Por Dr. En Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Jaime Abedrapo. Director Comunidad Palestina de Chile.

Ahed Tamimi, la adolescente palestina de 16 años que estuvo en prisión durante ocho meses por abofetear a un soldado israelí, es protagonista de una situación difícil de justificar desde el ejercicio de un Estado de Derecho.

La confusión a esta anomalía se acrecienta cuando las estimaciones de las organizaciones de derechos humanos elevan a más de 300 los niños, niñas y adolescentes detenidos en las cárceles de Israel. Todos estos menores tienen en común vivir bajo ocupación y ser de origen palestino. ¿Cómo comprender esta “justicia”, que en términos generales las autoridades de Israel justifican en base a razones de seguridad nacional?

Muchos sospechan, acertadamente, que la justicia israelí dicta sentencias contrarias a la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia (1990), por lo que podemos afirmar que en estos casos sólo existe una apariencia de justicia, pero desde la perspectiva del derecho internacional una flagrante violación a los derechos humanos.

Por otro lado, ¿cómo se puede explicar que el régimen político en Israel, publicitado como la “única democracia representativa en Medio Oriente”, mantiene un sistema judicial de corte colonial para los palestinos que viven en Cisjordania y Franja de Gaza? En particular, porque ese sistema judicial es anacrónico a la luz del derecho internacional, puesto a que está prohibido el uso de la fuerza (militar y jurídica) para la represión de los movimientos de liberación nacional, ya que el sistema de Naciones Unidas dio por finalizada la legitimidad de las potencias coloniales, siendo Israel una excepción injustificable desde las normas internacionales en la mantención de un sistema judicial colonial.

En definitiva, la justicia colonial ha sido el medio por el cual Israel avanza en la creación de su proyecto Sionista, privando a los palestinos – por un lado- de alcanzar su derecho de autodeterminación por carecer de un territorio sobre el cual ejercer su soberanía, mientras que por otro, el Knesset (parlamento israelí) legisla a favor de leyes que transforman a dicho país en el hogar nacional del pueblo judío, sin importar que más del 20% de la población sea no judía; reconociendo la autodeterminación sólo para los judíos; abandonando el árabe como lengua oficial; insistiendo con que Jerusalén es su capital sin importar las resoluciones del Consejo de Seguridad; y olvidando los principios manifiestos en la fundación de Israel, los cuales garantizaba la igualdad de derechos de todos sus habitantes.

En definitiva, tanto por su sistema judicial colonial hacia los palestinos que viven bajo ocupación, como por las leyes discriminatorias que impulsa desde su parlamento, se puede aseverar que dicho Estado está dispuesto a conseguir su proyecto político – teológico – sin respetar los derechos de los palestinos, y por supuesto sin importar la edad que tengan.

En consecuencia, Israel mantiene una democracia formal pero a la vez ha conseguido crear una sociedad colonial que se desarrolla bajo la hegemonía de quienes profesan una religión, configurando así un régimen de apartheid al interior de Israel, es decir, con ciudadanos judíos que tienen privilegios legales en comparación a los no judíos. Esto en paralelo con la anexión ilegal de territorio ocupado. En efecto, va tomando posesión efectiva de la tierra y está intentando doblegar la voluntad de los palestinos de exigir su derecho inalienable a la autodeterminación y de mantener su identidad como pueblo.

Para los que hemos visto y escuchado a Ahed Tamimi luego de salir de la cárcel, y tantos otros activistas por la liberación de Palestina, sabemos que Israel pasará a la historia por avanzar en su proyecto político por medio de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero nunca por la renuncia de los palestinos a vivir en el territorio que han heredados de sus padres y abuelos, desde hace mucho antes de los setenta años de creación del Estado de Israel.