Sentada así, en la terraza de un café que nunca había visitado –pero que queda frente a su departamento-, Catina Randolph podría parecer una cliente más, con una vida normal. Madre de cinco, abuela de dos, luce sobre sus hombros un manto de lana y el cabello levemente ondulado hacia las puntas. Pero cuando comienza a relatar la historia de su hermano, que es también la suya, rompe cualquier estereotipo.

—Hace 33 años, desperté con un llamado telefónico de medianoche. “A tu hermano lo mataron”, me dijo mi padre.

La historia de la familia Randolph Segovia de Concepción podría partir de muchas maneras. Esta es una: La madrugada del 26 de mayo del año 1985, el hijo menor del clan, José Rigoberto Randolph Segovia, desapareció en extrañas circunstancias de la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción, y luego apareció muerto –y con una nota de suicidio- en los roqueríos de Talcahuano.

El padre del joven, escéptico de la versión oficial, solicitó que se abriera una causa por homicidio y culpó de su muerte, públicamente, a los oficiales que custodiaban a su hijo, en plena dictadura. El proceso estuvo marcado por las falsificaciones de partes policiales, amenazas de muerte a testigos e, incluso, secuestros exprés. El caso, uno de los más emblemáticos de la Región del Biobío, se cerró sin culpables.

O podría partir así: El año 2009, y tras una insistente lectura de un libro con recortes de prensa que su padre coleccionó por años, Catina se dio cuenta de que debía hacer algo. Llegó sola a tribunales para reabrir el caso, insistió a abogados y jueces e increpó cara a cara a quienes, presumía, habían asesinado a su hermano.

En el camino destapó historias, se sancionaron culpables, obtuvo respuestas. Lo que Catina aún no tiene, casi 33 años después de la muerte de su hermano, es un final.

Desaparición, secuestros y amenazas

Enrique Randolph y Rosa Segovia se casaron en Antofagasta en la década de 1960. Allí, tuvieron a sus tres hijos: Catina, la mayor; José y Fabiola, la menor.

Por el trabajo de Enrique en la empresa de tecnología Phillips, la familia se trasladó a Santiago y luego, en 1975, a Concepción.

—Nuestro núcleo familiar siempre fue acomodado. Sin grandes lujos, pero teníamos un buen pasar—, recuerda Catina.

Al salir del colegio, ella enfiló nuevamente a Antofagasta para seguir sus estudios. Pocos años después, en 1985, Enrique sería nuevamente trasladado –esta vez a Iquique- y el único miembro del clan que permaneció en el VIII Región fue José, quien había entrado a Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad de Concepción.

Catina estaba casada y esperaba a su cuarto hijo cuando la despertó una llamada telefónica de su padre: “A tu hermano lo mataron”. En Santiago, donde vivía, la mayor de los hermanos intentó procesar la información. “¿Cómo que lo mataron?”, se preguntaba.

La historia, según estableció el ministro en visita Carlos Aldana, ocurrió así: La noche del 26 de mayo de 1985, José Rigoberto Randolph Segovia volvía a su pensión en auto junto a un amigo desde una fiesta. En el camino que unía Talcahuano con Concepción, Randolph chocó una barrera policial frente al retén de Carabineros del Club Hípico.

Horas más tarde, fue detenido en la casa donde residía, llevado a realizarse una alcoholemia al Hospital Regional y luego, en calidad de detenido, trasladado hasta la Segunda Comisaría de Concepción.

En la madrugada del día siguiente, un pescador encontró su cuerpo sobre los roqueríos de Rocoto, una playa de la desembocadura del río Biobío, con una presunta nota suicida. “Me fui al mar, porque ya no soporté más. Otra embarrada más en mi vida”, decía un extracto de la carta.

Inmediatamente, la familia sospechó de la tesis del suicidio. “No tenía una sola costilla rota -el acantilado desde el que saltó tenía casi 100 metros- y sus muñecas tenían heridas como si hubieran sido atadas”, recuerda Catina.
Algo no calzaba. Antes de que su cuerpo fuera encontrado, José había sido declarado “fugitivo”. La versión de Carabineros era que el universitario se había fugado del retén, y que luego habría cometido suicidio. “Eso ya era raro, pero encima la policía elaboró dos partes: uno decía que se había fugado del Hospital durante la alcoholemia, y en el otro, que había escapado del retén. Por lógica, uno de los dos partes mentía”, sentencia Catina.

