Por Lucía Dammert

Dos eventos marcaron la agenda de seguridad la semana pasada. El jueves la comisión presidencial entregó una propuesta de 150 medidas, 71 de las cuales se vinculan con la especialización de las funciones policiales. El fin de semana, el gobierno festejó la nueva ronda policial que terminó con 4572 personas detenidas y con los principales voceros del gobierno autofelicitándose por los resultados.

Dos caras de una misma moneda dirán algunos. Más bien, señales confusas para las políticas de seguridad ciudadana que reconocen los problemas de fondo, pero a la vez saben que la seguridad requiere de un fuerte componente comunicacional. Pasamos de “se acabó la fiesta para la delincuencia” del primer gobierno; a la declaración del ministro del Interior “ahora hay una actitud más dura, hay una mano más decidida”. Sin duda, la seguridad aún, políticamente, vende.

La comisión presidencial entregó un informe valioso. Cabe reconocer que debe ser el primer informe, propuesta de gobierno o declaración desde los 90 que no parte por pedir más personal policial. Eso ya es un avance. Si bien la mayoría de las 71 medidas son de tipo burocrático, es decir solicitar comisiones, estudios, planes, capacitaciones; las hay también vinculadas con un mejoramiento directo de las tareas policiales.

El informe también evidencia el profundo descontrol que existe hoy sobre el accionar policial. Se solicita que ojalá se entreguen los datos de dotación policial, que entreguen hojas de ruta, informes de gestión, propuestas de capacitación, de indicadores, entre varias otras iniciativas.

Todas importantes, la mayoría ya se realizan, pero con altos niveles de autonomía. ¿Cómo resolver la burocratización de los procesos? De eso no dicen nada las medidas, tal vez alguno de los varios comités, consejos y grupos destinados hacer los diagnósticos expliquen a la brevedad los pasos a seguir y cómo medir los resultados. Hay que ser claros, desde los 90, los ofertones de seguridad han sido poco analizados y evaluados. Esperemos que esta sea una oportunidad para cambiar.

El informe evidencia también que hay una diferencia sustancial entre lo que algunos entendemos por “policía democrática” o el ejercicio real del “control civil” sobre las policías y lo posible hoy en Chile. A pesar que el informe dice “se debe definir y limitar aquellos espacios de autonomía de las instituciones policiales que hoy impiden o dificultan su necesario control”, luego poco se exige, mucho se solicita. Poco se trabaja en conjunto, mucho se esperan resultados. Las medidas vuelven a caer en un problema serio, solicitar a las policías que hagan cosas para la posterior aprobación ministerial. Un gobierno de la policía debería definir criterios, trabajar en conjunto, pero marcar los énfasis y prioridades. Al parecer, las propuestas están aún en la época de “en la medida de lo posible”.

Un ejemplo clarifica la situación. Se solicita abrir espacios para contratar profesionales dentro de las instituciones, gente experta que pueda aportar en la mejor definición y administración de las tareas policiales. No es claro que sea realmente una necesidad considerando los miles de contratos que hoy tienen ambas instituciones. Pero más allá del gasto ineficiente, lo grave es que necesitamos contratar civiles expertos para el Ministerio del Interior y otras dependencias públicas para que desde ahí se definan las contrapartes y experticias. Parece un detalle, pero un experto en administración en una institución jerárquica, poco transparente y autónoma no nos ayudará a cambiarla.

Luego de la Operación Huracán, de la asociación ilícita que se organizó dentro de Carabineros, de los magros resultados de muchos de los proyectos estrella, de las constantes denuncias de abuso, de los bajos niveles de confianza de los sectores más vulnerados del país, estábamos ante una oportunidad de oro. A 11 metros del gol pateamos a las graderías.

Demás está decir que existen múltiples observatorios de buenas prácticas, que los gobiernos han realizado diversos estudios que deberían ser públicos y podrían ser parte de la toma de decisiones, que aún no es claro que los programas que se proponen expandir sean realmente beneficiosos o que se requieran becas de perfeccionamiento en el extranjero para funcionarios policiales. Todas medidas interesantes y de largo aliento.

Tal vez por eso el gobierno cerró su semana con la redada y optó por entregar esas cifras antes que discutir las medidas. Los miles de detenidos muestran la mano dura, la capacidad del gobierno de enfrentar un problema que efectivamente preocupa a la mayoría de chilenos. Números que, además, logran aumentar el silencio de la oposición frente a un tema donde se sabe que estamos al debe.

Ahora nos queda esperar los resultados concretos de las 71 medidas definidas en el acuerdo transversal donde participaron todas fuerzas políticas y algunos expertos. Esperamos el cronograma, una vez más, solo en la medida de lo posible.

*Académica de la Universidad de Santiago de Chile.