Por:

-Camila Rojas, Diputada Izquierda Autónoma.
-Haydee Oberreuter, Dirigenta de Derechos Humanos.
-Valentina Saavedra, Secretaria Gral. Izquierda Autónoma.
-Articulación de Derechos Humanos Izquierda Autónoma.

En los últimos días, la sala penal de la Corte Suprema decidió otorgar la libertad condicional a 6 presos del penal Punta Peuco, pasando por encima de las conclusiones de la comisión a cargo de estos procesos que las había negado en virtud de incumplimiento de condiciones básicas para dicha concesión. Esto implica un avance de la impunidad en Chile, revictimiza todavía más a familiares y sobrevivientes, además de enviar una señal nefasta para la sociedad en general.

Esta forma de perpetuar y aumentar la impunidad debe comprenderse como resultado de la inacción e insuficiencia de los gobiernos previos respecto a la agenda política y legislativa en materia de derechos humanos. Haciendo eco de las palabras de Manuel Guerrero, se hace necesaria la crítica al gobierno precedente, que pudiendo haber avanzado en esta materia, no lo hizo, incluso respecto a objetivos establecidos y prometidos en su programa de gobierno. Es
más, la improvisación observada en sus últimos meses del gobierno de la Nueva Mayoría, no sólo dejó en un peor pie a la defensa de los derechos humanos en Chile, sino que también evidenció la inexistencia de voluntad política en los actores de la transición para emprender realmente dicha defensa.

Durante largos años de la pasada administración se ignoró a las organizaciones de derechos humanos, específicamente a sobrevivientes y familiares que no sólo estuvieron movilizados durante el gobierno de Michelle Bachelet, sino que lo han estado desde hace décadas, y han sido los principales motores para todos los avances que han existido en esta materia durante el último tiempo. En ese sentido, resulta paradójico que el Supremazo preceda al nombramiento
de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de Derechos Humanos, pues los pendientes en ese tema durante su gobierno fueron innegables.

La oposición en su conjunto, e incluso una parte del oficialismo, ha manifestado un disgusto frente a este fallo en particular, y mientras se hace lo posible por frenar el retroceso causado por la Corte, surge hoy la necesidad de avanzar en corregir las causas de la situación actual, esto es, impulsando los cambios políticos y legales postergados para encontrar verdad y justicia. Lo que está en juego es el carácter y los principios éticos de nuestra democracia.

En este escenario los anuncios del gobierno realizados por el Ministro Hernán Larraín, durante la interpelación hecha en el Congreso el mes de Junio, se transforman en un futuro campo de disputa. Señaló en esa oportunidad que el gobierno estaba dispuesto a empujar aquellas demandas históricas de los ex-presos políticos y sobrevivientes que las anteriores administraciones se rehusaron a escuchar. Llama la atención que incluso incorporó en su discurso demandas largamente ignorados del mundo de los ex-presos políticos como el mejoramiento del sistema de atención de salud PRAIS, la creación de una comisión calificadora permanente de víctimas de violaciones a los derechos humanos o el avance en la liberación de archivos e información actualmente secreta y que contribuiría a poder lograr justicia.

No obstante, las señales son evidentemente contradictorias; el gobierno debe probar sus credenciales democráticas y tomar una posición coherente. Tiene frente a sí, la posibilidad de reafirmar un rumbo a favor de la impunidad con acciones como el indulto de criminales de lesa humanidad -por ejemplo René Cardemil hace unas semanas-, o probar que comprende y acata su propio discurso oficial estableciendo una agenda que recoja las demandas de las
organizaciones de derechos humanos para materializar el avance y cumplimiento de los mencionados anuncios. Es evidente que, por introducir dichas prioridades en la discusión nacional sobre el tema, este es un asunto que ya no pertenece exclusivamente a la Subsecretaría de DD.HH. y cuyo diálogo con las organizaciones debe encabezar el ministro Larraín, situación que los mismos ex-presos políticos han solicitado en lo que va de gobierno.

En esta coyuntura debe ser entendida como la sacudida que nos muestra lo desesperado de la situación general. En definitiva, la impunidad siempre restringe el ejercicio democrático, en la medida que envía como señal a sus integrantes movilizados y políticamente activos, que el terrorismo de Estado es un horizonte posible si se buscan mover los límites de lo actual más de lo debido, y que quienes cometan graves crímenes contra la sociedad, accederán a indulgencias y beneficios.

De no avanzar decididamente, existe seriamente la posibilidad de entregar a las generaciones venideras un país socavado en sus principios éticos fundamentales para una democracia funcional, además de poner hoy en entredicho el derecho a la participación política en el Chile actual. La lucha por combatir la impunidad es por lo mismo fundamental y esto implica respaldar y escuchar a las organizaciones que han debido soportar décadas de intentos por silenciar u omitir deliberadamente sus demandas. Todas ellas son y serán pieza fundamental para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática.