latinoamericano, es exactamente la contraria.

Brasil vive hoy una de las tres mayores crisis políticas que enfrenta el hemisferio, equivalente en gravedad, aunque con otros rasgos, a las situaciones de Venezuela y Nicaragua. Desde el año 2016 ésta no ha cesado de agravarse. La destitución, luego de una discutible acusación constitucional contra la Presidenta Dilma Roussef fue un proceso cargado de irregularidades y, sobre todo, de pasiones. Finalmente se la privó de su cargo sin considerar las causales que el “impeachment” prevé en la Constitución brasileña, al punto que los autores de este virtual “golpe blanco” ni siquiera se atrevieron a aplicarle la sanción complementaria de inhabilidad para ejercer y postular a cargos públicos en el futuro. Luego, se convirtió en jefe de estado al vicepresidente Michel Temer, compañero de Dilma en el voto y corresponsable de toda la gestión de ésta, irregularidad necesaria para ampliar la coalición política que la destituyó. Los efectos de esta decisión han sido los que se podía prever. La gestión de Temer carece de toda legitimidad y su índice actual de apoyo asciende solo al 3% de los ciudadanos, sin duda el más bajo en el mundo, mientras el rechazo supera largamente el 80%. Simultáneamente, como resultado inevitable en este cuadro los otros dos poderes del estado se han visto afectados por esta situación. El Parlamento que tiene más de 90 diputados y más de 20 senadores acusados o juzgados por corrupción, cuenta con un apoyo tan bajo como el del presidente. Y el poder judicial inevitablemente se ha visto envuelto en el clima de disputa política y polarización que ha acabado influyendo en varias de sus resoluciones.

El telón de fondo, y en alguna medida la causa de esta situación, es una crisis estructural que ha afectado al régimen político brasileño desde la aprobación de la Constitución política de 1988, al final de una dictadura militar que duró 21 años. En esta Constitución se favoreció una estructura múltiple de partidos políticos y se estableció un sistema de configuración territorial de los distritos electorales que fragmentaba el poder y hacía casi imposible a las mayores fuerzas políticas disponer de un respaldo suficiente en el congreso. Un buen ejemplo es lo ocurrido en la segunda administración de Lula, elegido por un amplio margen, en que el PT dispuso sólo de 70 asientos en una cámara de diputados formada por 507miembros. La consecuencia de esto, fue que desde el primer gobierno democrático de José Sarney todos los partidos que llegan al poder están obligados a constituir coaliciones de múltiples partidos, muchos de ellos pequeños, para formar una mayoría que les permita gobernar. Esto obliga a los Jefes de Estado a repartir las posiciones en el gabinete ministerial y la administración pública, espacios que son usados por estas fuerzas políticas dar trabajo a sus militantes, pagar favores políticos e ir ejerciendo diversas modalidades de cohecho y corrupción. Obvio es decir que los gobiernos más estables, como los de los presidentes Fernando Henrique Cardoso y el de Lula no han podido reunir los votos necesarios para modificar esta situación cuyos efectos se han agravado cada día más y han acabado por afectar a todos los partidos del espectro político brasileño.

Naturalmente, nosotros respaldamos desde hace bastante tiempo la indispensable reforma política que la democracia necesita en Brasil para enraizarse y fortalecerse. Expresamente hemos apoyado las investigaciones judiciales sobre corrupción de cuya magnitud y gravedad han mostrado evidencias los casos de Petrobras y de las grandes empresas constructoras Odebrecht y OAS.

Un último tópico general es el reparo que se nos ha hecho por dirigirnos en forma especial al poder judicial de Brasil. Aquí la impugnación excede todo lo imaginable. Especialmente en el tiempo de la globalización, el examen de la situación internacional incluye frente a cada país la actuación de todos los actores públicos y privados. Esto debe hacerse, por supuesto, dentro del ejercicio de la libertad de expresión y no puede incluir propuestas de empleo de medios materiales y, menos aún, del uso de la fuerza o de una intervención militar.

Y esto es algo que hacen todos los días todos los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil respecto de todos los países sin que se conozcan impugnaciones de ninguna clase. ¿Alguien ha condenado, por ejemplo, la actuación del gobierno o de partidos políticos chilenos que piden cambios o nuevas elecciones en situaciones como las de Venezuela o Nicaragua? ¿O las que plantean críticas y piden ajustes a las conductas de gobiernos como los de Rusia, Irak e Israel? Hoy, sin la extensión de la libertad de expresión y petición en las situaciones internacionales es difícil concebir el funcionamiento del orden mundial. Por lo mismo, nunca hay nada reprobable en una presentación hecha guardando las formas y a través del conducto regular apropiado de los medios de comunicación como ha sido en este caso.

Pensamos que, con los antecedentes expuestos, estamos en mejores condiciones para entrar a examinar la petición concreta que hemos hecho en el proceso judicial que afecta al presidente Lula. Se trata a nuestro juicio de una situación especial y en torno a ella expresamos convicción en cuanto a la necesidad de un cambio de la postura del poder judicial brasileño.

Esta situación es particular por varias razones:

Lula fue uno de los grandes organizadores del proceso social y electoral que puso término a la prolongada dictadura brasileña, la primera de su género – dictadura de Seguridad Nacional- en el continente. Su importante aporte se hizo por medios legítimos y pacíficos, en un contexto de fortalecimiento de la organización sindical del país.
Lula ayudó a afianzar la democracia política brasileña compitiendo en tres ocasiones por el poder y reconociendo en forma inmediata a quienes lo aventajaron. En un cuarto intento gano el gobierno y fue reelegido por un margen mucho más amplio para un segundo mandato. Pero al término del cual no buscó ni reformas constitucionales ni enmiendas legales que le permitieran seguir ejerciendo el poder.

El Presidente Lula fue una figura internacional fundamental en el sistema internacional durante su mandato y, en particular, favoreció la cooperación e integración entre los países latinoamericanos, no teniendo nunca un conflicto importante con ningún gobierno del área.

El balance de su gestión muestra, además, los mayores resultados en avances sociales logrados en el continente en el reciente ciclo de gobiernos democráticos: 40 millones de personas salidas de la pobreza; los impresionantes programas “Hambre Cero” y “ Bolsa Familia”, una política destinada a preservar la biodiversidad en la cuenca del Amazonas, como un espacio decisivo a nivel planetario, y un sostenido esfuerzo para diversificar y democratizar la formulación de las políticas públicas, tanto a nivel territorial como de las organizaciones más activas de la sociedad civil.

Lula mantiene precisamente por estos logros -y a pesar de la crisis que ha afectado a casi todos los dirigentes políticos de su país- un importante grado de apoyo en la ciudadanía brasileña al punto que en relación a la elección presidencial de octubre próximo, en los estudios más serios de opinión, más que dobla en apoyo al segundo postulante.

La situación que lo afecta, se traduce hoy en una condena de más de 12 años de presidio que él, con estoicismo democrático está cumpliendo, exige en nuestra opinión, un manejo especialmente fino y atento a su situación por no tratarse de un caso corriente sino del que probablemente sea el principal protagonista de la política institucional brasileña. Por cierto, no estamos propiciando que los méritos y los reconocimientos de Lula lo pongan por encima de las obligaciones y responsabilidades que obligan a todos los ciudadanos a responder por delitos y faltas en materia de corrupción. Lo que sostenemos es algo distinto y es qué hay que ejercer las responsabilidades que puedan afectarlo de un modo especialmente transparente y nítido que evite cualquier sospecha de parcialidad o sesgo político en su juzgamiento. Y es aquí donde luego de haber estudiado cuidadosamente el proceso que lo ha afectado, tenemos dudas que consideramos respetables y legítimas de manifestar.

