¿Cómo fue la presentación de esa primera querella contra Pinochet?
La querella tenía como objetivo presentar el caso de los franceses desaparecidos en Chile porque la justicia francesa reconoce jurisdicción sobre un principio de lo que se llama la “Competencia Personal Pasiva”, es decir, no solo la jurisdicción clásica, que se refiere al lugar donde se cometen los delitos, sino que también se acepta la competencia para conocer crímenes que afectan a franceses, aunque hayan ocurrido en otros territorios.

¿Cuántas víctimas francesas eran?
El caso comenzó con cinco víctimas francesas desaparecidas, pero en uno de esos casos la instrucción reveló que no era posible probar que la desaparición de esa persona se debía a la dictadura chilena. Entonces, finalmente, fueron cuatro casos los que se presentaron a la Corte Penal Suprema parisina.

¿Cómo fue el desafío profesional de sustentar esta querella?
Cuando se presenta un pedido, como cualquier pedido ante la justicia civil o penal, hay que sustentarlo. Primero teníamos el relato de la familia cuyo pariente había desaparecido. El caso se deriva de una investigación sobre la dictadura en Argentina. Se había formado en Francia una “Asociación de parientes y amigos de desaparecidos en la Argentina” y dentro de los franceses desaparecidos aparecía Jean Yves Claudet Fernández que desapareció en la Argentina, pero por el accionar de la dictadura chilena.

Dentro de la Operación Cóndor…
Exactamente. La carpeta pasó a Chile, con muchísimos antecedentes entregados por la familia y la Asociación de Argentina, que sumados a los elementos recogidos en el Plan Cóndor, lograron establecer los hechos de manera bastante precisa. Por supuesto, no se acusó a tal o cual persona que actuó directamente, porque lo que conocíamos y teníamos muy presente es que en estos casos lo que importaba era la “Cadena de Mando”: Es decir, que estos delitos fueron perpetrados por un sistema organizado por dictadura que en su cúpula era dirigida por Augusto Pinochet.

¿La justicia francesa logró actuar, tomó decisiones antes de la muerte de Pinochet?
No en su contra. El caso estaba totalmente listo para ser presentado, pero entonces salió un informe muy importante, el Informe Valech en Chile, sobre el tema de la tortura y hubo un fiscal que el momento de la investigación dijo que en uno de los casos no había pruebas de torturas. Entonces, yo hice un escrito para explicarle que la ausencia de torturas en todos estos casos hubiera sido es una excepción que ni siquiera sé si existió, pues la tortura era una práctica totalmente sistemática y que, en el caso de Claudet, había información de prensa que publicó los memorándum que se encontraron en la casa de Enrique Arancibia Clavel (un agente de la DINA que vivía en Buenos Aires). Entonces, yo le demostré que era imposible que en un caso la tortura no ocurriera y, por eso, es que el Informe Valech fue importante para dar una prueba más de que la tortura sí era una práctica sistemática. Pero esta discusión retrasó dos o tres años fue lograr elevar el caso a juicio oral pidiendo el encausamiento de Pinochet.

Y en la espera Pinochet murió…
Muere el 2006 y el juicio se abrió en Francia a principios de diciembre de 2010. Pasaron cuatro años, pero en el intervalo, estuvo todo el trabajo de preparar el juicio ante la Corte Penal de París y que implicó convocar a todos los testigos que antes habían testificado ante el juez de instrucción. Hubo que mandar algo como cincuenta (convocatorias) y la primera orden de captura de los imputados .Eso duró casi dos años.

¿Y esos recursos? ¿El Estado francés puso recursos para que fueran a declarar?
-Sí. Es un juicio que la justicia francesa asumió en toda su magnitud y convocaron a todo el mundo, pagando los billetes de avión y asumiendo todos los gastos que fue necesario.

¿Qué resultado tuvo ese juicio oral, se logró condenar?
-Fueron condenados, entre otros, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Luis Ramírez Pineda, Basclay Zapata Reyes, Gerardo Godoy García, Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Rafael Ahumada Valderrama, a penas que iban desde cadena perpetua a diez años de presidio Hubo un solo sobreseimiento respecto de un general responsable de la aplicación del Plan Cóndor, pero se determinó que no había pruebas para decidir si estaba implicado directa o indirectamente en estas desapariciones.

