Las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados informaron hoy que presentarán una acusación constitucional en contra de los tres ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema que otorgaron la libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad.

El diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, señaló a los periodistas que la acusación irá dirigida en contra de los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama, quienes votaron a favor de dejar en libertad a los siete reos que purgaban condena en el recinto penal de Punta Peuco.

Durante esta jornada, los legisladores de la cámara baja exhibieron en sus escritorios grandes fotografías de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, como protesta por la decisión de la Corte Suprema que originó la protesta formal de las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura.

Asimismo, los diputados solicitaron formalmente al Senado reformar la comisión mixta para resolver las discrepancias en el proyecto que impedía la libertad condicional a los presos de Punta Peuco, instancia que no ha estudiado la materia en un año y medio.

En opinión de Naranjo, los jueces han pasado a llevar diversas normas internacionales, principalmente el Estatuto de Roma.

“Tenemos a juristas estudiando una posible acusación constitucional porque en esto hay elementos más que suficientes para acusarlos por notable abandono de deberes”, aseguró el diputado socialista.

Los primeros cinco beneficiados con el fallo del pasado martes son Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, condenados por torturas, secuestros y homicidios en diversos juicios por crímenes de lesa humanidad.

Este miércoles, la Corte Suprema ordenó la excarcelación de Emilio de la Mahotiere, condenado como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte, y de Moisés Retamal Bustos, condenado a seis años de cárcel por el secuestro calificado (desaparición) de tres ciudadanos uruguayos en 1973.

Respecto de la decisión de los diputados, el ministro de Interior, Andrés Chadwick, aseguró hoy que sería “imprudente” una decisión de este tipo.

“Creo que sería profundamente inconveniente, porque una resolución judicial me parece bien o me parece mal por sus contenidos de fondo, pueda ser objeto de una acusación o acción contra los magistrados”, añadió Chadwick.

En tanto, la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile rechazó los beneficios para criminales condenados por delitos de lesa humanidad.

En un documento de la entidad se denuncia la existencia de discursos minoritarios que justifican, relativizan y niegan estos crímenes.

Condena, además, la entrega de beneficios carcelarios a criminales que hasta el día de hoy se han negado a entregar información para conocer el destino de quienes fueron secuestrados, asesinados y hechos desaparecer por el terrorismo de Estado.

“Esto no sólo tiene que ver con que no se castigan adecuadamente los crímenes sucedidos, sino que se abre la puerta a que sin una sanción adecuada, se instale una sensación de impunidad que puede producir que estos hechos se repitan, poniendo en cuestión el compromiso del Estado con el nunca más”, señaló Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos del plantel.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.