Como una posición general somos partidarios de la mayor amplitud y eficacia en los esfuerzos para castigar la corrupción en cualquier país. Pero nos parece indispensable hacerlo sin transferir la decisión del fallo condenatorio ni a los medios de comunicación adversos a ciertos líderes, ni a una acción que se empeñe con medios excesivos, en el avance de los procesos judiciales en contra de los inculpados. En un estado de derecho una persona es inocente hasta que se demuestre en un juicio imparcial lo contrario, y en esa perspectiva, así como rechazamos a los defensores de la impunidad que siempre emplean los mismos recursos para evadir la acción de la justicia, no nos gustan tampoco aquellos “justicieros” que nunca se sabe si por razones fundamentalistas o de un inconfesable cálculo político, se proponen afectar a determinados dirigentes. Vimos algo de eso en el proceso conocido como “Mani Puliti” en Italia durante los años 80 y 90 en que hubo jueces que sostuvieron la necesidad de filtrar y acordar con los medios de comunicación en forma temprana, parte de las investigaciones que estaban a su cargo en sumarios secretos, como una forma de aumentar la presión sobre algunas personas bajo investigación. En un sistema democrático siempre es necesario mantener la distinción entre un inculpado y un culpable. Esta última situación sólo se produce cuando existe la llamada “cosa juzgada”, esto es que la condena esté a firme y no exista ningún recurso pendiente en el caso. En los múltiples juicios por corrupción que se han seguido en Brasil -generalidad esta que nos parece valorable- hay dos cuestiones que se tienen que tener en cuenta:
Prácticamente en todas las otras situaciones en que ha habido trámites o recursos pendientes, y Lula tiene todavía dos, los enjuiciados no han sido detenidos. Y hablamos de decenas de acusados que continúan en libertad.
Resulta asombroso que teniendo Lula un solo cargo en que se lo afecta directamente, el caso del departamento triplex en la playa de Guarujá (lugar que se parece más a Cartagena que a Cachagua, para decirlo con una imagen chilena) sus abogados establecieron en el curso del proceso que allí no había habido ni transferencia legal de dominio, ni tampoco ocupación material del inmueble. Y sin embargo, el juez Sergio Moro lo condenó a una pena de 9 años y medio de cárcel que, en segunda instancia, fueron aumentados a 12 años y un mes de prisión. ¿Alguien conoce en el mundo algún juicio de corrupción con sentencias de cárcel efectiva con esa extensión ante la imputación de un delito de “corrupción pasiva” como lo califica la sentencia? En términos de nuestra experiencia chilena, los que hablan de un doble estándar de los defensores de Lula ¿han reclamado por los acuerdos que han permitido que en delitos de cohecho y corrupción, judicialmente comprobados, luego de establecer que los imputados eran culpables, se hayan reemplazado las condenas de prisión efectiva por multas que, pareciendo bastante altas, son siempre muy inferiores a las ventajas que obtuvieron los responsables de estos delitos?
Cómo creemos haber demostrado en este recuento el problema del doble estándar no es de los autores del texto que pide un examen más riguroso y menos sesgado de la situación judicial y política del presidente Lula, sino de la de quienes en Chile y en otros lugares propician un trato implacable contra el principal dirigente político brasileño mientras despliegan toda clase de tretas y ardides para diluir la responsabilidad de situaciones efectivas de corrupción que les son cercanas.

Como corolario de nuestra argumentación nos gustaría invocar argumentos sobre la equidad de este juzgamientos aparecidos en medios de comunicación escrita de gran influencia mundial y ajenos a toda sospecha de simpatía o aproximación política a Lula que confirman categóricamente nuestros dichos.

El 23 de enero del 2018 The New York Times publicó en su página editorial un artículo de Marc Weisbrot director del Centro de Investigación Económicy de Políticas Públicas quien en víspera del fallo de segunda instancia sostuvo lo siguiente: “en los últimos dos años lo que pudo haber sido un avance histórico –el gobierno del Partido de los Trabajadores le otorgó autonomía al poder judicial para investigar y procesar la corrupción en el gobierno- se ha convertido en lo contrario. En consecuencia la democracia de Brasil ahora es más débil que en cualquier otro momento desde el fin del gobierno militar”. Y en relación al segundo fallo indicó “No parece que la corte vaya a ser imparcial. El juez que preside el panel de apelación alabó la sentencia en contra de Lula da Silva por corrupción y la calificó de ‘técnicamente irreprochable’. La jefa de personal del juez publicó en su página de Facebook una petición para que se encarcele al ex presidente”. En conclusión Weisbrot sostiene “la evidencia contra Lula da Silva está muy por debajo de estándares que se tomarían en serio, por ejemplo, en el sistema judicial estadounidense”

En la misma línea, la revista británica The Economist en su edición del 20 de julio ha publicado un reportaje en que sostiene que existe el riesgo de que los brasileños consideren ilegítima la elección si Lula no puede participar, agregando “el caos en los tribunales refuerza las preocupaciones de que el poder judicial se ha convertido apenas en un foro de la política partidaria”, comentando también que “en un país donde el Supremo Tribunal Judicial examina 87.000 casos cada año, apenas puede juzgar procesos criminales contra las autoridades, permitiendo que muchos acusados de corrupción circulen libremente, la sentencia de 12 años de prisión contra Lula parece excesivamente dura”.

Por todo lo anterior en lugar de dejarnos apabullar por la concertada campaña para trató de quitar peso a nuestra solicitud anunciamos una segunda lista de adherentes, de un arco político igualmente plural y amplio y con trayectorias nacionales de gran reconocimiento en cuanto a las relaciones de Chile en Brasil y de nuestra política hacia América Latina que entregaremos en los días próximos. Igualmente queremos informarles que el impacto de nuestro planteamiento ha sido considerable y que hemos sido contactados desde varios países latinoamericanos para realizar una presentación del mismo tipo de la nuestra ante las autoridades públicas de Brasil, un país que conocemos y queremos, y cuya aguda crisis política quisiéramos ayudar a superar en la medida limitada de nuestros recursos.