¿Y, en estas condenas hubo condenas a civiles también?
-Una sola, la condena de Emilio Sandoval Poo por el caso del ex sacerdote Etienne Pesle de Menil. Sandoval Poo que todavía vive, todavía goza de todos sus derechos y bienes materiales, se juzgó que él tenía una implicación en la desaparición de Pesle, en la provincia de Temuco. El otro civil condenado fue Arancibia Clavel.

Pero él falleció
-Sí, sí, lo asesinaron.

¿Pero, en el caso de este señor no se ha pedido extradición?
-Sí, después, en la segunda etapa pedimos la extradición de todos. Ellos tenían la oportunidad de mandar a un abogado aún si no se presentaban, pero no usaron esa posibilidad.

¿Nadie?
-Nadie. Una vez un abogado se comunicó conmigo y me dijo que a lo mejor tratarían de presentar una defensa, pero eso no prosperó. Pero, en cuanto a las peticiones de extradición, la respuesta de Chile siempre fue la misma: que los imputados estaban detenidos por otras causas, o por los mismos hechos, en Chile y por lo tanto, las solicitudes se rechazaron.

Pero en el caso de este civil, ¿él está o no encarcelado?
– No, Sandoval Poo no. Entiendo que se abrió una causa en su contra en Chile, pero desconozco su resultado.

Pero de todas maneras se negó la extradición
-Así es.

Como abogada y después de todo el trabajo que tenías, me imagino, para llevar adelante estas instrucciones y estas investigaciones, ¿Te causó frustración que, tal vez, llegaran demasiado tarde, después de la muerte de Pinochet y de otros imputados?
-Por supuesto. La primera cosa que yo lamentaba es que la justicia chilena no hubiera condenado los hechos criminales cometidos en su propio territorio, como correspondía, de modo más completo, idealista si se quiere. Lo mismo pasa en Francia. En el tribunal francés, si uno espera que las condenas dictadas se ejecuten, puede pensar que lo ocurrido es bastante decepcionante. Hay solo dos países solamente que juzgaron a Chile: Italia y Francia. Alemania -aunque también reconoce la jurisdicción pasiva- no permite juzgar “por contumacia”, es decir, sin que los imputados estén presentes en el juicio. Los dos países que podían juzgar con contumacia eran Italia y Francia. Entonces hemos podido llegar a ese resultado a entregar una decisión que, por supuesto, no fue la ideal, pero que marca una jurisprudencia que se analiza y que marca un antes y después, en la trayectoria de la justicia mundial. Fue una frustrante no poder ejecutar las condenas, pero dictarlas fue un gran éxito. Yo me acuerdo en la sala de audiencia cuando se pronunciaron las decisiones, todas las familias y profesionales lo consideraron una victoria.

¿Fue reparador para las familias?
Para las familias no importaba qué justicia hablara. Para ellas fue un proceso largo y complejo de doce años. Después de horas y horas de alegatos, para las familias fue una victoria. Sintieron que se les reconocía en tanto víctimas. Muchas veces existen solo los culpables y las víctimas no se reconocen. Ese fue un elemento bastante importante y decisivo. Igual había frustración, pero lo que predominó en ese momento en la sala de audiencias fue la alegría, la conciencia de haber logrado algo excepcional.

Y en términos de futuro, ¿esta sentencia qué implica para la causa de los derechos humanos universales?
-Implica que los dictadores saben que si destruyen, doblegan o no respetan la justicia de su propio país, tienen claro que existe otra justicia que está vigilando, y que puede asumir el papel que su propia justicia no asume. Entonces, fue una decisión que establece una vigilancia de cierta manera. No hay que olvidarse que la primera decisión que se entregó de ese tipo fue con Juan Alfredo Ortíz (caso argentino), que precisamente sirvió de fundamento para que la justicia española abriera en el año 1996 una investigación, por el accionar de las dictaduras chilena y argentina y que permitió dictar la orden de captura contra Pinochet. Bueno, pero como después España no puede juzgar por contumacia, salvo si había alguien en el banquillo, ese caso tampoco pudo prosperar respecto de Chile.