Los Randolph Segovia contrataron un abogado. El caso ya ocupaba las portadas de los diarios regionales y el ministro en visita José Martínez Gaensly desarrollaba las primeras diligencias.

En un comienzo, el caso avanzó con una velocidad inusitada. En pocos días, se cambió el rótulo de la causa de “suicidio” a “homicidio”, y la Justicia Militar procesó a dos jóvenes oficiales por “adulteración de un parte policial e incumplimiento de deberes militares”. Se trataba de Mauricio Vera y Jaime Barría, dos de los carabineros que estaban de turno cuando José cayó detenido.

Pero, al mismo tiempo, algunas cosas se comenzaron a complicar. El abogado de los Randolph recibió amenazas de muerte –terminaría dejando el caso-; la esposa del actuario del ministro Martínez fue secuestrada –los captores le hicieron una marca en su pecho- y otros testigos de la causa también sufrieron represalias.

A pesar de las dificultades, los Randolph vieron con optimismo algunos avances. Las autopsias a José habían demostrado que su muerte había sido provocada por la “acción de terceros”, y se comprobó la existencia de un “testigo falso”, presentado por Carabineros.

— Tengo la convicción de que mi hijo no se suicidó— declaraba un enfático Enrique Randolph a los medios. —Hasta el último aliento que me quede de vida voy a emplearlo para que la justicia establezca y sancione a los culpables—.

Pero luego vino el segundo secuestro a la esposa del actuario de Martínez. Esta vez, dejaron una marca en su frente y un mensaje para el ministro: “El próximo será usted”.

Así, en enero de 1986, los sospechosos fueron sobreseídos. La muerte de José quedó sin culpables.

Catina, su libro, sus luchas

El cierre del caso dejó secuelas visibles en la familia Randolph Segovia. Agobiado por una depresión, Enrique renunció a la Phillips y se trasladó junto a su familia a La Serena. En 1990, se suicidó.

Rosa, su esposa y madre del joven, haría lo mismo tres años después.

—A pesar de lo doloroso, pienso que ambos tuvieron una frialdad y una valentía increíbles. En el fondo, consideraron que su vida había dejado de ser vivible—, resume Catina, sentada en la terraza de un café en Providencia.

Luego de los funerales, Catina se llevó un grueso cuaderno que su padre había elaborado con los recortes de prensa que hablaban de José. Sobre la tapa de cuero café, Enrique había mandado a grabar en letras plateadas el apelativo favorito de su hijo: “PEPE”.

Entre los recortes se contaban entrevistas a ministros, carabineros y autoridades. Además de valiosa información del caso sobreseído.

— Fue pasando el tiempo y, leyendo ese libro, empecé a sacar nombres, a anotar datos. En un minuto sentí que, a través del libro, estaba mi papá hablándome. Me decía: “Hija, ahí está todo. Haz lo que yo no pude”—, dice.

En 2009 Catina tomó una decisión: tenía que hacer algo. “Empecé a hacer cosas insólitas. Por ejemplo, con el nombre de estos dos subtenientes, fui a la Dirección General de Carabineros para saber dónde estaban. Me conseguí el número de uno y lo llamé. Me leí entera la Ley de Transparencia incluso antes de que fuera promulgada, y llegué a reunirme con la Javiera Blanco cuando era subsecretaria de Carabineros”, cuenta.

Por falta de nuevos testigos, muchos abogados se negaron a atender el caso. Catina sólo tuvo respuesta de la Corporación de Asistencia Judicial de Concepción, la que se comprometió a ayudarla.

“Usando el libro de mi padre, redacté prácticamente sola la carta de reapertura”, cuenta. Parte de su argumento se basaba en una de las frases que Vera Cortesi –uno de los carabineros inculpados previamente por la muerte de José- había declarado a la prensa en 1985: “Este no es el momento. Algún día hablaremos”.

Antes de enviar la carta de solicitud, Catina visitó al ministro Carlos Aldana, quien aún lleva todas las causas relacionadas con violaciones a los Derechos Humanos en Concepción. “Fui a la Corte con mi libro -el que dejó mi papá- y subí. Entré a la oficina y el actuario me frenó. ‘Pero ¿cómo llegó hasta acá?’”. El ministro Aldana, que estaba en su escritorio, le dijo que pasara.

—Le echó una hojeada a mi libro, y me dijo: “No le puedo prometer nada, pero veré en qué la puedo ayudar”. Ese fue mi primer gran paso. Al año, se reabrió el caso—, rememora.

“Eso para mí fue un milagro. Imagínate: sola, prácticamente sin abogados, buscando reabrir un caso sobreseído”, dice.

En 2010, Aldana sorprendió a Catina con otra noticia: harían una reconstitución de escena. Junto a su hermana menor, llegaron hasta Rocoto -donde supuestamente se había suicidado su hermano- para presenciar la diligencia.

“Parecía una película, estaba lleno de PDI y Carabineros”, recuerda.

Allí Catina divisó a un hombre alto, bien vestido, usando lentes oscuros. Era Mauricio Vera.

—Pude haberlo empujado, escupido, haberle sacado un arma, pero lo encaré, y le pregunté si sabía quién era yo y qué había pasado con mi familia. “Sí”, me dijo, “lo sé todo”—, recuerda Catina.

“¿Tus hijos saben esto?”, le preguntó. “No”, le respondió. “Se enteraron ayer”. Catina recuerda que Vera le preguntó por la edad que tenía su hermano el día de su muerte. “Yo le respondí que tenía 24. Me dijo que en ese momento él tenía 23. Es decir, que el policía era menor que mi hermano en ese momento. Se le cayeron algunas lágrimas”, recuerda Catina.

Luego de la reconstitución, el ministro dejó detenidos a Vera y a Barría. “Hay contradicción en las versiones entregadas en los distintos careos”, explicó Aldana en esa oportunidad.

“Porque mi coronel lo mandó”

El 19 de agosto de 2016, a más de tres décadas de la muerte de José, el ministro en visita Carlos Aldana dictó sentencia. Vera Cortesi y Barría Sánchez fueron hallados culpables como coautores del homicidio de José Rigoberto Randolph Segovia y condenados a tres años y un día de presidio remitido.

Aldana consideró que los excarabineros reunían los requisitos para cumplir dicha pena en libertad vigilada. Además, condenó al Fisco a indemnizar monetariamente a las hermanas Randolph –las únicas sobrevivientes de la familia- por el daño moral sufrido.

Para Catina, sin embargo, el caso estaba lejos de cerrarse. Casi inmediatamente, junto a los abogados Rafael Poblete y David Vargas, apeló a la sentencia. No le satisfacía la condena en libertad. Además, consideró que el fallo de Aldana dejaba varias interrogantes sin responder. ¿Dónde y en qué circunstancias murió José? ¿Cómo fueron sus últimas horas? La familia espera que este mes la Corte de Apelaciones de Concepción se pronuncie sobre la solicitud de revisión de la condena.

El informe Comments on human rights and internal Carabinero reforms de la CIA, desclasificado en 2002, se refiere al caso de José Randolph. “Los hechos nos dicen que Randolph escapó de la custodia, fue recapturado, maltratado, y murió en la estación policial. Luego, vino el torpe intento de encubrir el crimen”.

— Para definitivamente cerrar esto: saber por qué lo mataron. ¿Por qué se ensañaron con él? ¿Por qué lo hicieron escribir esa carta, agónico? —, dice.

Durante la conversación que mantuvieron en 2010, Catina le contó Vera una de sus teorías. “Te voy a decir lo que creo que pasó”, le dijo: “A ustedes se les pasó la mano, se mandaron el numerito del año y tuvieron que intentar tapar el hoyo”. Vera no le contestó.

Esa tarde, Catina intentó una vez más romper el silencio del excarabinero.

— ¿Por qué alteraron los partes policiales? —, le interpeló.

Hoy, abrazada al libro de cuero que cuenta la historia de su hermano, Catina abre los ojos antes de citar la respuesta que oyó esa tarde.

“Porque mi coronel me lo mandó”.